En el marco de la Ruta del Dinero K, tras la confirmación de la Corte Suprema de Justicia del fallo que sostiene que Lázaro Báez y otras 21 personas lavaron 55 millones de dólares, fueron trasladados a la cárcel de Marcos Paz Fabián Rossi, Juan De Rasis, Gustavo Fernández, Eduardo Castro, y Carlos Molinari después de haber quedado detenidos este lunes por orden del juez federal Néstor Costabel.

En ese penal empezarán a cumplir la condena en la causa de lavado de dinero.

Según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, al juez Costabel le llegó el informe por parte de la Policía Federal donde se consignó que la sede de Madariaga "era lugar de tránsito y como todavía el Cuerpo Médico Forense no otorgó fechas de exámenes médicos, la estadía no podía extenderse en dicho lugar".

Por ese motivo el magistrado ordenó el traslado de los cinco detenidos a la cárcel de Marco Paz, que depende del Servicio Penitenciario Federal.

Como varios de los imputados requirieron el arresto domiciliario, el presidente del TOF 4 decidió que hasta que dicha solicitud se resuelva, Rossi y los demás acusados deberán permanecer en la cárcel federal.

En caso de ser rechazada la morigeración de la pena, será el Servicio Penitenciario Federal el responsable de trasladar a los acusados y fijar la permanencia en Marcos Paz.

Con un voto mayoritario y la integración con dos conjueces, la semana pasada la Corte rechazó los recursos de queja interpuestos por las defensas. Esos planteos buscaban revertir el criterio de la Cámara Federal de Casación, es decir, la confirmación de la sentencia condenatoria que dictó el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) que encontró a los 22 involucrados responsables del delito de lavado de dinero.

Las condenas dispuestas en este caso son: Lázaro Báez (10 años), Martín Báez (6 años y 6 meses), Fariña (3 años y 6 meses), Pérez Gadín (6 años), Chueco (6 años), Mendoza (5 años), Rossi (4 años y 6 meses), Fernández (4 años y 6 meses) y De Rasis (4 años y 6 meses) como coautores, en el caso de los primeros seis, y partícipes necesarios para los últimos dos, del delito de lavado de activos agravado.

La condena que confirmó el máximo tribunal penal da por “acreditado que a través de un sofisticado mecanismo societario y financiero, que incluía el empleo de sociedades 'pantalla' -eludiendo los controles fiscales-", los acusados lograron lavar sumas millonarias de dinero.

En la Ruta del Dinero K, se corroboró la existencia de una organización criminal que entre los meses de diciembre del 2010 y abril del 2013 realizó maniobras de lavado de dinero implicados principalmente del manejo de la empresa Austral Construcciones que dirigía Lázaro Báez, a través de la financiera SGI mediante un entramado que funcionó en el país y en el exterior y que logró la expatriación de fondos de origen ilícito y su posterior reingreso por un total de 54.872.866,69 dólares.

Según se estableció, el dinero depositado en el extranjero ingresaba a las cuentas de diversos bancos internacionales –generalmente con bajos controles fiscales- a nombre de otras personas jurídicas.

La maniobra contó con otra etapa: se adquirieron bonos de deuda pública que ulteriormente fueron liquidados en la plaza local, simulando una supuesta inversión multimillonaria de una empresa fiduciaria suiza para adquirir acciones de la empresa Austral Construcciones.

La etapa final del circuito incluyó una "repatriación por una operación bursátil con apariencia de legalidad (lavado de dinero), junto a otros activos que fueron detectados y decomisados" y así "reingresar al circuito el dinero de origen ilícito".

En ese parte del entramado de lavado se utilizó la financiera SGI -la "Rosadita"- que fue conocida por las imágenes en las que, entre whiskys y cigarros, Martín Báez y otros ex socios de Báez contaban cinco millones de dólares. Es, justamente, en este tramo donde quedó involucrado Fabián Rossi a quien se lo ve en las grabaciones que se sumaron como prueba clave al caso.

“Se probó que el dinero así depositado en el extranjero ingresaba a las cuentas de diversos bancos internacionales –generalmente con bajos controles fiscales- a nombre de otras personas jurídicas, que los acusados luego circularon", sostiene la condena.