La Cámara Federal de Casación dará a conocer la parte resolutiva de la sentencia de más de 1.500 fojas en la que se confirmará o se modificará la condena a seis años de prisión impuesta a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa "Vialidad", que juzgó el desvío del 80 por ciento de los fondos destinados a la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de empresas de Lázaro Báez entre 2003 y 2015.

Una vez conocido el fallo correrá el plazo de diez días hábiles para apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de manera que lo que se determine no quedará firme y los efectos no serán de cumplimiento inmediato. 

La audiencia comenzará a las 11 en la sala B de la planta baja de Comodoro Py 2002 será trasmitida en el canal del Poder Judicial en YouTube. 

Será el presidente de la sala IV, Gustavo Hornos, quien leerá el veredicto ante los abogados defensores y el fiscal ante esa instancia Mario Villar. Los acusados podrían estar presentes si lo desean, aunque no es obligatorio, informaron fuentes judiciales.

A inicios de este año, los integrantes de la sala IV de Casación escucharon en sucesivas audiencias los argumentos de apelación al veredicto que el 6 de diciembre de 2022 emitió el Tribunal Oral Federal 2 al término de un juicio oral a la ex vicepresidenta, ex funcionarios de su gobierno y al empresario Lázaro Báez iniciado en 2019.

En esa instancia de apelación, el fiscal ante Casación, Mario Villar, insistió en condenar a Cristina Kirchner a 12 años de prisión, y respaldar así a sus pares de primera instancia, Diego Luciani y Sergio Mola, quienes habían reclamado esa pena en el debate oral por entender que hubo dos delitos: administración fraudulenta y asociación ilícita.

Pero, en el juicio oral, por mayoría de dos votos a uno, los jueces del TOF2 Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu -con disidencia de Andrés Basso, resolvieron condenar a la exvicepresidenta, a Báez, al ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y al exsecretario de Obra Públicas, José López, a seis años de prisión por "administración fraudulenta agravada".

En los fundamentos del veredicto, el TOF 2 remarcó que hubo un "hecho inédito en la historia del país, pues se ha acreditado que ciertas decisiones trascendentales respecto de la marcha empresarial del grupo (de Lázaro Báez) fueron adoptadas siguiéndose órdenes expresas de los más altos integrantes del Poder Ejecutivo Nacional".

El ministerio público fiscal actuante en la Casación señaló diversos puntos para pedir la ratificación y el aumento de las condenas dictadas en primera instancia:

En cambio, para la defensa:

Ayer al mediodía, Cristina se reunió con los dirigentes políticos más alineados con su conducción y por la tarde emitió un comunicado en el que señala a los jueces de la cámara como "los Copitos de Comodoro Py", en alusión a la banda que intentó asesinarla frente a su casa un par de años atrás 

Sobre la acusación de administración fraudulenta, la expresidenta dijo "nunca pudo haber sido cometido" por ella. Destacó que las obras cuestionadas fueron "aprobadas por el Parlamento en los presupuestos nacionales, licitadas, ejecutadas y pagadas por el gobierno de la Provincia de Santa Cruz y aprobada su rendición de cuentas por la Auditoría General de la Nación y el Congreso de la Nación desde el 2003 al 2015". 

Adicionalmente, ninguno de sus jefes de Gabinete a lo largo de sus dos gobiernos ni el ministro responsable del área fueron imputados.

Fernández de Kirchner también señaló el dictamen del jurista Rodolfo Barra, actual Procurador del Tesoro de la Nación, quien, en su análisis sobre la causa, sostuvo que justamente son los jefes de Gabinete de Ministros quienes ejercen la administración general del país y quienes, por lo tanto, ejecutan el presupuesto de la Nación". En este sentido, afirmó "que se le imputó una responsabilidad administrativa que, según la Constitución, corresponde al jefe de Gabinete y no al presidente".

En otro pasaje de su carta, Fernández de Kirchner sostiene que la sentencia busca "inhabilitarla de por vida" para que no pueda ocupar cargos públicos, lo cual describe como una "proscripción de por vida". Según su visión, esta proscripción busca neutralizar su participación política de forma permanente, "como ya ha ocurrido en el pasado con el peronismo".

Para apoyar a la expresidenta,  desde las 9 frente a los tribunales de Comodoro Py, se realizará una actividad en la que participarán juristas ligados al kirchnerismo. 

La organización afirmó que estarán presentes el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, junto al abogado y dirigente social, Juan Grabois; la periodista y política brasileña, Manuela Davila, y la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Avellaneda, Anabella Lucardi.

Juntos llevarán adelante una clase pública denominada "CFK, el poder real y la mafia judicial: una caso de estudio de lawfare".