Se firmaron acuerdos por $20 mil millones que tendrán transparencia total, poniendo fin a la cartelización de los movimientos sociales.

El Ministerio de Capital Humano comenzará esta semana a licitar la compra de alimentos destinados a mitigar las demandas de la población en situación de vulnerabilidad, luego de una extensa auditoría que permitió encontrar todos los focos de corrupción que había dejado el anterior gobierno.

De esta manera, la ministra Sandra Pettovello firmó dos convenios con Naciones Unidas por $20 mil millones: uno con el proyecto PNUD ARG 20/004 y otro con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), para que participen como veedores de la compra de alimentos y agregar una capa adicional de transparencia.

De esta manera, el Gobierno de Javier Milei eliminó las “metodologías grises” que utilizaba la administración de Alberto Fernández para realizar este tipo de compras y quitó la intermediación de los dirigentes sociales y piqueteros.

El viernes, ante la Asamblea Legislativa, Javier Milei cuestionó en duros términos a la gestión del por entonces llamado Ministerio de Desarrollo Social, que controlaba Victoria Tolosa Paz: “Absorbimos funciones que realizaban en forma no auditada, sin registro y sin control, las organizaciones sociales como la entrega de alimentos. Ahora sabemos exactamente qué pasa con cada bolso de comida que se reparte”, expresó.

En la auditoría interna realizada por el nuevo gobierno, se encontraron sobreprecios de hasta un 500%, cartelización en las compras, direccionamiento hacia empresas y sociedades vinculadas al poder, y falta de trazabilidad en el destino de los alimentos que salían de los depósitos del ex Ministerio de Desarrollo Social hacia las organizaciones sociales que forman parte de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y piqueteros de izquierda. 

Según la auditoría, se encontró que el 80% de esos despachos “no fueron rendidos”, lo cual no quiere decir que no hayan llegado a destino, sino que no existe constancia a qué comedores fueron ni a cuántas personas asistieron, ni que efectivamente se hayan usado con ese fin.

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) también detectó falta de trasparencia en la distribución de los alimentos y reclamó más “controles”, algo que, según esos dictámenes, la administración anterior “no implementó”.

Es por eso que desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de Pablo de la Torre, que actúa bajo la órbita de la cartera de Capital Humano, aseguró que los procedimientos de compra son publicados ampliamente, no solo en las gacetas oficiales, sino también en los portales web del Proyecto, de amplia difusión y consulta, lo que asegura una extensa difusión y una mayor concurrencia.

Esta es una diferencia significativa a los desarrollados durante la gestión de Alberto Fernández donde, según la auditoría interna, “permitió favorecer a determinados intermediarios, adjudicándose productos a precios inflados, con el consecuente perjuicio al erario público”.

“En el gobierno anterior todo el proceso de adquisiciones estaba viciado”, opinaron desde Capital Humano. Y agregaron: “Se hacían negocios comprando mal”.