El Gobierno enfrentará este miércoles la audiencia para apelar la sentencia de fondo del juicio por la expropiación de YPF, en la que Argentina fue condenada por la jueza del Segundo Distrito de Nueva York, Loretta Preska, a pagar u$s 16.000 millones.

La audiencia encontrará a la defensa argentina, representada por Sullivan and Cromwell con participación de la Procuración del Tesoro, y a los fondos Burford Capital y Eton Park, que compraron los derechos para litigar.

Allí se tratará la sentencia de septiembre de 2023 que ordenó a Argentina a pagar u$s 16.000 millones. Preska excluyó a la empresa, pero como la medida fue apelada, la empresa participará de la audiencia. Los demandantes consideran que la petrolera operó como alter ego del Estado y que este estuvo involucrado en decisiones habituales de la compañía.

Los jueces son José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson, todos nombrados por presidentes demócratas. Los alegatos orales comenzarás a las 12, hora Argentina, y se estima que se extienda por dos horas de cruces ásperos. La decisión de los magistrados no se espera hasta principios de 2026, pero existe la especulación de que, dada la relevancia que ha cobrado el caso y Argentina en Estados Unidos, pueda haber novedades antes.

El juicio no solo es millonario, sino que además es el mayor en la historia argentina. Además, consideran que ha cobrado una relevancia simbólica tanto a nivel local como para otros países. La presentación de Estados Unidos, Israel, Italia, Francia, Ecuador, Uruguay, Chile, Ucrania, Rumania, Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), Bank Policy Institute y American Bankers Association como amicus curiae de Argentina le otorga mayor peso al juicio.

Están en discusión distintos elementos de la decisión de Preska, aprendiz del juez Thomas Griesa, conocido por el país por el juicio de los "fondos buitre". La defensa argentina plantea tres cuestionamientos: la jurisdicción, al considerar que el juicio no debería haberse tramitado en Estados Unidos, la expropiación en sí misma, ya que consideran que el estatuto de la compañía estipula qué debe ocurrir al no realizarse la OPA (oferta pública de adquisición) y que la demanda se concretó cuando Petersen ya no era accionista de la compañía, y por último el monto, que plantean que debe ser estimado con el tipo de cambio vigente al momento del fallo (septiembre de 2023) y no el de expropiación (abril de 2012). En este mismo frente plantean que la tasa de interés aplicada (8%) es excesiva.

A la expectativa del juicio se le suma el aceitado vínculo que Argentina construyó en los últimos meses con Estados Unidos. Al tradicional apoyo que el país ha tenido en el juicio se sumó el respaldo financiero que Donald Trump anunció para Argentina.

Si bien allegados a la defensa comparten que en los últimos meses se vieron políticas nunca antes vistas en materia de bilateralidad, son conservadores con las expectativas.

Fuentes cercanas a los demandantes creen que la administración Trump podría asistir a que se alcance un acuerdo, una opción que, reclaman, no se ha explorado. En este sentido, plantean que los negociadores de los fondos aún no han tenido contacto con funcionarios argentinos ni hay una instancia de negociación abierta.

Desde el entorno de los fondos confían en que la Casa Blanca no quieren que Argentina entre en desacato porque podría implicar un riesgo a la vista de otros inversores que podrían desembarcar en el país.

La expectativa, en ese marco, es que se genere una oferta por parte de la Argentina como una forma para cumplir el fallo con un esquema de pago con bonos y plazos. "Nadie quiere quedarse con el control de YPF", aseguran cerca de los litigantes. Quienes siguen el caso creen que es poco probable que la Corte Suprema de los Estados Unidos acepte tomarlo, por eso creen que la administración Trump vería con buenos ojos una negociación entre las partes.

En el frente local se esperan tres escenarios. El peor de ellos es la ratificación del caso. Esa posibilidad, sin embargo, podría ser apelada, ya sea a través de pedir una revisión a los mismos tres jueces, hacer una convocatoria a los 13 jueces del distrito, y, en última instancia, recurrir a la Corte Suprema, algo que había sido anticipado por el presidente Javier Milei.

Otro de los escenarios es que se anule el fallo en su totalidad, y el otro es una instancia intermedia en la que el tribunal puede devolver el fallo a Preska con instrucciones para que revise algunos aspectos particulares, o que saquen una sentencia propia.