Por presión de los bloques aliados y para evitar que se caiga el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, el Gobierno tuvo que aceptar que se suspenda el tratamiento del capítulo que modificaba la Ley de Tierras y eliminaba las restricciones a la compra por parte de extranjeros.

Patricia Bullrich, la jefa del oficialismo en la Cámara alta, tuvo que convocar a una reunión de urgencia con los aliados para tratar de evitar que se vuelva a frustrar el tratamiento del proyecto impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, luego de cuatro intentos.

En una reunión en la que participaron senadores de La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, el PRO, Provincias Unidas y otros bloques provinciales se resolvió por consenso postergar el tratamiento del Capítulo III del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, referido al régimen de tierras rurales.

En este sentido se destacó que la decisión fue adoptada por "unanimidad entre los integrantes del espacio con el objetivo de continuar trabajando sobre ese capítulo y alcanzar un mayor nivel de consenso". Asimismo, se remarcó que "la postergación no implica su eliminación del proyecto", aunque algunos aliados dan por cerrada la discusión.

Lo concreto es que la ex ministra accedió a los pedidos de los bloques dialoguistas de sacar el controvertido articulado que fue modificado más de 15 veces y en la última negociación, la Casa Rosada había accedido a llevar del 15 % al 25 % el porcentaje de tierras que podían ser vendidas a extranjeros. Así se buscaba retrotraer la ambición del Gobierno de ir por la eliminación de todas las restricciones para la compra de tierras por partes de extranjeros.

Estaba claro que el oficialismo tenía dificultades para reunir los votos y eso quedó reflejado en la conferencia de este martes cuando Bullrich anuncio el acuerdo con la oposición amiga, pero al dar el anuncio solo estuvo acompañad por los libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez, dos alfiles de Karina Milei en el Senado. La imagen anticipaban una situación complejo para el oficialismo porque no estaban ni el misionero Martín Goerling (PRO) ni tampoco Eduardo "Peteco" Vischi (UCR).

La ausencia de aliados clave terminó por definir las posiciones de senadores que caminaban por la línea de la duda. Pero fueron los gobernadores los que salieron a marcar el territorio. Rolando Figueroa, desde Varvarco, un pueblito de Neuquén, avisó: "No estamos de acuerdo con la extranjerización de la tierra y no vamos a acompañar iniciativas que avancen en ese sentido en el ámbito nacional".

Desde el norte, Gustavo Sáenz (Salta) bajó línea para que sus senadoras, Flavia Royón y la jujeña Carolina Moisés, voten en contra de la venta de las tierras rurales, mientras que Raúl Jalil (Catamarca) también dio instrucciones similares a Guillermo Andrada.

En el mismo eje peronista anti K, el tucumano Osvaldo Jaldo confirmó que tanto Sandra Mendoza como Beatriz Ávila le habían anticipado su rechazo a la iniciativa. "He conversado con las dos senadoras nacionales y he visto que las dos se están oponiendo a la aprobación de la ley y son personas que no cambian de posición”, declaró el gobernador.

Misiones, que atraviesa una fuerte crisis política luego del portazo que dio el gobernador Hugo Passalacqua al diferenciarse de la estrategia del poderoso Carlos Rovira, tampoco le dará los votos a Javier Milei. "Lo que amamos no se vende", fue el mensaje del mandatario provincial, mientras que su senador Carlos Arce emitió un comunicado confirmando el rechazo a la reforma de la Ley de Tierras.

A estas voces se sumó también el correntino Gustavo Valdés, ex gobernador y actual senador provincial, quien transmitió su oposición al proyecto de extranjerización de las tierras. Si a este mensaje se agrega el pedido del presidente del Comité Nacional de la UCR, Leonel Chiarella, de rechazar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada se desmorona también el apoyo del radicalismo, que hasta la sesión del mes pasado estaba dividido sobre el tema y le permitía al Gobierno soñar con la adhesión de 6 o 7 senadores.

Hay que tener en cuenta que Chiarella es delfín de Maximiliano Pullaro y si bien el gobernador de Santa Fe tuvo una posición ambigua haciendo bajar una bandera en contra de la ley que se colgó en el estadio de Newelll's, no estaría entre quienes darían una mano a la administración libertaria.

Estaba confirmado el rechazo de Maximiliano Abad, el pampeano Daniel Kroneberger y el catamarqueño Flavio Fama, que al igual que la mendocina Anabel Fernández Sagasti, pidió que se lo autorice a participar de manera remota porque se recupera de una intervención quirúrgica, ya que fue operado de la rodilla recientemente.

"La situación estuvo muy mal manejada desde un principio. Este proyecto no lo defendió el Gobierno, no lo defendió el oficialismo y quieren que nosotros salgamos a dar la cara", protestó un senador aliado, quien desestimó la posibilidad de que haya margen para que la Casa Rosada envíe una nueva propuesta.

Con esta suma de rechazos, el oficialismo tiene escasas -casi nulas- chances de conseguir la aprobación del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada porque en concreto tiene 21 votos propios, a los que podrían sumar al PRO, aunque la pampeana Victoria Huala estaba en duda al considerar que no estaban dadas las condiciones para sesionar mañana.

En síntesis, sin el apoyo de la mayoría de los aliados, el oficialismo se arriesgará a un fracaso rotundo que le impedirá recuperar este debate, porque el peronismo con 28 senadores entre propios y aliados podría alcanzar casi 40 votos de rechazo a la propuesta del Gobierno.

Más allá de cómo se defina la votación, la sesión de este jueves estará cruzada no sólo por una importante manifestación frente al Congreso sino también por el pedido de la senadora de La Cámpora, Anabel Fernández Sagasti para que se la autorice a participar de la sesión de modo remoto para