La publicación del primer informe oficial a nivel nacional sobre los efectos adversos graves registrados tras la aplicación de las vacunas contra el Covid en Argentina provocó una previsible reacción revanchista de los antivacunas. En redes sociales muchos testimonios se regodearon en los datos difundidos, interpretados como un trofeo que les otorgaba la razón.

La intención aquí no es citar esos mensajes. Basta decir que la constante de las diatribas transcurrió por conceptos tales como “el maldito experimento que cobró miles de vidas” o el “engaño a millones a los que les hicieron poner esta basura”. Nada que no se haya leído antes, sólo que ahora esas frases sonaban en apariencia más empoderadas en función del informe oficial.

Sin embargo, la realidad de los datos -por mucha que sea la voluntad de secuestrarlos para satisfacer imposturas- se aleja velozmente de esos zarpazos. Son datos que más bien revalorizan la importancia que ha tenido la vacunación durante la pandemia, para que el drama no resultara aún peor. Basta poner las cifras en contexto.

La cantidad de efectos adversos graves registrados por el Ministerio de Salud de la Nación fue de 3.149, lo que representa una tasa de 2,7 cada 100 mil vacunados. Se trata trastornos cuyo desenlace no se informó, es decir, no se sabe cuántas de esas más de tres mil personas perdieron la vida.

El primer dato clave, que los antivacunas callan, es que la letalidad por Covid fue 477 veces mayor que la de los efectos adversos graves. Desde el comienzo de la pandemia hasta fines de 2023 hubo 10.086.138 casos y 130.493 muertes, lo que representa una tasa de 1.290 muertes cada 100 mil infectados.

Obviamente no es lo mismo una muerte provocada por el Covid que un efecto adverso grave supuestamente inducido por una vacuna en una persona sana. Pero ahí aparece el rol de la ciencia -de la que los antivacunas desconfían- parar reducir el margen de peligro a la mínima expresión en los ensayos clínicos que evalúan la seguridad de los medicamentos en función del riesgo-beneficio.

Si se va al detalle año por año, se robustece la hipótesis de que la inmunización activa -junto con la pasiva adquirida por los convalecientes- fue indispensable para crear una “inmunidad de rebaño” que frenara la pandemia. Por ejemplo: en 2020, con cuarentena y sin vacunas, la tasa de letalidad fue de 2.696 muertes cada 100 mil contagiados, naturalmente la más alta de la crisis sanitaria.

En 2021, con un primer semestre casi sin vacunas en el país y un segundo en el que la campaña de inmunización se aceleró, la tasa de letalidad pasó a ser de 1.708 cada 100 mil. El gran cambio ocurrió con la aparición de Ómicron en el verano de 2022 y su desarrollo durante todo ese año. Hubo muchos contagios (4.110.636) y las muertes bajaron a 12.535, ante un virus que se volvía menos virulento en el contexto de una cobertura vacunal sólida. La tasa de letalidad cayó entonces a 304 cada 100 mil casos.

Finalmente, en 2023 el panorama cambió: el registro de casos perdió consistencia porque muchos contagios leves dejaron de pasar por el sistema de salud. Cuestión que la cantidad conocida fue de apenas 100.034, con un total de 500 muertes. La letalidad se ubicó entonces en 499 cada 100 mil contagios. De no haber habido subregistro de casos la tasa habría sido menor.

A esto se suma un segundo dato importante, difundido en el último Boletín Epidemiológico Nacional: durante 2023, de las 500 personas que perdieron la vida a causa del Covid, el 89,25 por ciento se había aplicado el último refuerzo de la vacuna más allá de los 6 meses previos al inicio de la enfermedad, o directamente no registraban vacuna.

Ese déficit convive con que casi el 75 por ciento de las muertes del año pasado ocurrieron en personas mayores de 65 años que, según el esquema de vacunación previsto, deben recibir un refuerzo (ya a partir de los 50 años) cada seis meses.

Además, entre las semanas 20 y 52 de 2023 se verificó el peor de los escenarios posibles, cuando tuvo lugar el mayor número de muertes: correspondió a personas que tenían la última dosis de vacuna aplicada más de un año antes del inicio del cuadro clínico.

PS