La propuesta de una "rebelión fiscal" en la provincia de Buenos Aires por parte del diputado nacional José Luis Espert generó eco en la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), que está bajo la dirección de Cristian Girard.

Luego de que el mismo destacará las consecuencias judiciales que sufrirán los contribuyentes que se acoplen a la iniciativa del libertario, fuentes oficiales del organismo adelantaron a El Cronista cuáles serán los siguientes pasos que tomarán y las reuniones de las últimas horas.

"A partir del llamado a rebelión fiscal se va a intensificar la acción de cobranza en el sector rural", afirmaron a este medio fuentes oficiales del organismo. En las filas provinciales entienden que no existe tal "impuestazo", ya que solo 2.000 de las 300.000 partidas van a pagar por encima de la inflación (211,4% acumulada 2023, INDEC). Las cuales tienen una valuación mínima de u$s 3 millones.

Dicha decisión se tomó luego de la intervención en la cuestión de ciertas entidades. Sobre todo, de la Sociedad Rural Argentina (SRA) con la reaparición en escena del presidente de la entidad Nicolás Pino y sus pedidos.

"La SRA alerta por la situación crítica que enfrentan los productores bonaerenses frente a la presión impositiva, a la que se suman otros factores generales como la intervención de mercados, tipos de cambio diferenciales y subas indiscriminadas", sostuvo. Y puntualizó: "La situación en la provincia de Buenos Aires es crítica y debe poner en alerta a las autoridades competentes".

El miércoles existió un intercambio entre una alta autoridad de ARBA y el presidente de la Confederación de asociaciones rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) Horacio Salaverri. "Los productores recibieron aumentos superiores a los topes y se eliminaron las bonificaciones", fue el eje de la discusión.

Según pudo reconstruir este medio, desde lado de ARBA se habría dado la garantía de que "se chequearon más de 1.500 casos y que en ninguno hubo errores de emisión". Lo que no fue suficiente para convencer a Salaverri quien solicitó una reunión con el gobernador, sobre la cual no hay certeza.

Pero hay una solución para quienes decidan se adhieran a la "rebelión fiscal": el régimen de regulación de deudas de los contribuyentes y responsables solidarios que estableció ARBA a través de la Resolución Normativa N.º 36.

Por obligaciones vencidas o devengadas desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 -inclusive- del impuesto Inmobiliario -componentes básico y complementario-; Automotores -incluyendo a vehículos automotores y embarcaciones deportivas o de recreación-, y de Ingresos Brutos; en instancia prejudicial. Junto con los intereses, accesorios y multas por infracciones relacionadas con estos conceptos.

Así, por artículo 5º, se establecieron tres formas de pago: al contado; en seis y hasta 12 cuotas mensuales iguales y consecutivas, con un interés de financiación del 7% mensual sobre el saldo; o de 15 y hasta 24 pero del 6,5%.

Y es ahí donde pone en juego la evolución de la inflación. La cual, luego de la desaceleración en niveles altos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero con 13,2% (INDEC), el Gobierno proyecta que el indicador retorne a un dígito en marzo.