En un momento de párate de la actividad económica -en mayo tuvo una variación intermensual negativa del 0,1%- el Gobierno habría apelado a la estrategia de que los quebrantos no se pueden actualizar por la inflación para morigerar los efectos sobre la recaudación.

En contra a lo que sostienen los tributaristas de los estudios contables más importantes del país, a principio de año, se conoció un dictamen de la Dirección Nacional de Impuestos (DNI) que sostenía que las perdidas impositivas no se podían ajustar por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). 

Que dependía de la subsecretaría de Ingresos Públicos, a cargo de Claudia Balestrini. Una funcionaria de la gestión de Alberto Fernández que a más de un año y medio de gestión de La Libertad Avanza (LLA) continua en el cargo y se posiciona como la referente en materia de impuestos.

Lo que se trata de una estrategia del Gobierno para ganar tiempo según el socio de en la Vista Casal, Miguel Casal. Ya que los contribuyentes no pueden computar los quebrantos actualizados por inflación sin una resolución favorable en la Justicia antes, lo que puede tardar años. Y en caso de hacerlo una alerta salta en los sistemas del fisco nacional.

"Cualquier contribuyente que hoy quiera ajustar por inflación sus quebrantos no lo puede hacer sin que ARCA se entere de inmediato. Porque el valor histórico lo tiene en sus bases de datos, entonces si alguien computara uno actualizado por el IPC inmediatamente el fisco nacional se daría cuenta", comentó.

Como reveló El Cronista en su momento, el sitio oficial de ARCA incorporó una solapa en donde expone año por año el seguimiento de los quebrantos y si se detectó actualización o no para levantar las inconsistencias."Es nuevo, ahora queda expuesto el contribuyente y sabe que la ARCA lo está monitoreando", afirmó el socio del Departamento de Impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, Martín Caranta, y que el paso siguiente es el envío de notificaciones. 

Lo que limita, para Casal, al contribuyente a no poder tomar una decisión espontanea: si o si debe accionar judicialmente para que le den la razón y para ello hay dos caminos. "Uno es el de la confiscatoriedad, que es caso por caso donde hay que demostrar que la falta de ajuste por inflación del quebranto impositivo genera un impuesto que supere por lo menos el 50% de las ganancias de la empresa", destacó. 

Mientras que el otro, es ir en contra de la normativa, lo que es más riesgoso dado que todavía está en discusión y no existe una resolución definitiva sobre este tema sino solo fallos en primera instancia, aunque de suceder aplicaría a todos los contribuyentes. 

"Esta estrategia del Gobierno lo que hace es ganar tiempo porque cualquiera que quiera ajustar por inflación los quebrantos tienen que esperar algún fallo favorable por parte de la Justicia", afirmó en conversación con El Cronista. 

Balestrini, según pudo saber El Cronista con altas fuentes involucradas en la temática, la que habría convencido al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, de que los quebrantos no se pueden actualizar por la variación de los precios. 

"En cada declaración jurada se va a controlar si lo que han trasladado es un quebranto histórico o actualizado", afirmó Balestrini en el Ciclo de Práctica Tributaria que organizó el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de la ciudad de Buenos Aires.

Y agregó: "Acá no se trata de un tema recaudatorio, sino de que se cumpla lo que la ley establece". A pesar de que el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, comentó en privado que pretenden sumar $ 3 billones a partir de Régimen de Facilidades de Pago.

Pero lejos de discrepar con la postura de Balestrini, autoridades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aseguraron que era la correcta ante la consulta durante su paso por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

"¿Que van a hacer con la actualización de quebrantos de origen anterior a 2025?", leyó el moderador del evento y acto seguido un silencio y rápidamente un bullicio se produjo en el primer piso la sede de la calle Montevideo al 640.

Es que todas las fichas estaban puestas allí, a pesar de que la respuesta era obvia. "Ya presentamos un proyecto de ley que se encuentra en el Congreso, esperamos que en el corto plazo sea tratado. Adicionalmente sacamos un plan de facilidades de pago para las empresas puedan adherir y regularizar su situación", afirmó el director general de Institucional, Agustín Rojo.