El fallido operativo de la Policía de la Ciudad para acatar el Protocolo Antipiquetes en la marcha de este 20 de diciembre vuelve a poner en tela de juicio la necesidad de que la Policía Federal intervenga en la dispersión de manifestantes que atacan el microcentro porteño.

En ocasión de la primera marcha piquetera de protesta contra el gobierno del Presidente Javier Milei, resulta de mucha utilidad repasar algunos conceptos fundantes que hacen a la siempre conflictuada noción de “orden público” en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital de la República Argentina.

No es sorpresivo que el accionar piquetero tienda a concentrarse en la Capital. Después de todo, el objetivo final de las organizaciones que marchan es condicionar al poder político a fin de obtener privilegios y beneficios para las supuestas situaciones de vulnerabilidad que revistan. Párrafo aparte merecería el destino de los fondos que mensualmente perciben de parte de los organismos del Estado Nacional, pero dejando de lado ese detalle es que nos remitimos a la cotidianidad de los trabajadores que deben transitar por las zonas afectadas por las marchas piqueteras.

En la Ciudad de Buenos Aires circulan más de diez millones de personas por día por motivos laborales. Gran parte de esta cifra, se ve obligada a transitar por el llamado “microcentro”, zona geográfica predilecta para el desarrollo de actividades económicas, y por eso también, la favorita para los piqueteros.

Durante más de veinte años la sociedad se ha acostumbrado al sometimiento que las organizaciones sociales ejercen sobre el pueblo trabajador: desde cambiar el recorrido diario, llegar más tarde al trabajo o inclusive la suspensión de la jornada laboral en días de marcha, son solo algunas de las cientos de consecuencias que las movilizaciones producen.

Sin embargo, y pese a la ilegalidad manifiesta del accionar piquetero, el poder político no había abordado la tortuosa temática por un mismo motivo que fue denominador común sin importar el color partidario del gobernante de turno: la corrección política.

Este miércoles, finalmente, el flamante Presidente Milei decidió que era hora de cortar con los intentos extorsivos. En el marco de un operativo de seguridad sin precedentes, la Gendarmería Nacional, Policía Federal, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal blindaron las calles aledañas a Plaza de Mayo, no sin previamente cerciorarse de disponer delegaciones tácticas en estaciones de tren, accesos automotores, peajes y en localidades del Gran Buenos Aires donde se desactivaron células piqueteras durante toda la noche.

El operativo de seguridad tenía como objeto impedir que los piqueteros cortasen la circulación en las principales arterias de la Ciudad de Buenos Aires y por ende permitir a todos los ciudadanos ejercer su derecho a la libertad de movimiento.

Sí bien los lineamientos generales del plan fueron ampliamente cumplidos generando un “antes y un después” en la manera que el Gobierno Federal aborda la temática de los cortes piqueteros, corresponde hacer una desafortunada observación: el limitado accionar de la policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Con el afán de estar a la altura de las circunstancias, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) ordenó un operativo paralelo presuntamente coordinado con el Comando Unificado de las Fuerzas Federales.

El Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de la Policía de la Ciudad fue el escenario donde montó su Cuartel General el Ministro de Seguridad porteño Waldo Wolff quien, desde tempranas horas de la mañana se encontraba en comunicación con Patricia Bullrich.

Durante los momentos previos al apogeo de la marcha alrededor de las 16:00 todo parecía marchar coordinadamente: las Fuerzas Federales y la Policía de la Ciudad conducían ordenadamente a los manifestantes hacia Plaza de Mayo, mayoritariamente por la vereda.

Empero, al aumentar el grosor de las columnas, los manifestantes comenzaron a tensionar la situación. En primera instancia, actuó la Policía de la Ciudad en Diagonal Sur mientras su Jefe y Viceministro de Seguridad porteño, Diego Kravetz (quien se encontraba en el teatro de operaciones), alegaba que “no necesitaban del apoyo de las Fuerzas Federales”.

Tal fue así que cuando los manifestantes decidieron avanzar sobre la Policía capitalina, no encontraron mayor resistencia y las prolijas líneas de efectivos fueron fácilmente rebasadas con empujones e insultos mediante. Por este motivo, se ordenó a la Policía Federal hacerse cargo luego de que las columnas -que ya copaban el ancho completo de la Diagonal- pasaron la estatua ecuestre del General Julio A. Roca ubicada en la intersección con la calle Perú.

Una vez restablecido el orden y conducidas las poco nutridas columnas manifestantes a Plaza de Mayo por parte de las Fuerzas Federales, los medios de comunicación pudieron averiguar que el Viceministro Kravetz había dialogado con el líder piquetero Eduardo Belliboni, autorizándolo a avanzar sobre la totalidad del ancho de las calles, produciendo indefectiblemente el corte total.

Más allá del intento de connivencia de Kravetz con Belliboni -lo cual coloca en una muy poco confortable situación al gobierno de Jorge Macri- corresponde remitir a la cuestión neurálgica de estos problemas, que es la superposición de facultades entre las Fuerzas Federales y la Policía de la Ciudad.

En 1995, un año después del otorgamiento de autonomía a la Ciudad de Buenos Aires por parte de la reformada Constitución Nacional de 1994, el Congreso de la Nación sancionaba la popularmente denominada “Ley Cafiero”, o “Ley que garantiza los intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires”.

Dicha pieza normativa impedía al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a tener una policía propia puesto que disponía que la seguridad armada fuera garantizada por la Policía Federal en el territorio de CABA mientras esta sea la Capital de la República.

Tras largos debates y pujas de poder, el Congreso modificó la Ley Cafiero en 2007, mediante la Ley 26.288 para permitirle a CABA montar su propio cuerpo policial y establecer el marco de coexistencia con la Policía Federal.

Con la fundación de la Policía de la Ciudad en 2017 luego del traspaso de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la PFA, CABA obtuvo finalmente su tan deseado brazo armado. Sin embargo, la evidencia empírica arroja que en cuanto al mantenimiento del orden público se refiere, la Policía de la Ciudad tiene importantes oportunidades de mejoras respecto de lo que fue la gestión de la PFA.

El problema principal radica en que se trata de una policía heterogénea, dado que sus miembros provienen de diferentes fuerzas y nunca se logró el aseguramiento de un criterio único de tropa y formación.

En los tiempos que se avecinan, donde la resistencia anti-democrática al cambio que necesita nuestro país puede volverse cada vez más violenta, es indispensable contar con un criterio unificado a fines de hacer frente a las amenazas y asegurar la vigencia plena del orden público y del Estado de Derecho.

La Ciudad de Buenos Aires debe estar a la altura de las circunstancias o en su defecto, quizás la alternativa sea volver a modificar la Ley Cafiero a fines de aclarar que las operaciones de establecimiento del orden sean únicamente desarrolladas por el Estado Nacional y sus Fuerzas Federales siempre que el Gobierno Nacional sea el foco de la concentración.

Sea del modo que fuere, la Argentina entró en un cambio de época irreversible. Seremos testigos de cómo cada responsable institucional se adapta a las circunstancias.