El debate en la Cámara de Diputados se encendió este martes por el conflicto judicial que enfrenta la Argentina en torno a la expropiación de YPF.  

El diputado del PRO, Damián Arabia, presentó una cuestión de privilegio contra el gobernador Axel Kicillof y el exministro Julio De Vido, a quienes responsabilizó por "una de las mayores estafas de la historia del país". Aseguró que la estatización se impulsó "por locura ideológica o por negocio" y recordó que solo una minoría de legisladores votó en contra en 2012.

Desde La Libertad Avanza, Santiago Pauli también cargó contra quienes avalaron la expropiación: "Fueron 208 diputados y 63 senadores los que votaron esta mala praxis. Ahora llegó la factura".

Las intervenciones generaron una fuerte respuesta de otros bloques. Pablo Juliano (UCR) pidió "cuidar YPF" y rechazó la "política del péndulo que privatiza, reestatiza y siempre empeña al pueblo argentino". Paula Oliveto de la Coalición Cívica advirtió que los discursos parlamentarios son utilizados en tribunales de Nueva York y llamó a la responsabilidad institucional.

Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal) anticipó un proyecto para ratificar el artículo 10 de la ley de expropiación, que impide la venta de acciones sin mayoría especial.  Germán Martínez (UxP) defendió la expropiación y pidió seguir con el temario, sin descuidar la defensa del Estado argentino ante la justicia internacional.

Con el respaldo de distintas fuerzas de la oposición más dura, se alcanzó en Diputados el quórum necesario con 136 legisladores en sus bancas para habilitar una sesión especial que busca poner freno a varios puntos centrales de la agenda del oficialismo.

La convocatoria fue impulsada por el bloque Democracia Para Siempre, encabezado por Pablo Juliano, junto al radical Julio Cobos y Mario Barletta (Unidos). 

El objetivo principal: forzar el debate sobre el financiamiento universitario y la emergencia del Hospital Garrahan y avanzar con la reforma de la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), iniciativas que La Libertad Avanza rechaza discutir en comisión.

En relación al régimen de DNU, el dictamen de mayoría establece que los decretos solo podrán estar vigentes por 90 días, y que deberán ser ratificados por ambas cámaras del Congreso. El texto contrasta con la ley actual -sancionada durante la gestión de Cristina Kirchner- que permite su validez con la aprobación de una sola cámara.

Además, la sesión incluye el tratamiento de los emplazamientos para discutir el aumento del presupuesto universitario -con una propuesta para llevarlo al 1% del PBI- y la declaración de emergencia para el Hospital Garrahan. Ambos expedientes están frenados en la Comisión de Presupuesto, presidida por José Luis Espert, quien rechaza toda propuesta que implique mayor gasto.

El temario también contempla proyectos de salud mental, promoción de la salud cerebral y apoyo a pymes en crisis. La estrategia opositora apunta a forzar al oficialismo a dar el debate en el recinto, luego de que en la sesión del 5 de junio el PRO y parte de la UCR dejaran sin quórum una convocatoria similar.