La Corte Suprema de Justicia firmó dos acordadas este viernes, a través de las cuales designó al nuevo Secretario de Desarrollo Institucional y concedió facultades ampliadas al Secretario General. La decisión tuvo el voto en disidencia del juez Ricardo Lorenzetti que se pronunció en duros términos en contra de los demás integrantes del máximo tribunal acusándolos de crear “cantidades increíbles de oficinas sin sentido”.

Lorenzetti criticó el criterio adoptado en diferentes temas por parte del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, el vicepresidente, Carlos Rosenkrantz, y su par, Juan Carlos Maqueda.

“Ambición desmedida”, “creación de cargos sin sentido”, "violación a las “facultades de la Corte”, son sólo algunos de los términos que el integrante de la Corte Suprema volcó en dos votos con los que marcó -nuevamente-, su distanciamiento de los demás miembros del máximo tribunal.

Lo que viene será una Corte de tres integrantes, las frustradas negociaciones de la Casa Rosada para que sus dos candidatos lleguen a cosechar los dos tercios en el Senado necesarios.

La primera de las acordadas de este viernes explica que, en función de lo que la Constitución Nacional dictamina, la Corte “dictará su reglamento interior y de esta manera la habilita a adoptar, en el ámbito de sus atribuciones, todos los actos de gobierno necesarios para afianzar la justicia”.

En ese sentido, se indicó que con la finalidad de “agilizar el funcionamiento”, la Corte “ha delegado funciones de superintendencia administrativa en un Secretario del Tribunal”.

La resolución delega en el Secretario General de Administración la facultad de evaluar y resolver licencias de funcionarios y empleados del Poder Judicial, prórrogas de licencias para desempeñarse en otro tribunal del Poder Judicial de la Nación, prórrogas de licencias para prestar servicios en el Ministerio Público Fiscal, en el Ministerio Público de la Defensa, en poderes judiciales locales o en otros organismos del Estado”.

Esta enumeración que parece inocente, no lo es: si Ariel Lijo quisiera pedir licencia en su juzgado federal para asumir en la Corte en comisión por medio de un decreto, el Secretario de Administración podría negárselo.

También se concedió la potestad de resolver sobre “prórrogas de licencias sin goce de haberes por razones personales, licencias por motivos gremiales, licencias requeridas por magistrados y funcionarios para reuniones o eventos convocados por la Asociación de Magistrados”, entre otras funciones administrativas.

Para Ricardo Lorenzetti, esta resolución es una “acción ilegal y sin precedentes”. La delegación concedida, dijo el magistrado, “lesiona el funcionamiento de la Corte Suprema, porque no son los jueces los que deciden, sino un funcionario. Es evidente que se hace para que los nuevos integrantes del tribunal no tengan ninguna participación en los temas que les interesan a los integrantes del Poder Judicial”.

Bajo ese mismo análisis, el ex presidente de la Corte consideró que se está ante una situación que “lesiona la independencia judicial de los magistrados, porque un funcionario, que fue designado sin concurso, sin experiencia, puede decidir a su arbitrio sobre cuestiones muy importantes para todos los jueces y juezas del país”.

La jurisprudencia de la Corte -continuó criticando Lorenzetti- “ha considerado a este tipo de delegaciones como inadmisible porque implica dar un mandato abierto a quien no ha sido electo mediante los mecanismos constitucionales correspondientes”.

Hubo un contrapeso a estos planteos. Fuentes judiciales cercanas a los compañeros de Lorenzetti en la Corte indicaron que a diferencia de su actual postura frente a las posibles nuevas incorporaciones, “durante la última presidencia de Lorenzetti y desde que se publicó el decreto para designar a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en la Corte Suprema (15 de diciembre de 2015) hasta que juraron como ministros el 29 de junio de 2016 y el 22 de agosto de 2016, se produjeron una gran cantidad de modificaciones de organigrama y designaciones en la Corte”.

