Se trata de una serie de partidas que prácticamente no tienen controles ni supervisión, con una masa de recursos equivalente al 2% del PBI. Muchas de estas cajas esconden privilegios, regímenes especiales y subsidios discrecionales.

Uno de los ataques más fuertes a la Ley Bases en el Congreso se debió a la intervención de los llamados “fondos fiduciarios” del Gobierno nacional, fondos que se administran con un nivel de discrecionalidad casi absoluto.

Las cajas negras de la política argentina administran cerca de 2 puntos del PBI, una masa de recursos que asciende a los $1,5 billones de pesos por año. Lo que es lo mismo, cada año se gastan entre US$ 8.000 y US$ 10.000 millones en partidas que no están sometidas al debido control y fiscalización del Estado, sino que son recursos “garantizados” con ejecución automática.

Para los 29 fondos fiduciarios que actualmente tienen vigencia, se desconoce completamente qué empresas contratan para llevar a cabo sus tareas específicas, o bajo qué criterios se contrató a una y no a otras. Se desconoce cómo fueron colocadas las partidas y por qué razones, y tampoco existe ninguna evaluación de impacto de las políticas ejecutadas (no se sabe si funcionaron o no, y en cuyo caso en qué grado funcionaron).

Todos estos problemas fueron advertidos en reiteradas oportunidades por la propia Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, aunque todos sus pedidos fueron desatendidos durante años.

La oscuridad detrás de estos procesos presupuestarios le abre las puertas a la corrupción enquistada en el aparato burocrático estatal, e impide una correcta asignación de los recursos públicos.

La Ley Bases dotaba al Poder Ejecutivo de mayores facilidades para intervenir estos fondos, y eventualmente reducir total o parcialmente los recursos que administran. Así estaba reconocido dentro del inciso “h” del artículo 4° en el proyecto de ley.

Se incluía un amplio proceso de auditoría para trazar un orden de prioridades en cada uno de los fondos, eliminado cualquier tipo de gasto superfluo y cualquier indicio de corrupción política. También se permitiría la posibilidad de unificar y simplificar fondos

Algunas de estas cajas políticas se encuentran bajo la órbita del Banco Nación, mientras que otras son gestionadas por el BICE y el Banco Hipotecario, entre otros organismos.

Muchos diputados que responden a intereses sectoriales se negaron a acompañar el proyecto por su intervención de los fondos fiduciarios. Estos recursos financian, entre otras cosas, regímenes especiales de promoción (todos arbitrarios), subsidios, y tratamientos diferenciales para ciertas empresas.