La Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina (Avira) celebró el nuevo sistema de cese laboral que incluyó el Gobierno en la Ley Bases, reglamentado en septiembre, e precisó las tres modalidades que contempla.

"Este sistema, que prevé un acuerdo sindical-empleador y un nuevo sistema que reemplaza a las indemnizaciones de antigüedad y las relacionadas con la Ley de Contrato de Trabajo, que es optativo para los empleados, prevé tres modalidades", afirmó este martes Irene Capusselli, presidente Avira, en su presentación en la Cumbre Aseguradora Argentina.

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Capusselli señaló que el primero es un sistema de cancelación individual, en el que el empleador paga lo determinado en el convenio. El segundo es un sistema de ahorro, que es el Fondo de Cese Laboral, que prevé un ahorro que se genera por aporte de los empleadores, administrado por bancos, FCI y fideicomisos financieros.

El tercero es un sistema de seguro individual o colectivo, que es el que le compete a Avira, que "prevé que mediante el acceso a un seguro el empleador puede dar cumplimiento a este nuevo sistema". 

Capusselli agregó que "cuando se habla del acceso a un seguro, se está hablando de que las compañías pueden dar un seguro de tipo indemnizatorio, de protección, pero también pueden dar un seguro que administre ahorro". 

"Actualmente, en el mercado no sólo tenemos productos de protección, sino de ahorro, que manejan situaciones muy parecidas a las que se plantean en el sistema de cese laboral, donde tenemos productos en el que un empleador que aporta es el tomador de la póliza y los empleados son los beneficiarios con cuentas totalmente individualizadas y que ya están en funcionamiento desde hace muchos años en el mercado", sostuvo.

Por otro lado, Mara Bettiol, presidente de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (Uart), aseguró que "el gran problema del sistema hoy es la litigiosidad, que no para de crecer, a pesar de que bajan los fallecimientos, bajan los accidentes y mejoran los beneficios". 

"Nos enfrentamos a la litigiosidad, que nada tiene que ver con la gestión del sistema, escapa a la gestión, es exógena al funcionamiento del sistema. No ha parado de crecer, llegando a su pico en 2017, con más de 130.000 juicios ingresados", afirmó. 

"Después, tuvo una baja por la instauración de la Ley 27.348, pero después volvió a crecer, ubicándose en más de 117.000 juicios nuevos el año pasado. Para este año, estamos previendo 124.000 nuevos juicios. Básicamente, la litigiosidad implica sobrecostos e incertidumbre para todos", resaltó Bettiol.