La vicepresidente Victoria Villarruel volvió a desmarcarse del gobierno y a reafirmar su cercanía con la Iglesia católica, al haber convocado a representantes de la Pastoral Social y Cáritas para exponer en una reunión informal con senadores su posición crítica al proyecto del oficialismo de baja de la edad de imputabilidad a los 14 años.

En el encuentro los delegados de los obispos insistieron en que el cambio no disminuirá los delitos cometidos por menores y en la necesidad de un abordaje integral de la problemática de la delincuencia juvenil que abarque la prevención, la contención en lugares adecuados y el ataque a la pobreza y la deserción escolar.

La reunión se produjo luego de que la Cámara de Diputados le diera la media sanción al proyecto y fuese girado al Senado que se apresta a tratarlo la semana que viene, y tras el reclamo de la Iglesia católica de ser escuchada por los legisladores porque considera que tiene una experiencia en el territorio.

Mientras el presidente Javier Milei hace dos años que no recibe a los obispos y en cambio si con frecuencia a pastores evangélicos -su principal organización acaba de apoyar la baja de imputabilidad, pero pidiendo un abordaje integral del problema-, Villarruel inauguró un oratorio católico en el Senado.

Dias pasados, durante una visita a La Rioja con ocasión de la fiesta de La Chaya, la vicepresidente se reunió con el obispo provincial i¡y titular de al Pastoral Social, Dante Braida, y por primera vez visitó la tumba de una víctima de la dictadura: la del beato monseñor Enrique Angelelli.

Los miembros de Pastoral Social y Cáritas expusieron los ejes de la “Carta Abierta a los Legisladores Nacionales”, un documento que difundieron dias pasados en el que plantean que la respuesta penal temprana no constituye una solución eficaz frente al delito juvenil.

Allí señalan que “la evidencia regional muestra que los países con edades de imputabilidad más bajas registran mayores niveles de violencia, mientras que la Argentina —con un piso de 16 años— mantiene una de las tasas de homicidios más bajas de la región”.

Sostienen que el Estado “no cuenta hoy con las condiciones materiales, institucionales ni presupuestarias necesarias para implementar un régimen que garantice acompañamiento integral, atención en salud mental, continuidad educativa, formación laboral y procesos efectivos de reinserción social”.

En ese marco, advirtieron que “en un contexto de desfinanciamiento de políticas sociales, la ampliación de la respuesta penal recaería principalmente sobre los sectores más vulnerables sin atacar las causas estructurales de la violencia”.

También subrayan que “los adolescentes son sujetos en desarrollo y que la evidencia científica indica que el cerebro aún no ha alcanzado la madurez plena para evaluar completamente las consecuencias de los actos”.

Por eso, consideran que “los conflictos que involucren a menores de 16 años deben continuar siendo abordados por el sistema de protección de derechos y los juzgados de familia, dejando al sistema penal como última instancia”.

Respecto de los mayores de 16 años que cometan delitos graves, proponen “fortalecer mecanismos de justicia restaurativa” porque estos modelos “contribuyen a reducir la reincidencia y a promover instancias de reparación hacia las víctimas y la comunidad”.

Finalmente, alertaron sobre posibles cuestionamientos de constitucionalidad del proyecto en debate, al entender que “podría implicar una medida regresiva en materia de derechos humanos y contraria a compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino”.

“La solución a la violencia no es el castigo temprano, sino la prevención, la inclusión y la creación de oportunidades reales. Lo que está en juego no es solo una ley, sino el modelo de sociedad que queremos construir”, advierten.