La Corte Suprema de Justicia puso en marcha el mecanismo administrativo comenzó el para devolverle al Estado el dinero y los bienes decomisados a nombre de Lázaro Báez y Martín Báez, en el marco de Ruta del dinero K, por la suma de 60 millones de dólares.

A través de un oficio al presidente del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), el juez Néstor Costabel, responsable de ejecutar la pena por la que el ex socio comercial de Cristina Kirchner fue condenado a diez años de prisión por haber lavado 55 millones de dólares, fue notificado del inicio del proceso de ejecución patrimonial.

El director general de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte Suprema, Sergio Romero, informó que se “ha dispuesto el decomiso de sumas dinerarias la adjudicación definitiva de los fondos obtenidos de las subastas realizadas en el marco del incidente N° 3017/2013/TO2/14 y de bienes inmuebles registrados a nombre de los ciudadanos Lázaro Antonio Báez y Martín Antonio Báez.

Asimismo, la documentación oficial consigna que se dispuso que se proceda a “su inscripción registral bajo la titularidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", tal como establece el Código Procesal Penal de la Nación.

Desde el maximo tribunal se ordenó al TOF 4 que, como primera medida, se proceda a “la transferencia de las sumas de dinero decomisadas, así como de los fondos obtenidos de las subastas mencionadas” a dos cuentas (una en pesos y otra en dólares) pertenecientes al máximo tribunal. Y solicitó la remisión de la documentación correspondiente a los procesos de subasta.

Según la sentencia dictada por el TOF en abril de 2021, en la causa, por los distintos hechos juzgados, hay decomisados 54.872.866,69 dólares, 5.000.000 dólares, 307.994,17 dólares y 950.000 dólares. La suma da un total de 61.130.860,86 dólares. La sentencia también incluyo distintas cifras en pesos, que el tribunal dispuso que fuesen “ajustables conforme al índice de actualización de precios del consumidor del INDEC”, que suman unos 4.174.697 pesos.

El 28 de febrero de 2023, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó los decomisos. El 29 de mayo de 2025, la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisibles los recursos presentados y dejó firme las condenas y los decomisos.

El TOF entonces notificó de la decisión para proceder a la ejecución de los bienes. Pero para ese momento el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto 575/2025, creó el Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacional, dependiente del Ministerio de Justicia, como órgano de supervisión, evaluación y toma de decisiones al respecto. Los bienes quedaban así bajo custodia del Ministerio de Justicia.

La Corte Suprema ya había fijado este año criterios específicos sobre el manejo de esos bienes, al disponer que son los jueces intervinientes en las causas penales quienes deben ejecutar las penas, dictar las medidas cautelares y disponer sobre los bienes decomisados. La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) inició una demanda sosteniendo que se estaba afectando la independencia del Poder Judicial y las facultades propias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En octubre, el juez federal en lo contencioso administrativo Pablo Cayssials dictó una medida cautelar que impedía al Gobierno Nacional avanzar con la aplicación del Decreto 575/25. Según ese fallo, el decreto “altera de manera integral el sistema de gestión de bienes de origen ilícito” mediante un mecanismo “que excede los límites constitucionales previstos para la emisión de decretos de necesidad y urgencia”. Según dijo, la norma “no introduce simples ajustes, sino que establece un nuevo régimen general que impacta directamente en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial”, afectando incluso su autonomía y autarquía presupuestaria. “Se ha acreditado la presunta vulneración de la independencia del Poder Judicial de la Nación y la afectación de facultades propias de la Corte Suprema”, se expresó.

Según se determinó en este caso, el ex socio comercial de la vice fue el eslabón esencial e indiscutible de una estructura que durante tres años lavó 55 millones de dólares. Nada se podría haber materializado sin Austral Construcciones, la firma insignia de Báez que inició su actividad en mayo de 2003, cuando Néstor Kirchner llegó a la Casa Rosada. Los fondos que provenían de la obra pública vial que ganó sistemáticamente, fueron en parte volcados a las operaciones de blanqueo, según condenó el TOF 4.

La sentencia de juicio que obtuvo firmeza hace dos meses por parte de la Corte Suprema de Justicia, le atribuyó a Lázaro Báez el delito de lavado de activos, agravado por la habitualidad. Además de la condena a prisión, el contratista debe responder con las propiedades y vehículos adquiridos por él, como también las empresas constituidas las que estuvieron bajo investigación como producido de la maniobra delictiva.

A 2016, según el Tribunal de Tasaciones, sus bienes valían 3.058.871.300 pesos, equivalentes entonces a 205.134.525 dólares. Ese valor fue otorgado a los 440 bienes inmuebles y los 972 rodados y máquinas viales que había adquirido, y que la justicia atribuyó a las operaciones de blanqueo.

La Justicia certificó que el patrimonio del empresario se incrementó entre 2004 y 2015 en un 12.127 %, y el de Austral Construcciones un 45.313%.

Entre los más de 1.400 bienes de Báez hay terrenos, casas, departamentos, cocheras, hoteles, empresas, estancias, locales comerciales, estaciones de servicio, galpones, edificios, aviones, vehículos y maquinaria vial. Las propiedades están distribuidas en diez localidades de Santa Cruz, también en las provincias de Chubut, Buenos Aires, Río Negro, Tierra del Fuego, Chaco y Santiago del Estero, además de Capital Federal. Además, se contabilizaron en 972 vehículos y maquinaria vial pertenecientes a Austral Construcciones.

El fiscal Córdoba solicitó que el dueño de Austral Construcciones devuelva 2.171.023.200,84 pesos.

Para su hijo, Martín Báez, la multa es de siete veces el monto de la operación de lavado. Por ese motivo, el fiscal determinó que se le decomisen 1.728.495.300,74 pesos.

Ente los dos, deberán entregar 3.900 millones de pesos.