El Gobierno presentó un nuevo régimen de regularización fiscal, que busca establecer reglas claras y permanentes para quienes deseen normalizar su situación ante el fisco. El anuncio fue realizado por el secretario de Ingresos Públicos, Juan Pazo, y el diputado liberal José Luis Espert, presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. A continuación, las 10 claves fundamentales para comprender el alcance de la iniciativa:

Hasta ahora, una persona podía ser denunciada por evasión simple si había una diferencia de apenas $1.500.000 entre su declaración y lo que realmente debía pagar. Con la nueva ley, ese umbral se elevará sustancialmente. Según Pazo, "de unas 7.000 causas abiertas hoy en el fuero penal tributario, únicamente quedarán en curso aproximadamente 200".

El plazo para que el Estado pueda iniciar acciones contra un contribuyente se reducirá de cinco a tres años, siempre que la declaración jurada haya sido presentada en tiempo y forma. "Los problemas impositivos se resuelven barato. Si te notifican, pagás y listo", sostuvo Pazo.

Quienes adhieran al nuevo régimen simplificado pagarán el impuesto a las ganancias exclusivamente sobre lo facturado, sin que se tengan en cuenta las variaciones patrimoniales. Pazo ejemplificó: "Si durante el ejercicio fiscal una persona compra cinco departamentos, ARCA solo le cobrará por lo que haya facturado, menos los consumos deducibles".

El mecanismo anunciado no es una moratoria transitoria. Se trata de un régimen abierto y permanente que permitirá regularizar activos no declarados en cualquier momento, con beneficios impositivos y sin sanciones.

Podrán ingresar asalariados que tengan ingresos adicionales informales, monotributistas y responsables inscriptos.

Uno de los puntos más destacados es que ARCA no compartirá con las agencias de recaudación provinciales la información que obtenga de los contribuyentes que ingresen al régimen. Esto busca proteger a quienes adhieran del uso fiscal posterior de esos datos por parte de gobiernos subnacionales.

Según Espert, el régimen apunta a facilitar que cualquier persona que haya ahorrado fuera del circuito formal pueda ingresar ese capital al sistema sin temores. "Queremos que usen su plata con libertad, sin esconderla ni simular consumos", dijo.

El Gobierno argumenta que la clave está en cambiar los incentivos. En lugar de castigar la evasión con más controles, se busca que el régimen impositivo sea tan simple y previsible que resulte más conveniente cumplir que evadir.

Tanto Espert como Pazo apuntaron contra el gobierno bonaerense. Acusaron a Kicillof de tener una "lógica soviética" y de usar a ARBA como una herramienta de persecución fiscal. La decisión de no compartir datos busca neutralizar esas prácticas.

Finalmente, el Ejecutivo espera que las provincias acompañen esta reforma. "Esto no se trata de ideología", sostuvo Espert. "Se trata de terminar con la decadencia argentina y eso exige menos impuestos, más libertad y reglas claras".