Gracias a Milei, dos contratistas se retiraron y un astillero evalúa cancelar su contrato con Sea Lion

La presión diplomática, legal y económica de la Argentina está generando serias consecuencias operativas para el proyecto británico en las Malvinas.
- 🌐 El Gobierno de Milei intensifica la ofensiva contra la explotación británica de hidrocarburos en Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas.
- 🚫 Dos contratistas (una inglesa y otra israelí) abandonaron el proyecto por miedo a sanciones y posibles acciones legales de Argentina.
- ⚓ El astillero Seatrium de Singapur evalúa cancelar el contrato para modernizar el buque Aoka Mizu, clave para las operaciones.
- 📉 Rockhopper Exploration reportó la retirada de dos contratistas y mostró caídas en bolsa: 1,2% en Londres; Navitas Petroleum cayó 6,59% en Tel Aviv.
- 🇦🇷 La Cancillería celebra avances de la estrategia diplomática, legal, económica y regulatoria para frenar la explotación británica.
- 💼 Las medidas vigentes ya generan consecuencias financieras y operativas para las compañías, incluso antes de la decisión del TIDM.
- 🧰 La estrategia se apoya en sanciones que impiden operar en Argentina y exponen a proveedores de servicios a posibles acciones penales.
- 💰 El objetivo es elevar los costos comerciales y jurídicos de participar en hidrocarburos bajo licencias otorgadas unilateralmente por el Reino Unido.
- 🏛️ El gobierno impulsa la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para ampliar herramientas legales y endurecer sanciones.
- 📅 El 28 de noviembre el Tribunal Internacional del Derecho del Mar decidirá sobre las medidas cautelares solicitadas por Argentina para frenar Sea Lion.
La ofensiva del Gobierno de Javier Milei contra la explotación ilegal británica de hidrocarburos en las Islas Malvinas está provocando serias dificultades para el proyecto petrolero Sea Lion.
En los últimos días, dos contratistas se apartaron de la iniciativa ante el temor a las sanciones y posibles consecuencias legales impulsadas por la Argentina, mientras que un astillero de Singapur analiza cancelar un acuerdo estratégico para la operación.
La Cancillería argentina celebró este sábado los avances de la estrategia diplomática, legal, económica y regulatoria del Gobierno de Milei destinada a frenar la explotación británica de recursos naturales en el yacimiento, ubicado al norte de las Malvinas.
Según el comunicado oficial, las medidas ya vigentes están generando consecuencias financieras y operativas para las compañías involucradas, incluso antes de que se conozca la decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM).
Uno de los principales efectos se conoció a través de Rockhopper Exploration. La petrolera británica reconoció ante la Bolsa de Londres que dos contratistas, una empresa inglesa y otra israelí, desistieron de participar en el proyecto.
La decisión está vinculada con el riesgo de enfrentar conflictos comerciales y legales con Argentina por trabajar en la explotación ilegal.
A esas salidas se sumó otro movimiento que complica el desarrollo de Sea Lion. El astillero singapurense Seatrium evalúa cancelar el contrato para modernizar el buque Aoka Mizu, una unidad fundamental para las tareas de extracción y almacenamiento de petróleo.
La Cancillería destacó que las consecuencias también se reflejaron en los mercados financieros. De acuerdo con el comunicado, al cierre de la semana las acciones de Rockhopper Exploration registraron una caída del 1,2% en la Bolsa de Londres, mientras que los papeles de su socia Navitas Petroleum retrocedieron un 6,59% en Tel Aviv.
La estrategia oficial se apoya en las sanciones que impiden operar en el país a las compañías involucradas y que también exponen a posibles acciones penales a las empresas proveedoras de la cadena de servicios.
De esta manera, el Gobierno de Milei busca elevar los costos comerciales y jurídicos de participar en la explotación de hidrocarburos bajo licencias otorgadas unilateralmente por el Reino Unido.
En paralelo, la administración libertaria impulsa el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que apunta a ampliar las herramientas legales y endurecer las sanciones contra las compañías que intervengan en actividades de este tipo.
Además, el próximo 28 de noviembre será otra fecha clave para el conflicto. Ese día, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar deberá pronunciarse sobre las medidas cautelares solicitadas por la Argentina para frenar el proyecto británico.

