Silvia Ibarzábal y Arturo Larrabure, cuyos padres fueron secuestrados y asesinados en los años 70 por el Ejército Revolucionario del Pueblo, se han comprometido a transmitir “la verdad completa” sobre esos eventos.

El gobierno de Javier Milei ha dado un giro notable en su política de derechos humanos, marcando un cambio notable en la manera en que se abordan estos temas en Argentina.

Esta decisión, tomada 50 años después de los eventos que tuvieron lugar en la década del 70, representa un fuerte valor simbólico y histórico. El Ministerio de Defensa, bajo la dirección de Luis Petri, ha contratado a Silvia Ibarzábal y Arturo Larrabure, hijos de dos coroneles asesinados en los años 70 por guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en plena democracia.

Silvia Ibarzábal es hija de Jorge Ibarzábal, teniente coronel secuestrado y asesinado en 1974 tras un ataque a los cuarteles de Azul. En una entrevista, Ibarzábal relató que su padre fue ejecutado por un guerrillero mientras estaba esposado y con los ojos vendados.

Arturo Larrabure es hijo de Argentino Del Valle Larrabure, un coronel que sufrió un cautiverio brutal de 370 días en una “cárcel del pueblo” del ERP y murió en 1975 tras ser fusilado. Su caso está siendo evaluado por el Vaticano, donde podría ser declarado santo.

El caso de Argentino del Valle Larrabure es especialmente impactante. El 11 de agosto de 1974, hace casi 50 años, un grupo de guerrilleros del ERP irrumpió en las instalaciones de la Fábrica Militar de Villa María, en Córdoba. Su objetivo era apoderarse del arsenal y, en el proceso, mataron a todos los que se encontraron en su camino. Lo más grave fue que secuestraron al segundo jefe presente en el lugar. Según las crónicas periodísticas, lograron escapar con 120 fusiles FAL y municiones.

El militar argentino fue encerrado en un pequeño recinto de reducidas dimensiones, conocido como “cárcel del pueblo”, situado en la calle Garay 3254 del barrio Bella Vista, en Rosario. La "cárcel" se encontraba en un sótano (con un agujero de 1,10 metros de largo por 60 cm de ancho) que tenía una mercería en la parte superior. Larrabure permaneció 372 días bajo la custodia de sus secuestradores.

El 19 de agosto de 1975, fue asesinado y su cuerpo, envuelto en plástico, fue arrojado a una zanja en Rosario, donde fue descubierto por unos niños. A los 43 años, estaba casado con María Susana de San Martín (a quien llamaba Marisú, fallecida el 4 de septiembre de 2001 a los 69 años) y tenía dos hijos: María Susana, de 17 años, y Arturo, de 16. Actualmente, Arturo trabaja en la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, y su padre podría ser beatificado.

El otro caso es el de Jorge Ibarzábal, originario de Pehuajó, provincia de Buenos Aires, quien tenía 46 años cuando fue secuestrado. Fue ascendido post mortem al rango de coronel. En los cuarteles de Azul había dos regimientos. Su padre era jefe del Grupo de Artillería Blindado 1 y el coronel Camilo Arturo Gay, quien murió en el ataque, era el jefe del Regimiento de Caballería Blindado 10.

Silvia Ibarzábal afirmó que “la autoría intelectual del asalto fue de Roberto Santucho”, el líder del ERP. El operativo fue dirigido por Enrique Gorriarán Merlo, quien, al no lograr tomar el cuartel, se fugó. Repetiría esta acción 15 años después, durante el asalto al Regimiento de la Tablada en 1989, ya en plena democracia.

Ibarzábal y Larrabure explicaron que su labor se enfocará en transmitir “la verdad completa” y abordar temas actuales, como las condiciones de los detenidos por "crímenes de lesa humanidad" que superan los 75 años, han pasado más de 10 años sin condena firme o padecen graves problemas de salud. Ambos consideran que, en estos casos, se están vulnerando los derechos humanos.

El Ministerio de Defensa ha indicado que Ibarzábal y Larrabure trabajarán en la Dirección Nacional de Derechos Humanos y en la Dirección Nacional de Derecho Internacional Humanitario, respectivamente. Sus tareas incluirán la coordinación de programas de cooperación con organismos nacionales e internacionales, y la definición de políticas y acciones para el bienestar del personal del Ministerio, las Fuerzas Armadas y otros organismos dependientes.

También colaborarán en la formación de contenidos para las Fuerzas Armadas, transmitiendo los valores ejemplificados por sus padres, como el perdón y el amor a la patria, y abordarán los derechos humanos actuales de los militares en actividad y retirados.

Este enfoque marca un cambio con respecto a los últimos 20 años, cuando el área de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa estaba copada por kirchneristas y se centraba en el análisis de legajos de militares para ascensos (o no) y en la colaboración con la Justicia Federal en causas de lesa humanidad. Silvia Ibarzábal subrayó que su rol no incluirá estas tareas, sino que se enfocará en la capacitación y transmisión de valores universales, sin exclusiones.

Por su parte, Larrabure enfatizó que los derechos humanos no deben ser un negocio y deben aplicarse de manera universal. Subrayó que todos los presos, incluyendo aquellos condenados por crímenes de lesa humanidad, tienen derechos humanos. Argumentó que los detenidos en malas condiciones de salud o mayores de 75 años deberían tener prisión domiciliaria, resaltando que los derechos humanos deben ser para todos, incluso para los peores enemigos.