La polémica en torno al nombramiento por decreto de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como ministros de la Corte Suprema excede los límites de la política y abre para el Gobierno un escenario de imprevisibles consecuencias económicas.

La decisión de avanzar por esa vía se había explicitado ya hace tres meses, cuando el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recordó las designaciones en comisión de Horacio Rossatti y Carlos Rosenkrantz durante el gobierno de Mauricio Macri, allá por 2015, y remarcó que el Presidente podía seguir el mismo camino "en caso de estar cerca de la acefalía", habida cuenta de la falta de avances con los pliegos y la inminente jubilación de Juan Carlos Maqueda, que se produjo a fines del año pasado.

Y la apelación al decreto presidencial se pone en práctica cuando el Gobierno se siente más fuerte desde el punto de vista político, luego de conseguir la eliminación de las PASO. Y, sobre todo, superar en el Senado, la Cámara en la que más dificultades encuentra para reunir voluntades, el intento opositor por crear una Comisión que investigue su participación en el escándalo cripto para avanzar en un potencial juicio político, incluyendo el rechazo de un senador radical que había firmado el pedido.

Pero el LIBRA gate también tiene una arista tribunalicia por la cual el Presidente ya fue imputado por el fiscal Carlos Taiano, motivo por el que resolver la ecuación judicial sumó un ingrediente extra para el deseo libertario de aprovechar la "ventana" parlamentaria, entre el fin de las sesiones extraordinarias y la asamblea legislativa, con la que intentar esquivar al Congreso. 

El hecho, obviamente, disparó el cuestionamiento de legisladores opositores y abrió un conflicto que, según adelantó el propio Rosatti hace dos meses, "lo tendrá que resolver la Corte", en un escenario indeseado por los miembros del Máximo Tribunal. Si hasta ya se debate si aceptará el pedido de licencia de Lijo para asumir en comisión por nueve meses o solo le tomará juramento si antes renuncia a su cargo de juez federal.

El camino elegido por Milei ante una Corte de solo tres miembros y un Senado que no aprueba sus pliegos, en definitiva, activa la judicialización y una lucha de poderes que plantea una inestabilidad institucional nada recomendable en momentos en que el país necesita convencer a los capitales externos, y los locales también, de apostar por la Argentina. 

La inversión de mediano y largo plazo, que pretende alentarse con el RIGI, no solo requiere que se equilibre la economía y libere el cepo cambiario, la gran promesa presidencial para este año. Sino que depende, en gran medida también, de otorgar la seguridad jurídica que garantice la estabilidad para su desarrollo. 

Con reformas por delante y los tres poderes del Estado en pugna, ese escenario aparece, al menos hoy, un poco más incierto.