Estos proyectos abarcan la instauración de una Ley Antimafias renovada, el ampliamiento del Registro Nacional de Datos Genéticos, así como endurecimiento contra la reincidencia delictiva y ampliar la legítima defensa.

El martes, el Gobierno anunció la presentación de cuatro proyectos de ley en el Congreso Nacional dirigidos a enfrentar el crimen organizado en Argentina.

Estas iniciativas normativas abarcan una amplia gama de medidas, como una Ley Antimafias, la creación de un registro de datos genéticos actualizado, la inclusión del concepto de reincidencia delictiva y el derecho a la legítima defensa en cumplimiento del deber. Asimismo, proponen ajustes en aspectos relacionados con la unificación de penas y el concurso de delitos.

“El Gobierno Nacional considera estas medidas como fundamentales para erradicar el crimen en todas sus manifestaciones y dimensiones, y para impulsar un cambio profundo y duradero en la sociedad argentina“, resaltaron desde el Ejecutivo. Los proyectos cuentan con las firmas del presidente, Javier Milei; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; así como de los ministros de Seguridad y Justicia, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, respectivamente.

La nueva Ley Antimafias tiene como objetivo combatir las organizaciones criminales y está diseñada para ser aplicada en una variedad de delitos. En palabras de Bullrich: “Cambia de cuajo el modelo que hoy significa que vayamos agarrando hormiguita por hormiguita. Ahora vamos por el hormiguero”.

La importancia de la ley se basa en cuatro aspectos claves:

Otra de las propuestas del Gobierno, a fin de reducir el porcentaje de delitos, es el de incorporar el concepto de reiterancia.

Conforme a la normativa actual, se considera reincidente a aquel individuo con dos o más condenas que resultaron en privación efectiva de libertad. Con la inclusión del concepto de reiterancia, ya no será necesario que las condenas hayan sido cumplidas para ser considerado reincidente. En caso de dos hechos delictivos independientes, las penas se sumarán aritméticamente, alcanzando un máximo de 50 años.

El proyecto propone ampliar el alcance del actual Registro Nacional de Datos Genéticos, que está relacionado con delitos sexuales y funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia, mediante la creación del “Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con la investigación criminal“, que estaría bajo la jurisdicción del Ministerio de Seguridad de la Nación.

De esta manera, el registro se ampliaría para incluir todos los delitos, no solo aquellos cometidos por agresores sexuales. Se destaca que esta medida sería una verdadera revolución en la identificación criminal, similar a la introducida en septiembre de 1891 con la identificación dactiloscópica desarrollada por el argentino Juan Vucetich.

El Gobierno planea utilizar las huellas genéticas obtenidas en la escena del crimen para compararlas con los perfiles genéticos de sospechosos e individuos condenados, agilizando así los procesos judiciales. Además, se contempla la posibilidad de que los familiares de personas desaparecidas contribuyan voluntariamente con sus perfiles genéticos para facilitar la identificación de cuerpos o personas no identificadas.

Otro aspecto destacado del proyecto es la actualización del Código Penal en relación con el accionar de las fuerzas de seguridad en el cumplimiento del deber o en situaciones de legítima defensa. El objetivo es proporcionar un marco legal claro que permita a los agentes actuar con confianza y sin temor a represalias legales injustas, considerando que en ocasiones se han sentido cohibidos de actuar por temor a ser procesados por cualquier acción que realicen.

El proyecto busca garantizar que las fuerzas del orden puedan actuar en cumplimiento de su deber sin poner en riesgo su carrera ni su libertad. Esto es crucial para que puedan proteger la vida y la libertad de los ciudadanos. Desde esta perspectiva, se considera que la legítima defensa es un derecho fundamental que emana del derecho a la vida y a la integridad de las personas cuando se enfrentan a una situación que pone en peligro su seguridad.

Una de las propuestas del proyecto es contemplar la situación en la que una persona se defiende de un agresor que, aunque esté desarmado, pueda representar una amenaza debido a diferencias de edad, contextura física, experiencia en la pelea, o al número de agresores presentes que puedan causar daño a su integridad física o sexual.

El proyecto también amplía las disposiciones para proteger a quienes se defienden de intrusos en su hogar. Anteriormente, la legislación requería que esta situación ocurriera exclusivamente durante la noche, pero con la propuesta se extendería a cualquier momento del día. Además, no solo abarcaría la defensa contra intrusos en el hogar, sino también en cualquier lugar donde la persona tenga un derecho legítimo de permanencia, como una oficina, un comercio o un establecimiento.

Se incluyen también aclaraciones que reflejan precedentes judiciales, como el caso de alguien que se defiende de un agresor que utiliza un arma falsa con apariencia de real, o de alguien que sigue ejerciendo violencia, como disparos con un arma de fuego, mientras se aleja de la víctima.

De Kevin Frank para La Derecha Diario.