La oposición de la Cámara de Diputados aprobó en general con 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones un proyecto incremento para los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El presidente Javier Milei denunció que esta iniciativa atentan contra el déficit fiscal y el Gobierno ya anticipó que lo vetará, de prosperar en el Senado: ¿está el tercio para sostenerlo? La clave está en los 29 ausentes.

Luego de ocho horas de debate, con trabas reglamentarias de por medio sobre la comisión investigadora del LIBRA, del cúmulo de dictámenes que resolvieron que el aumento del bono congelado de $70.000 que estableció el Ejecutivo en marzo del 2024 sea de $110.000, con una actualización por IPC. 

Esto fue votado junto a un incremento excepcional del 7,2% que corresponde al empalme de enero del 2024; se trata de una nueva versión del famoso 8,1% que vetó el Presidente el año pasado, solo que cambió el porcentaje tras un nuevo relavamiento estadístico (el 8,1 de ese entonces tuvo error de cálculo, según explicaron los diputados). A su vez, fijan con fuerza de ley la ratificación de la movilidad jubilatoria por actualización por IPC, que hasta ahora está dispuesta solo por DNU.

Según los autores opositores, el proyecto representa un costo del 0,55% del PBI. El capítulo de financiamiento, a su vez, contempla que para esto se le ajuste el presupuesto de los $32.616 millones a los fondos de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), se elimine la excepción al IVA que tienen los directores de empresas, la eliminación de sobrecargos a intereses del empréstito con Monetario Internacional (FMI) en el octubre del 2024 y la nacionalización de los recursos que se recaudan por los registros del automotor.

Dentro de este proyecto también se contempló un artículo sobre las Cajas Previsionales para que la ANSES le transfiera antes del 20 de cada mes a las provincias que adeudan con Nación sus regímenes, en concepto de anticipo mensual equivalente a una doceava parte del déficit del último año. Se trata del agujero fiscal más grande de todos los proyectos y que, según el Gobierno, esto solo representa un 0,5% del PBI. La oposición sostiene que ese número del Gobierno es inexacto porque se contempla que la transferencia sea solamente para las provincias que cumplan con el requisito que piden las auditorías, y no es el caso de las 13 deudoras -sería solo Córdoba y Entre Ríos-.

El reclamo histórico de las provincias entró también en el proyecto vetado del año pasado y volvió a ponerse sobre al mesa por presión del cordobés Martín Llaryora, quien tiene a sus alfiles en el bloque de Encuentro Federal, del cual desprendió el dictamen a cargo del diputado Nicolás Massot. Esto fue finalmente incorporado por la miembro informante Victoria Tolosa Paz en el proyecto en conjunto.

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