El secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, renunció este lunes a su cargo en medio de las discusiones en el oficialismo por los recortes en el área incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027 que presentó el Gobierno la semana pasada.

El funcionario formalizó su salida del Gobierno mediante una carta que dirigió al ministro de Salud, Mario Lugones. “Por medio de la presente le comunico mi renuncia al cargo de Secretario Nacional de Discapacidad, haciendo efectiva la misma a partir de este momento”, escribió Vilches.

Había llegado a la Secretaría de Discapacidad en agosto del año pasado luego de que apartaran del cargo a Diego Spagnuolo, tras la difusión de audios que hablaban sobre un supuesto entramado de coimas entre prestadores de servicios y funcionarios. Ahora resta saber quién lo reemplazará en el cargo.

Aunque desde el Gobierno también insistieron con que la renuncia de Vilches está motivada únicamente por cuestiones personales, la salida del funcionario se da en medio de la tensión interna por la derogación de artículos vinculados al financiamiento en el área de discapacidad que ya habían negociado con la oposición aliada.

El Presupuesto propone regresar a un esquema de pensión por invalidez que no llega a los $ 300 mil y que se le da de baja si el beneficiario tiene un empleo. También deja en manos de las obras sociales y de las prepagas el monto destinado a los prestadores, en un área tan sensible como la discapacidad, que afecta a casi 6 millones de personas y a sus respectivos familiares.

La primera en manifestar su malestar por la falta de información interna respecto a las decisiones de cambiar elementos que ya habían sido acordados en el Presupuesto fue Patricia Bullrich.

“A mí me sorprendió porque estando en la mesa política el tema no salió a la luz y llegó el Presupuesto con esta introducción de cambios en la Ley de Discapacidad que no eran conocidos”, cuestionó la senadora.

El proyecto de Presupuesto 2027, que ingresó cerca la medianoche de este martes, al filo de la fecha fijada por ley, propone -entre otras modificaciones- regresar al esquema de pensión por invalidez, que representa el 70 % de la jubilación mínima. De esta manera, quienes tengan el Certificado Único de Discapacidad (CUD) no podrán percibir ningún tipo de compensación si registran un empleo.

Otro de los puntos más controvertidos tiene que ver con el esquema del nomenclador: según se prevé en el documento enviado desde el Ministerio de Economía, los valores dejarán de ser universales y liberan a las entidades a determinar las cifras. Es decir que las obras sociales y las prepagas fijarán los valores que se pagarán a los prestadores. En el caso de Nación, se actualizarán trimestralmente y, si no se hace, se tomará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informa mes a mes el Indec.

Además, el proyecto de Presupuesto deroga la garantía de acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud a las personas que cuenten con una Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social. También se fija que los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad serán equitativos para todas las entidades contempladas por la presente ley, además de ser determinados por el directorio de dicho organismo y actualizados según lo dispuesto en el Decreto 274/24 del Poder Ejecutivo Nacional.