El ministro de Economía, Luis Caputo busca una nueva caja a partir del cobro de impuestos viejos a las empresas. Tras la eliminación del impuesto PAIS, hubo un golpe para las arcas públicas.  Qué plantea con los quebrantos y cómo busca hacerlo.

El fin de semana se conoció la letra chica del proyecto de Ley de Compensación e Índice de Actualización de Quebrantos, que comienza a tratarse este lunes 20 de enero en las sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados.

Tal como había adelantado El Cronista, por medio del artículo 1º, se plantea que los quebrantos se actualicen por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde el mes de cierre del ejercicio fiscal en que se originaron al mes de cierre del que se liquida.

"Será de aplicación para la actualización prevista en el artículo 25 respecto de los quebrantos generados en los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1° de enero de 2025, inclusive", establecieron en el artículo 2.

Mientras que para aquellos que se generaron en ejercicio fiscales iniciados hasta el 31 de diciembre de 2024, inclusive pasibles de cómputo en ejercicios fiscales que inicien a partir del 1º de enero de 2025, se debe considerar la variación del IPC del ejercicio fiscal inmediato anterior al que se inicie a partir del 1° de enero de 2025 y el mes de cierre del ejercicio fiscal que se liquida.

"A los fines de que resulte aplicable la actualización de los quebrantos, el contribuyente debe haber presentado y cumplido con la obligación del mencionado gravamen -de acuerdo con la normativa vigente- por los períodos no prescriptos iniciados hasta el 31 de diciembre de 2024, inclusive", estipularon.

Y es por esta condición con la que Caputo busca generar una nueva caja para el 2025. Ya que para aquellos que la incumplan, se dispuso, que podrán regularizar su obligación abonando el importe de ese gravamen en hasta 36 cuotas mensuales, iguales y consecutivas. Con condonación de intereses, multas y demás sanciones, como así también extinguida la acción penal tributaria.

Pero la premisa de que la parte el Gobierno, de que los quebrantos no son actualizables, es incorrecta para los especialistas. "Más allá de lo que diga el proyecto de ley, se ajustaban por el Índice de Precios Mayoristas (IPIM)", afirmó el CEO de CDS Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez.

Así, sostuvo, lo que busca hacer el Gobierno es rectificar el reciente dictamen de la Dirección Nacional de Impuestos (DNI) como también de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de que no eran actualizables, desconociendo la Ley 27.430 de que se sancionó durante la gestión de Mauricio Macri.

Una postura con la que coincidió el socio del Departamento de Impuestos de Lisicki, Litvin & Asociados, Martín Caranta para quien por el mecanismo que actualización que se plantea tanto para atrás como adelante y la condición busca sumar ingresos.

"Plantean que los quebrantos nuevos se ajusten por la inflación minorista, con la confianza de que no va a seguir desacelerando y por ende va a tener un impacto bajo en la recaudación. Y los viejos por la del 2024, que fue la que logró controlar", destacó.

Pero la principal fuente de ingresos vendría por el "ponete al día" que plantea el Gobierno. "La condición general es que no hayas actualizado la liquidación del impuesto a las Ganancias, pero para quienes lo hicieron le dan la posibilidad de acceder a un plan de facilidades de pago", agregó.

Mariano Ghirardotti, socio de Ghirardotti & Ghirardotti, entiende que este requisito va a dejar a muchas empresas en off side frente al fisco. En caso de que el proyecto se apruebe, todos los tributaristas sostienen que deberán hacer números y ver qué les conviene hacer.

"El que aplicó la actualización y está en juicio porque ARCA le reclama el ajuste, deberá ver que le conviene: si aceptar la propuesta de la nueva ley y no proseguir o continuar reclamando por periodos anteriores que el proyecto no admite", puntualizó el contador Marcos Felice.