Adiós al 6%: la ley de Presupuesto borra el piso para educación y hay polémica

El proyecto deroga la obligación de invertir ese porcentaje del PBI.La exigencia es para Nación y las provincias y existe desde 2006, pero solo un año se cumplió.Dudas sobre el anuncio de Milei sobre inversión educativa.
El discurso del presidente Milei, en el anuncio de la Ley de Presupuesto, sorprendió a muchos por el cambio en el tono. También porque, por primera vez, incluyó a la educación como un área a la que hay que dar prioridad.
Sin embargo, una vez conocido el texto de la ley se levantó la polémica, porque uno de los artículos (el 30) deroga la obligación que tiene el Estado de invertir 6% del PBI en el área.
También, porque Milei anunció una suba de 8% sobre la inflación para educación en 2026, pero muchos dicen que muy difícil que se produzca.
La obligación de inviertir 6% del PBI viene desde el año 2006, cuando se sancionó -por amplia mayoría- la ley de Educación nacional, que está actualmente vigente. Esa norma establece que el Estado nacional y las provincias tienen que invertir (en conjunto) al menos 6% del PBI en educación. La norma casi no se cumplió: solo en 2015 el Estado llegó a ese porcentaje de inversión.
El año pasado el Gobierno había propuesto en el Presupuesto -que no se votó- suspender esta obligación por un año. Pero este año directamente la eliminó.
La inversión consolidada en educación ha venido bajando en los últimos años. La última cifra oficial es 4,9% en 2023 y se estima que la inversión en 2024 ya fue del 4%.
Javier Curcio, economista e investigador de la UBA y el CONICET, dijo que dos tercios de esa caída lo explican la desinversión que hizo la Nación al eliminar el Fonid (fondo para pago de salarios docentes), más los recortes en universidades y otros programas.
El Estado nacional invirtió 1,43% del PBI en educación en 2023 y bajó fuerte a 0,86% en 2024. El estimado para este año, sin la Ley de Financiamiento Universitario (con el veto firme), sería del 0,73% y el año que viene, con el actual Presupuesto, rebotaría a 0,75%.
El otro tercio de caída corresponde a las provincias, y se debe -sobre todo- a la baja del salario docente, que acompañó al resto de los salarios de la economía, dice Curcio.
La inversión más baja en educación de los últimos años se había producido con la crisis del 2001, cuando llegó a 3,9% del PBI y se multiplicaban las protestas. La ley votada en 2006 buscó revertir esa situación.
Además de educación, el proyecto presentado el lunes por Milei también propone derogar las normas que garantizan una inversión de 0,52% del PBI en ciencia 0,2% en educación técnico profesional y los fondos para los institutos educativos de Defensa.
La propuesta de derogar la obligación del 6% en educación desató una polémica entre los especialistas. Mientras que algunos afirman que sincera una situación que ya se da de hecho, otros ponen el acento en la señal que representa en contra de la educación.
Entre los primeros está Mariano Narodowski, profesor de la Universidad Di Tella. “La derogación del 6% del PBI para educación sincera lo que sucedía. Sólo se cumplió en 2015 y estuvo cerca en 2017. La deuda acumulada hasta 2020 era de unos 26 mil millones de dólares que se dejaron de invertir en educación”, le dijo a Clarín.
“El incumplimiento es de los gobiernos nacionales y provinciales: Milei deroga por derecho lo que los presidentes y gobernadores habían derogado de hecho. Se observa un consenso de Estado sobre el tema y no deberían producirse grandes resistencias parlamentarias”, agregó.
Javier Curcio tiene otra mirada. “Veo bien que no tengamos leyes testimoniales que no se cumplen. Pero al mismo tiempo es mala señal despriorizar una serie de sectores que son estratégicos para el desarrollo, donde se acumula una caída de inversión cercano al 50% en los últimos dos años”.
“Sería bueno impulsar un debate sobre cómo priorizar la educación, la ciencia y los distintos desafíos que se requieren para diversificar la matriz productiva, incorporarse en el mundo de la economía del conocimiento y poder encontrar mecanismos de desarrollo sostenible. El mundo desarrollado crece porque invierte en esto y lamentablemente acá no hacemos más que sacarle recursos”, agregó.
“El proyecto es un misil a la línea de flotación del sistema educativo argentino porque ya no habrá una garantía explícita al financiamiento de la educación. Se quita fuerza al mandato constitucional de asegurar este derecho para todos los habitantes. La decisión muestra una clara desvalorización de la importancia de cumplir las leyes educativas al desaparecer la garantía de su financiamiento”, dice, por su parte, Manuel Alvarez Trongé, presidente de Educar 2050.
“¿Por qué esta medida es grave? Porque hoy en Argentina el 85,8% de los estudiantes del último año de secundaria no tiene los conocimientos mínimos en Matemáticas, el 55% de los adolescentes de 15 años no comprenden lo que leen, la desigualdad educativa es extrema y el salario docente en la gran mayoría de los casos está debajo de la línea de pobreza. ¿Cómo enfrentar las soluciones a esta vergüenza nacional sin normas que garanticen y den un parámetro de cumplimiento?”, agregó.
En el mensaje por cadena nacional, el presidente Milei dijo que el año que viene la inversión en educación estará 8% por arriba de la inflación. Los especialistas pusieron reparos a esa cifra.
El economista Javier Curcio explica que ese cálculo tiene algunas inconsistencias. En primer lugar, se da por hecho que el veto a la Ley de Financiamiento Educativo va a quedar firme, algo que está por verse. Aún así, si eso se produjera, para que la educación crezca ese 8 % debieran darse tres condiciones de casi imposible cumplimiento, dice Curcio.
La primera es el crecimiento. El proyecto lo estima en 5,5% para este año más otro 5% para el que viene. Curcio afirma que ya este año no se llega al 5,5% (a lo sumo más de 4%), pero también es difícil lo establecido para 2026.
La segunda condición es la inflación. Para llegar al 10,4% de 2025 que establece la ley, en lo que queda del año tendría que haber 1% de inflación todos los meses. Y pasar al 10% el año que viene implicaría un promedio mensual de 0,8%. También, es difícil.
Tercera condición: el tipo de cambio. El proyecto establece que va a cerrar este año a 1.325 y el año que viene a 1.423.
“Solo si se cumplen esos indicadores se revierte el 8% en educación. Pero crecería tras haber acumulado una caída de 45% en 2024 más 10% este año. Sería el rebotas de un 8%”, cerró Curcio.
