Luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para la expresidenta Cristina Kirchner, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le pidió al Tribunal Oral Federal N°2 que revea las consecuencias que podría ocasionar una eventual prisión domiciliaria en el edificio de la calle San José 1111.

Al mismo tiempo, este martes los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola se pronunciaron en contra del pedido de domiciliaria de la líder del Partido Justicialista (PJ), quienes consideraron que "la concesión de la detención domiciliaria no es automática".

Según ratificaron fuentes judiciales a El Cronista, la Procuración General realizó una presentación por pedido de la administración de Jorge Macri, en la que pone en manifiesto la "preocupación institucional" a raíz del impacto que podría ocasionar en la movilidad urbana, la seguridad y la prestación de servicios esenciales.

Claro está, se trata de una zona de alta densidad poblacional y concentra gran movimiento de vehículos, por lo que, según considera el organismo, si la referente peronista cumpliera su condena en el barrio porteño de Monserrat, producto del fallo por la "causa Vialidad", podría generar severas consecuencias.

En los últimos días, militantes y seguidores de Cristina se reunieron a las afueras del departamento donde, en principio, la exmandataria cumpliría su condena a seis años de prisión. Allí, se registraron cortes de calles y ruidos molestos, por lo se requirió un alto operativo de las fuerzas de seguridad.

Es decir, la petición de la Ciudad se ampara en el porvenir del barrio porteño que, en caso de que la dos veces presidenta cumpla su condena en San José 1111, en donde habría un alto operativo de custodia que alteraría el entorno urbano.

Según precisan los informes técnicos, "el dispositivo de custodia permanente alteraría de forma sostenida el entorno urbano, afectando a vecinos, instituciones educativas cercanas y al funcionamiento general del macrocentro porteño".

Previo a que ocurra esto, aunque resta aún la decisión final del juez del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, el gobierno porteño pidió a la Justicia que se tomen "medidas excepcionales" para garantizar el orden público y los servicios urbanos, con intervención conjunta de las autoridades nacionales y locales.

"No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho", anticipó Cristina en su cuenta de X (exTwitter) luego del fallo que emitió la Corte el último martes.

Por ese motivo, se espera que una gran movilización que la acompañará al edificio judicial, ubicado en el barrio porteño de Retiro. "Que no quieran humillarnos, porque van a ver una vez más la resistencia de nuestro movimiento nacional", advirtieron desde el peronismo.

En la previa a lo que sucederá este miércoles, el Partido Justicialista se reunirá hoy con gobernadores peronistas y la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT). El cónclave tendrá lugar en la sede del PJ, en Matheu al 100.

Según informó El Cronista, asistirán cuatro de los siete gobernadores que fueron convocados a la reunión: Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).