El Gobierno decreto ayer la Emergencia Pública en Materia Ferroviaria por dos años motivado por el deterioro de la infraestructura por la que transitan trenes urbanos, regionales y de larga distancia en todo el país. La medida implica el pedido de reajuste y priorización de obras por parte de las empresas públicas que operan en el sector. Marca también un aumento presupuestario para la estructura ferroviaria y diferentes inversiones.

La decisión se dio a conocer mediante dos Decreto de Necesidad y Urgencia publicados en el Boletín Oficial de este jueves, pocos minutos después de que se votara en el Senado el Título de las privatizaciones perteneciente a la Ley Bases, que promueve la puesta en venta de dos empresas sectoriales clave como lo son Belgrano Cargas y Logística S.A. y Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE).

"Todo lo que hacemos es para avanzar en las privatizaciones", indicó una alta fuente del Gobierno en diálogo con El Cronista, que reconoció que esta decisión busca acondicionar parte de la infraestructura ferroviaria para mejorar la oferta para la venta de las compañías a privatizar.

SOFSE es mejor conocida como Trenes Argentinos Operaciones y es una de las cuatro compañías que operan dentro del holding Trenes Argentinos. Esta se encarga de operar trenes de pasajeros del área metropolitana, los regionales y los de larga distancia. Según el último informe de dotación de INDEC, tiene entre sus filas 23.555 empleados: hasta el año pasado era la mayor empleadora del país.

Desde el Gobierno dicen que avanzarán gradualmente con la disminución del personal, pero que no es un proceso sencillo dada la capilaridad que la compañía tiene a nivel federal y que el desembolso de retiros voluntarios implicaría un esfuerzo a nivel fiscal que el Gobierno no está dispuesto a poner. Consideran que el apartado de Empleo Público que está dentro de la Ley Bases facilita el proceso de desvinculación para las empresas públicas.

En el caso particular de SOFSE, los funcionarios libertarios buscan su transformación de Sociedad del Estado (S.E.) a Sociedad Anónima (S.A.). Es una de las directivas que Milei les dio a los responsables de la privatización de las empresas.

Es distinto el caso de Belgrano Cargas y Logística (llamada coloquialmente como Trenes Argentinos Cargas), que ya es una sociedad anónima y no precisa pasar por ese proceso de reconversión jurídica. Esta compañía opera las tres líneas estatales de ferrocarriles de cargas que hay en el país (Belgrano, San Martín y Urquiza), que abarca 17 provincias y tiene 5 pasos internacionales. Actualmente cuenta con 4589 empleados.

Una de las empresas ferroviarias ya tendría compradores interesados, según pudo saber El Cronista. Desde el Gobierno son cautos con ese proceso porque aún queda un largo tramo de cara a la privatización de los trenes: la Ley Bases aún espera tratarse nuevamente en Diputados y debe pasar por el proceso de sanción y reglamentación. Tampoco descartan la concesión de las vías ferroviarias.

Por el momento, el Gobierno implementó una suba significativa del presupuesto ferroviario. El decreto establece la asignación de $ $1.293.780.000.000 para las inversiones necesarias para mejorar las condiciones de seguridad operativa. "Si iban a comprar muebles, ahora esas compras se tienen que priorizar sí o sí a la infraestructura de las vías", explican.

Además, se facultó a las empresas ferroviarias a renegociar las deudas y contratos heredados por la gestión anterior para destinar dichos recursos a la seguridad operativa. El decreto designa como autoridad de aplicación de la emergencia ferroviaria a la Secretaría de Transporte, la cual deberá elaborar un plan de acción, dentro del término de los 15 días. Para ello, las empresas ferroviarias deben efectuar un esquema de priorización de obras, trabajos, capacitaciones y contrataciones.

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La Unión Ferroviaria, la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA) y la Asociación de Señaleros Ferroviarios Argentinos (ASFA) destacaron la medida dispuesta desde la Jefatura de Gabinete por medio de los Decretos 525/2024 y 526/2024: "Estas normas plantean como fundamental que los fondos públicos sean orientados hacia el objetivo primordial de maximizar las inversiones y los recursos empleados para la prestación de un servicio ferroviario en condiciones de eficiencia y seguridad".