La Corte Suprema decidió que el Estado debe regular los aumentos de las cuotas de las prepagas

Declaró inconstitucionales dos artículos del decreto 70/2023 por los que el Estado dejó de fijar los precios.Según la Corte, la "emergencia" no se justificó para fijar ese nuevo criterio por decreto.
- 🏛️ La Corte Suprema declaró inconstitucionales dos artículos del decreto 70/2023 y ordenó que el Estado Nacional vuelva a asumir el control sobre los valores de las cuotas de las prepagas.
- ⚖️ No basta con invocar una “emergencia genérica”; el Ejecutivo debe justificar la emergencia y la necesidad urgente de las medidas adoptadas.
- 🗣️ Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti señalaron que no se demuestra una relación concreta entre la emergencia económica y la supresión del control.
- 🆕 Es la primera decisión que declara inconstitucionales artículos del mega DNU 70/23; otros planteos aún no habían logrado legitimación para avanzar.
- 📜 La Corte confirmó la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/23, sin opinar sobre otros aspectos del decreto que podrían ser analizados en casos futuros.
- ⚖️ Aunque continúa abierto el trámite de la ley 26.122, ello no impide el control judicial de normas que producen efectos concretos sobre relaciones jurídicas.
- 👩💼 El caso fue iniciado por María Del Carmen Bobbio contra Swiss Medical, tras un aumento del 110% en la cuota entre diciembre de 2023 y febrero de 2024.
- 💸 De haberse aplicado la resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud, el incremento habría sido solo del 6,26% según la denuncia.
- 🗳️ La demanda buscaba que el Estado reasuma el control de los aumentos y que el Congreso determine la regulación, cuestionando la necesidad y la urgencia del DNU.
- 🔎 El fallo cita el precedente “Cencosud”, subrayando que la admisión de facultades legislativas por el Ejecutivo es excepcional y debe cumplir requisitos formales, limitando su alcance.
La Corte Suprema de Justicia determinó la inconstitucionalidad de dos artículos del decreto 70/2023 del gobierno de Javier Miei que revocaban el control estatal sobre los valores de las cuotas de prepagas y ordenó que el Estado Nacional vuelva a asumir ese rol. El máximo tribunal advirtió que “no basta con ‘invocar una emergencia genérica’” como lo hizo el Ejecutivo en ese DNU “sino que resulta necesario justificar ‘la emergencia y la necesidad urgente de las distintas medidas que se adoptan en el decreto’”.
“Desde esa perspectiva, los considerandos del decreto 70/23 no hacen siquiera el intento de mostrar que exista una relación concreta entre la emergencia económica y social esgrimida por el Poder Ejecutivo y la necesidad de suprimir las facultades de control de la autoridad de aplicación; no surge de sus términos ninguna explicación de por qué la eliminación de dichas potestades resulta necesaria y urgente para paliar la alegada ‘crisis económica y social del país’”, sostuvieron los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
La decisión de la Corte Suprema es la primera en la que se dispone la inconstitucionalidad de artículos del mega DNU 70/23, ya que hasta ahora los planteos que habían llegado contra todo el texto o contra algunos artículos habían sido impulsados por actores que no tenían legitimación directa para iniciar esas demandas.
Aquí, la Corte confirmó “la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del decreto 70/23, sin que lo resuelto implique, ni pueda implicar en modo alguno, emitir opinión respecto de otros aspectos del decreto y su posible justificación, los que, eventualmente, serán analizados en los casos concretos que se presenten y lleguen a este Tribunal”.
“Aunque permanece abierto el trámite establecido en la ley 26.122 -norma respecto de cuya validez no se abre juicio alguno-, ello no puede implicar sustracción al control judicial de una norma que produce efectos concretos sobre relaciones jurídicas. Tampoco puede significar la desnaturalización de los controles necesarios que hacen imprescindible la vigencia del Estado de Derecho”, se afirmó.
En este caso, la causa fue iniciada por una ciudadana, María Del Carmen Bobbio, contra la empresa Swiss Medical luego de sufrir un aumento del 110 por ciento en el valor de su cuota entre diciembre 2023 y febrero de 2024. Según detalló, de haberse aplicado la resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud el incremento hubiera sido solo de 6,26 por ciento. En ese contexto, la mujer reclamó que se dictara la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/23, que derogaron el artículo 5 inciso g y sustituyeron el artículo 17 de la ley 26.682 que imponían el control estatal respecto de los valores de las cuotas de los planes prestacionales de servicios de salud.
El juez de primera instancia rechazó la acción de amparo. La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó la sentencia, declaró la inconstitucionalidad de esos artículos y ordenó a la empresa a limitar los aumentos de las cuotas según el Índice de Precios al Consumidor, a la vez que ordenó al Estado a reasumir las funciones que le corresponden en función de la ley y determinar el valor de la cuota. Según sostuvo, el DNU dejaba “librados a los usuarios al fenómeno de la cartelización de mercado de salud” y una decisión de esa naturaleza sólo podía hacerla el Congreso Nacional. Añadió que el Ejecutivo podría haber incluido la iniciativa en sesiones extraordinarias, como lo hizo con otros asuntos legislativos, y que no estaba probada la necesidad y la urgencia.
El Estado Nacional y la empresa Swiss Medical apelaron. La Procuradora Fiscal entendió que correspondía confirmar la sentencia en cuanto a la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU y sobre la orden de la autoridad estatal de reasumir control fiscalizador sobre los aumentos.
En sus argumentos, los jueces citaron un reciente fallo en la causa conocida como “Cencosud” en el que sostuvieron que “la Constitución Nacional no deja dudas acerca de que la admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace en condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción a exigencias formales que constituyen una limitación y no una ampliación de su práctica anterior”.
PS

