Esta acción representa únicamente el primer paso dentro de una estrategia más extensa para mejorar la gestión de recursos. Durante los próximos 12 meses, se prevé la eliminación de otros 106 contratos de alquiler adicionales.

La administración de Javier Milei, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), ha llevado a cabo una notable reducción en los contratos de alquiler de oficinas utilizadas por diversos ministerios en todo el país. Esta acción es parte de una política destinada a mejorar la eficiencia y optimización en la gestión de los recursos públicos.

La entidad, que opera bajo el Ministerio del Interior, dirigido por Guillermo Francos, ha anunciado la cancelación de 71 contratos de alquiler a nivel nacional, lo que implica un ahorro mensual de 191.518.251 pesos y un ahorro anual de 2.298.218.220 pesos.

Se detalló que los contratos cancelados corresponden a 23 delegaciones en la provincia de Buenos Aires y siete en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), así como arrendamientos en otras provincias, entre ellas Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

Las oficinas que se cerraron albergaban más de 3.500 empleados estatales en diversas dependencias, incluyendo la Secretaría de Turismo y Deporte, la Superintendencia de Servicios de Salud, la Secretaría de Industria y Desarrollo, ANSES, AFIP, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), INADI, ENARGAS, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), Migraciones, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Policía Federal Argentina y ENACOM, entre otros.

En la mayoría de los casos, los empleados han sido trasladados a oficinas y edificios de propiedad del Estado Nacional. El titular de la AABE, Nicolás Pakgojz, ha señalado que esta medida representa solo el primer paso de una estrategia más amplia para la optimización de recursos.

Durante los próximos 12 meses, se prevé la eliminación de otros 106 contratos de alquiler adicionales, siguiendo las directrices establecidas para continuar con esta política de austeridad y eficiencia en la gestión de los recursos estatales.

De acuerdo con la información proporcionada por el equipo del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, todos los contratos de alquiler que se han rescindido fueron contratados durante la administración kirchnerista de Alberto Fernández, específicamente entre 2021 y 2023.

En el mismo sentido, el Ministerio de Seguridad comunicó que, eliminando los intermediarios y los sobrecostos evidenciados en el denominado “escándalo de los seguros” —con la utilización de comisionistas en las pólizas financiadas por el Estado— se logró reducir en 1.900 millones de pesos anuales el costo del contrato de la ART que cubre a más de 100 mil agentes de las fuerzas de seguridad. Estos agentes pertenecen a la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal.

El contrato de seguro de riesgos de trabajo es uno de los que más peso tiene en el presupuesto, especialmente en una actividad como la que realizan los uniformados. Este contrato había sido sometido a revisión a finales del año pasado cuando comenzaron a descubrirse las maniobras fraudulentas que terminaron en una causa judicial que involucra al ex presidente Alberto Fernández, ex funcionarios kirchneristas y empresarios vinculados al ex jefe de Estado.

El organismo dirigido por Patricia Bullrich explicó que, tras la negociación de los contratos, se adjudicaron con mejoras en sus precios y sin intermediarios, en colaboración con la compañía Provincia ART. Aclararon que se logró una importante reducción en todas las alícuotas, generando un ahorro anual de 1.931 millones de pesos. Este resultado se alcanzó mediante una disminución en la tasa de siniestralidad y ajustes en diversos costos administrativos y de gestión.

El contrato de la ART abarca una masa salarial de aproximadamente 110 mil millones de pesos. Cubre los riesgos de trabajo de los 39.816 miembros de Gendarmería Nacional (con un costo mensual de 50 millones de pesos); los 33.814 efectivos de la Policía Federal (con un costo de 30 millones de pesos al mes); los 21.030 integrantes de Prefectura Naval (25 millones de pesos); los 15.977 agentes del Servicio Penitenciario Federal (unos 15 millones de pesos); y los 5.743 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (13 millones de pesos al mes), según la información disponible.