A Javier Milei no lo mueve la ambición política en un sentido tradicional. Lo dejó claro en el discurso ante la Asamblea Legislativa. No le importa construir un partido. No vino a ser parte del toma y daca que moviliza a la dirigencia doméstica. Su objetivo fundamental es revertir las décadas de decadencia económica que arrastra la Argentina.

Entender su lógica es clave para comprender el derrotero de su gestión de corto plazo. Las peleas que mantuvo a lo largo de febrero con gobernadores y legisladores tenían detrás un factor económico. Y la oferta de hacer un pacto que reflote algunas leyes a cambio de alivio fiscal para las provincias también tiene detrás un factor económico. 

El paquete anticasta y sus ataques a todos los políticos que se enriquecieron a costa del Estado hoy son más tácticos que estratégicos. Eso no implica que algunas de las reformas contenidas en el Pacto de Mayo no estén orientadas a desarmar estructuras corporativas para facilitar la creación de empleo y el crecimiento.

Vamos por partes. El equipo económico remarcó, desde el minuto cero, que el combate a la inflación iba a tener como faro un ancla fiscal poderosa. Tanto Luis Caputo como Milei se jactaron del superávit financiero conseguido en enero, el primero en doce años. Y necesitaban que febrero no estuviera lejos de esa marca. El Gobierno supo que la recaudación tributaria no iba a tener la fortaleza del mes previo. 

De hecho, el resultado se conoció en la previa al discurso del Presidente en el Congreso. Como se esperaba, mostró una caída de 11% real frente a un año atrás. La consecuencia no se hizo esperar: el Ejecutivo pisó transferencias de todo tipo para acomodar un poco mejor las cifras. Sufrieron las provincias, las universidades y hasta las generadoras eléctricas.

En marzo el panorama puede cambiar algo. El Palacio de Hacienda subió el impuesto a los combustibles y le dio otra vuelta de tuerca a las tarifas de energía. Esta semana se empezará a pagar el bono a jubilados y varias paritarias aplicarán una recomposición que si bien no revertirá la pérdida de poder adquisitivo de los últimos tres meses, permitirá revitalizar algo el consumo. Ayudará que la inflación, como dicen Caputo y Domingo Cavallo, esté más cerca de 10% que de 15%.

Bajo este contexto, es razonable que el Gobierno busque recuperar parte del paquete fiscal perdido con la ley ómnibus, y que a la vez abra un poco la billetera (ahora sí) para las provincias, por lo menos las más cercanas. Cuando sea hora de transferir (siempre y cuando haya acuerdo), la cosecha empezará a dejar dólares y pesos en las arcas oficiales. El ancla fiscal manda.