A pesar de la promesa de una reforma tributaria "estructural" en 2025, el Gobierno mira la caja de ingresos: en los últimos días dio la orden de iniciar investigaciones a empresas y, posteriormente, se publicó un nuevo dictamen que prohíbe la actualización de los quebrantos.

"Estamos trabajando en una reforma tributaria, no (bajar) la recaudación, sino la cantidad de impuesto. Estamos apostando a que no haya más que seis impuestos a nivel nacional y que haya competencia entre las distintas provincias (...)", afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo en Radio Mitre.

Y es esa misma premisa de no alterar los montos de la caja o incluso aumentarlos, lo que lo llevaron al Gobierno autorizar que se comiencen investigaciones contra empresas que en el pasado actualizaron los quebrantos.

"Alguien le vendió desde el Ministerio de Economía al Gobierno que hay que salir a inspeccionar a todos los que actualizaron los quebrantos", comentó una alta fuente a El Cronista. Una propuesta que fue aceptada por la cúpula, a quienes les aseguraron que la recaudación consecuente sería abultada.

Según pudo saber este medio, con fuentes del sector privado, en los últimos días la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), bajo la nueva dirección ejecutiva de Juan Pazo, avanzó con fiscalizaciones sobre contribuyentes que actualizaron quebrantos.

"Hace dos semanas aproximadamente, la ARCA empezó a abrir fiscalizaciones a todos los contribuyentes que supo que actualizaron quebrantos", destacó otra fuente, quien probó que el fisco se anticipó a lo que iba a suceder.

"Cuando te abren una inspección se genera una nota de apertura en donde indican los impuestos que se fiscalizan y los funcionarios que pueden pedir información y después otro formulario de requerimiento en donde le piden al contribuyente", afirmó.

En ese último, solicitaron que se explique la evolución de los quebrantos, sí se actualizaron o no, con la aclaración de que conforme a la normativa vigente los quebrantos no se actualizan. "Seguramente recibieron antes el dictamen y se envalentonaron", apuntó

Recién este viernes la Dirección Nacional de Impuestos (DNI), que están la órbita de la subsecretaría de Ingresos Publico, Claudia Balestrini (funcionaria de la gestión anterior) dio a conocer el dictamen en donde no se permite la actualización de los quebrantos.

"Conforme la normativa vigente en la ley de impuesto a las Ganancias, cabe concluir que no resulta de aplicación, a los quebrantos, excepción alguna a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 93 de la ley, es decir, y salvo que medie reforma que así lo autorice, es la propia norma que no autoriza la posibilidad de actualizarlo bajo otro índice que no sea 1 (uno)", establecieron en el dictamen.

La decisión por parte del fisco fue criticada por diversos tributaristas, uno de ellos fue el socio del Departamento de Impuestos de Lisicki, Litvin & Asociados, Martín Caranta quien afirmó que el análisis que hace la DNI es sesgado.

"Afirman que por el artículo 93 de la Ley 24.073 la actualización es por uno, lo que es lo mismo que nada, y que lo que se puede ajustar son los valores amortizables, los costos computables de activos adquiridos después de la reforma fiscal de Mauricio Macri", destacó. Lo que en su lectura es falaz, porque si eso fuera así no se podría actualizar nada, ni el Mínimo No Imponible (MNI), ni las deducciones por hijo, carga de familia que sí se hacen.

"Además, la actualización de quebrantos no se relaciona con este artículo que aplica para valores amortizables y costos computables. Tiene su propio sistema y el contribuyente tiene comparar la inflación del mes cierre del ejercicio que liquidada contra la que se generó el quebranto", puntualizó.

Todos los especialistas consultados por El Cronista concuerdan en que el dictamen y los accionares del fisco responden a la necesidad de recaudación. "¿Te hacen litigar por confiscatoriedad? Parecería ser que sí. Y la confiscatoriedad está probada, van a perder, ¿Quién paga las costas por el juicio? El que pierde", deslizó otra fuente.

Así, un dictamen bajo la directriz de una funcionaria que perduró de la gestión de Alberto Fernández expone al estado frente a juicios millonarios por parte de las empresas, además de ir en contra de la premisa de buena utilización de los recursos públicos que dice caracterizarse la gestión libertaria.