Luego de atravesar su primer año de gestión, el camino elegido por el presidente Javier Milei para arribar al primer examen electoral de su partido como fuerza oficialista plantea el cumplimiento de una serie de objetivos económicos que, más allá de su voluntad, pondrá a prueba su capacidad de negociación política.

La baja de la inflación desde el 25,5% mensual de diciembre último hasta el 2,4% registrado por el Indec el mes pasado, le otorgó al Gobierno un grado de credibilidad ante la sociedad que ahora deberá refrendar con el avance en las nuevas promesas planteadas para el 2025: crecimiento sostenido de la economía, reducción de un 90% en la cantidad de impuestos nacionales y eliminación definitiva del cepo cambiario, entre otras.

Sin duda que una recuperación económica facilitaría alcanzar las metas propuestas por Milei. Inclusive, como anticipó, cerrar un repo con privados que le permita reforzar las reservas del Banco Central y levantar el cepo. 

O bien, en esa línea, llegar a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional pese a las restricciones cambiarias aún vigentes, primer desafío que requerirá de la capacidad negociadora del Gobierno, aunque la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos el mes próximo y la intención de avanzar hacia un tratado de libre comercio con ese país suponga, para la Casa Rosada, un punto a favor en esa tarea, por la relación cercana de Milei con el republicano.

Pero más allá de eso, así como es evidente para el asalariado formal del sector privado -no el público ni el trabajador informal- que el menor ritmo en la suba de precios ha contribuido en los últimos meses a una lenta recuperación de su poder adquisitivo, no lo es el "brutal crecimiento" que, según el Presidente, experimentó la economía en el último trimestre.

Y esto se produce, fundamentalmente, porque si bien sectores como la energía y la minería atraen inversiones para recoger rápidamente los frutos del modelo actual, mientras el agro aprovecha las mejores condiciones climáticas de este año; no ocurre lo mismo aún con actividades como la construcción, la mayor parte de las ramas industriales, que mantienen una de cada tres máquinas paradas, y el comercio, que aún espera la reactivación del consumo masivo.

Es por eso que la promesa de retirar 90% de los impuestos nacionales generó, como posibilidad de disposición de recursos, entusiasmo en el sector privado, aunque el plan implica más una simplificación que una baja de la carga tributaria.

Hoy hay solo 46 impuestos nacionales y apenas 4 de ellos representan casi el 80% de lo que recaudan en conjunto. El mayor volumen de los 155 tributos que tiene el país lo compone el resto del universo fiscal que aportan provincias y municipios, beneficiadas a su vez por la coparticipación federal de los impuestos nacionales más fuertes, como IVA y Ganancias. El problema radicará en establecer cuáles serán, precisamente, los impuestos nacionales que quedarán en pie de aprobarse la reforma y cuales seguirán el camino del denominado PAIS, que desaparecerá para Navidad.

Las empresas y el agro aspiran a que el recorte se lleve consigo al impuesto al cheque y las retenciones, que solo el año pasado representaron ingresos equivalentes al 2,5% del Producto Interno Bruto. Pero mantener el superávit fiscal, en ese escenario, requeriría de una fuerte recuperación de la economía que sostenga la recaudación y, como ya adelantó Milei, el uso de una motosierra profunda para achicar más los gastos.

En todo caso, avanzar con una reforma tributaria para cumplir la promesa hecha al electorado requerirá no solo de capacidad económica sino, sobre todo, de la habilidad política para encausar una negociación con las provincias y los partidos de la oposición algo que, precisamente con las urnas por delante, supone un duro desafío.