Luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara la condena a seis años de prisión de la expresidenta Cristina Kirchner, el Gobierno evalúa cómo proceder ante la posibilidad de tener que enviar las fuerzas de Seguridad para su detención mientras que trabajan en un informe para presentar ante la Justicia con los establecimientos que propondrán.

El Tribunal Oral Federal N°2 de Comodoro Py, integrado por los jueces Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, será el que defina el paradero de Cristina, aunque lo más probable es que se le otorgue prisión domiciliaria en su departamento de Constitución, donde reside actualmente. El abogado de la líder del PJ, Alberto Beraldi, ya presentó el pedido ante la Justicia.

En el interín, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, deberá presentar en las próximas horas un informe para asignar una dependencia de las fuerzas federales y que analizar propuestas para su detención, conforme al oficio que le envió el juez Gorini. Será él quien, posteriormente, tomará la decisión.

El pedido expreso del juez solamente indicó que las propuestas del ministerio deberá tratarse de una dependencia "con las condiciones adecuadas para el alojamiento". "Hágase saber que, para determinar el lugar, se deberá atender y darse una consideración especifica a las características particulares individuales de cada una de ellas", agrega.

Todo dependerá, a su vez, de la voluntad de la expresidenta, quien cuenta con cinco días hábiles para presentarse por su cuenta en Comodoro Py. En ese sentido, en el Gobierno creen que ella no va a someterse a un escándalo y evitará que las fuerzas de Seguridad tengan que ir a buscarla -para este caso, sería la Policía Federal, según confirmó la ministra-. De ser el caso, de todos modos, en la Casa Rosada aseguraron que tratarán de ser "lo más cuidados posibles" y "respetuosos" de la situación.

Otras fuentes del Gobierno, en esa línea, descartaron de cuajo montar un espectáculo de una eventual detención, como pasó en 2016 con la detención de Amado Boudou, quien fue grabado en pijama y en la intimidad de su departamento en Puerto Madero tras ser imputado en una causa por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. 

"Nosotros no hacemos eso, eso es el macrismo. Nosotros no vamos a difundir nada. En cualquier caso, es ella la que hace el show. No queremos hacer una foto de humillación", aseguraron en diálogo con El Cronista.

También toman en cuenta que ayer la expresidenta condenada en su discurso no llamó a grandes movilizaciones, pese a que hubo disturbios, lo cual les da la pauta de que no pretendió generar un fuerte revuelo. Una fuente cercana al Presidente lo remarcó como "razonable" y agradeció: "Si fue tranquilo ayer fue gracias a ella". 

El operativo de Bullrich, de todos modos, se mantiene a día de hoy por la marcha de los jubilados de todos los miércoles; pero ya desde ayer a la tarde, en vísperas de que se confirme la condena, desplegaron sus fuerzas para vallar instalaciones clave como la propia Corte Suprema.

El trato del Gobierno para con la condena de Cristina, de esta manera, mantendrá un cierto distanciamiento. De hecho, el jefe de Estado ayer no se pronunció en cuanto a la sentencia en sí, convalidó la decisión de la Justicia en el marco de la división de poderes y desvió el foco para desmentir un "pacto de impunidad". 

Bullrich también se mantuvo en una línea más cauta, aunque se salió de la línea narrativa del resto de los funcionarios y defendió la decisión de la Corte: "Tres instancias, cientos de pruebas y todas las garantías del debido proceso. Hubo justicia. El que las hace, las paga", publicó.

En Balcarce 50 descartaron haber coordinado una bajada de línea y, por tanto, no se mostraron molestos con la diferencia de Bullrich, aunque insisten con que "no hay mucho más para decir" y que, en ese sentido, no les corresponde meterse de lleno en la causa.

De todos modos, ratificaron que bajo ninguna circunstancia se harán excepciones sobre los procedimientos y hasta cuestionaron que la dos veces presidenta pueda cumplir su condena en su casa, puesto que la ley 24.660 que contempla, dentro de los supuestos para conceder una prisión domiciliaria, el límite de los 70 años de edad no está actualizada. "No tiene un problema de salud, hasta se puso a bailar", criticaron.

Otro de los condenados por la Causa Vialidad es el empresario Lázaro Báez por el desvío de fondos de obra pública a sus empresas, aunque él ya se encontraba cumpliendo una condena de 10 años de prisión por la causa conocida como "Ruta del Dinero K" en su casa en El Calafate. Ambas son condenas firmes que podrían unificarse y, aunque la defensa de Báez pidió que se mantenga la domiciliaria hasta que eso se define, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Py hoy ordenó su "inmediata detención" y traslado a la Unidad 15 del Servicio Penitenciario Federal de Río Gallegos.

Por otra parte, el pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola para que se le ordene la detención inmediata a Cristina y los otros ocho condenados por Vialidad fue rechazado por Gorini puesto que habían fijado ya la modalidad de detención con el plazo de cinco días hábiles. El futuro del paradero de Cristina se definirá en el martes que viene, en la sede de Comodoro Py.