La causa que investiga el ataque contra el edificio de Artear donde funciona el canal de noticias TN fue derivada de la justicia de la ciudad a la Federal, dado que se determinó que el delito a analizar es el de "intimidación pública", lo que corresponde al fuero federal.

El ataque vandálico a la emisora del barrio porteño de Constitución, protagonizado entre otros por militantes kirchneristas y empleados de organismos públicos, ocurrió el 10 de junio último poco después de que se confirmara la condena a seis años de prisión por corrupción de la expresidenta Cristina Kirchner.

Tras la decisión de la Corte Suprema, que además inhabilitó a Cristina Fernández a volver a ejercer cargos públicos, decenas de militantes fueron hasta su casa en San José 1111 para expresar su apoyo a su jefa política y luego, un grupo se desprendió y provocó daños en la sede de Artear, con pintadas en autos, paredes, rotura de vitrinas y puertas.

Este jueves, TN reveló que la causa que instruía el fiscal porteño Andrés Scanga pasó por decisión del juez que entiende en el expediente a la Justicia Federal al entender que la actitud de los tres imputados y otras personas que siguen bajo investigación configuraba un "delito de intimidación pública" por lo cual correspondía el cambio de fuero.

Además, reportó que según el Centro de Información Judicial (CIJ) un nuevo informe judicial detectó vínculos entre los imputados, otros seis sospechosos de haber participado de la intrusión y ataque vandálico a la sede de Artear y militantes y dirigentes de la agrupación La Cámpora, y otras vertientes del kirchnerismo que se habían movilizado esa noche.

En un cruce de llamados ordenado por la justicia entre las 19.50 y las 23.54 del martes 10 de junio determinó, siempre según TN, que hubo contactos telefónicos entre los seis imputados, entre los que se encuentran el detenido in situ Alberto Alejandro Grasso Rivaldi, Pablo Daniel Giles, Matías Sebastián Federici, José Lepere, Rubén Ezequiel Pavón y Facundo Nazareno Lococo con concejales y militantes de la localidad de Tres de Febrero.

En ese sentido, el reporte del CIJ identificó al concejal de Tres de Febrero Juan Agustín Debandi, integrante de La Cámpora y exvicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y a Santiago Ezequiel Gambarte, también camporista y estudiante de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

Entre otras comunicaciones detectadas, el informe afirma que todos estaban en un radio de cuatro cuadras de la sede de Artear y compartieron llamadas incluso con Paula Benítez, empleada de la Dirección de Cultura y Educación bonaerense.

Ángel "Pachu" Pereyra, un ex empleado del Renaper, candidato del peronismo y estudiante de la misma universidad también aparece en la investigación junto a Melisa Escandar, empleada de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

Otros de los teléfonos que fueron detectados con llamados realizados a los involucrados directamente en los actos de vandalismo corresponden a Hugo Escobar, empleado de la Cámara de Diputados bonaerense, y una empleada de la UOM María Montenegro.

También el reporte ubicó al celular de Bruno Moro, un empleado de la Legislatura bonaerense en la zona, a un postulante de Fuerza Patria de Ituzaingó y empleado municipal, y a la ex diputada provincial Roxana López, ahora empleada del Ministerio de Salud bonaerense.