La unificación cambiaria está en el centro del debate económico actual. Implica la posibilidad de establecer un único tipo de cambio para el dólar, eliminando la distinción entre el dólar oficial (980) y el libre (1210). El cepo desaparece y la moneda flota libremente, como en cualquier otro país del mundo.

Esto favorecería mayores exportaciones, atraería inversiones extranjeras y posiblemente reduciría importaciones debido a su relativo encarecimiento. A mediano plazo, generaría una economía más predecible, lo que redundaría en una mayor acumulación de reservas para el Banco Central, promoviendo así un crecimiento económico sostenido. En definitiva, más empleo y mejores salarios. Un verdadero "win-win".

Pero si la unificación es tan beneficiosa, ¿por qué no se lleva a cabo lo antes posible?

Si bien hay abundante evidencia empírica que respalda los beneficios de contar con un mercado de cambios unificado, también existe consenso en que los costos de implementar esta medida pueden aumentar considerablemente a corto plazo. Estos costos incluyen una caída en la actividad económica, mayor inflación y, por tanto, pérdida del poder adquisitivo de la población. El verdadero dilema entonces radica en establecer cuánto de esos costos iniciales se pueden tolerar para lograr un crecimiento a mediano plazo.

¿Hay algún comparable?

En los últimos 30 años, Argentina ha pasado por varios procesos de unificación cambiaria. Uno de los casos más extremos ocurrió en 2002, durante la peor crisis económica del país. Bajo la presidencia de Duhalde, la economía llevaba cuatro años en recesión, la inflación era del -1% anual en promedio y las reservas netas del Banco Central apenas alcanzaban los 2 mil millones de dólares.

Al asumir el actual gobierno, la situación contaba con algunos grados de complejidad adicionales. El crecimiento económico estaba estancado desde 2020, la inflación previa era del 130%, y las reservas netas del Banco Central, excluyendo la deuda con importadores, eran negativas en -12 mil millones de dólares. Adicionalmente, la falta de financiamiento internacional y los vencimientos de deuda soberana podrían traducirse en una potencial fuente de drenaje de reservas -11.300 millones de dólares para 2025-.

En 2002, Argentina, siguiendo las recomendaciones del FMI, unificó su tipo de cambio, lo que elevó el dólar oficial de 1,4 a 3 pesos en promedio. Como resultado, la inflación alcanzó el 40% y el PIB cayó un 10%, profundizando la recesión. No obstante, en un giro destacable, el crecimiento se restableció en 18 meses, y en 2003 la economía retomó un vigoroso crecimiento sostenido.

Entonces, ¿por qué no unificar en 2024 para luego crecer desde 2025 en adelante?

Aunque el nivel de pobreza y el tiempo en recesión son comparables, el nivel de reservas y la velocidad de la inflación (v = pq/m2) recibidas por la actual gestión son desafíos que ostentan un mayor grado de complejidad.

La dificultad adicional que probablemente encuentre el gobierno para unificar está dada por la dinámica de las expectativas. Daniel Kahneman y Richard H. Thaler, sendos ganadores del premio Nobel de Economía y padres de la economía conductual, han descripto de qué manera eventos negativos que se mantienen vívidamente en la memoria de los individuos condicionan su conducta, generando una sobrerreacción económica ante la posible amenaza de un nuevo evento similar. En criollo: "el que se quemó con una maxi devaluación ve una suba del 5% y llora".

La historia de sucesivas devaluaciones e inflación de los últimos 23 años ha generado en la población un sesgo cognitivo que no estaba presente en 2002. Este sesgo hace que las expectativas de devaluación e inflación, dado el actual contexto extremo, puedan transformarse en un cóctel explosivo que ponga en juego la sostenibilidad de todo el proyecto político. -Ver Macri 2018-.

Las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, hace pocos días parecen validar el enfoque conductual: "Este es un país que no resiste más eventos de volatilidad, nosotros nos vamos a tomar el tiempo que sea prudente para que cuando salgamos del cepo, se salga bien y la gente no sufra ningún cimbronazo".

Mientras que la gestión del presidente Milei enfrenta elecciones en 12 meses, la administración de Duhalde no estaba sujeta a evaluación electoral, lo cual facilitó la implementación y el sostenimiento de medidas impopulares. Todo parece indicar que una inminente unificación podría conllevar un riesgo electoral mayor al que sus defensores describen; no obstante, es cierto que la idea de mantener el cepo hasta lograr acumular reservas suficientes podría dificultar que esto suceda rápidamente.

En definitiva, tanto por fundamentos económicos como por expectativas, la apuesta por la unificación sin reservas podría conducir a una pérdida del poder adquisitivo que, a corto plazo, impactaría más en el descontento social que en la percepción de una recuperación económica duradera. O, como diría un jugador de truco: "Unificación sin reservas no mata recesión; mata votante".