Se remarcó que por resoluciones 435, 991 y 1733 se crearon 167 cargos para la DAJUDECO, la oficina de escuchas judiciales. La última de esas resoluciones, que creó 50 cargos, fue firmada el 15 de junio de 2016, a dos semanas de que ingresara Rosatti a la Corte.

En sus votos de este viernes, Lorenzetti también se refirió a la conformación del máximo tribunal, que por la jubilación del doctor Maqueda desde el 29 de diciembre quedará con tres miembros. Esto, en gran medida, es porque no avanzó en los plazos esperados por el Gobierno la discusión en el Senado respecto de los candidatos del gobierno para completar la Corte: el juez Lijo y el catedrático Manuel García-Mansilla.

Como la Corte quedará con tres miembros, este miércoles firmó una acordada para la designación de conjueces para los casos en que no haya acuerdo unánime.

“No hace mucho se invocaba que la gestión interna del Tribunal debía ser colegiada, técnica, transparente, con designaciones mediante concursos basados en el mérito, con miras a mejorar el Poder Judicial. Todo eso ha sido abandonado por una ambición de poder que es tan sorprendente, como ilusoria e inapropiada en jueces del máximo tribunal de la Nación”, dijo Lorenzetti, y se refirió a la próxima integración.

Lorenzetti volcó más críticas en la segunda disidencia que firmó sobre la acordada a través de la cual Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda nombraron a Juan Pablo Lahitou frente a la secretaría de Desarrollo Institucional.

“Desde que se anunció la nominación de dos nuevos jueces, se han creado cantidades increíbles de oficinas sin sentido, cargos de secretarios de Corte como nunca hubo en el Tribunal, secretarios letrados, acordadas para poner en cabeza de otros funcionarios decisiones de superintendencia que corresponden a los jueces de la Corte, fijación de reglas generales para que las causas sean juzgadas por conjueces, presiones a los secretarios de Corte para que se jubilen, y designaciones de personas sin concurso ni experiencia con la sola prueba de la vinculación con algún ministro y otras más que se enunciarán en considerandos posteriores”, manifestó.

Pero fuentes de la Corte señalaron sobre estos planteos que Lorenzetti, “desde el 17 de mayo de este año viene insistiendo con la necesidad de paralizar el funcionamiento de la Corte hasta tanto se incorporen dos nuevos integrantes”.

El minoritario integrante del máximo tribunal alertó que “no sólo hubo un aumento de gasto, sino una pérdida de ingresos. Hubo un abandono total de los fondos anticíclicos, sin gestión alguna, que han perdido valor y que, seguramente afectará el funcionamiento, con las consiguientes responsabilidades”.

Los argumentos fueron más allá y señaló: “Es una falta de respeto a la sociedad, que ha reclamado austeridad en el Estado y es una falta de respeto al resto del Poder Judicial, que carece de los recursos necesarios para brindar un adecuado servicio de justicia a la población. Es evidente que se trata no sólo de un fin de año, sino de un fin de ciclo, y es relevante que la sociedad conozca las posiciones en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Finalmente, Lorenzetti habló de “peleas por ocupar espacios de poder en el tribunal” que “terminaron menoscabando la función prioritaria de la Corte, que es la de dictar sentencias en casos de trascendencia institucional” y sostuvo que hay más de 87.000 causas que aguardan una resolución por parte del máximo tribunal.

Ante la consulta de Clarín, fuentes judiciales refutaron esos números. Se señaló que desde 2024 la Corte “dictó más de 12.250 sentencias, récord en el marco de un incremento interanual que se sostiene a lo largo de los últimos años”.

En cuanto a la conformación del máximo tribunal se recordó que a lo largo del año en curso, estuvo integrado por cuatro miembros, en lugar de los cinco que marca la normativa vigente. “Esta cifra de sentencias se alcanzó con una dotación de personal que se mantiene estable a lo largo de los años. En paralelo, en el primer semestre del año ingresaron a la Corte 20.853 nuevas causas”, se añadió.