La justicia federal ordenó una serie de medidas de prueba para trazar el patrimonio del ex presidente de la empresa estatal ARSAT Facundo Leal en la causa en la que le encontraron 2.400.000 de dólares en efectivo y en paralelo fue imputado en un nuevo expediente por presunta corrupción por su paso como presidente Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).

Fuentes judiciales informaron a Clarín que el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli dispuso una batería de medidas de orden patrimonial sobre Leal y el resto de los acusados en la causa por presuntos sobornos para la asignación de un contrato directo a una empresa de logística.

"Se ordenaron medidas de prueba sobre la trazabilidad del patrimonio", resumió una fuente judicial consultada. Entre otras medidas se le pidieron informes al Banco Central de la República Argentina (BCRA). El objetivo es tener un detalle de los movimientos del patrimonio.

Leal fue detenido a fines de mayo cuando allanaron sus dos viviendas, un departamento en la ciudad de Buenos Aires y una casa en Mendoza. Le encontraron 2,4 millones de dólares en efectivo, monedas de otros países, un valija de 19 elementos de espionaje y droga: 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis y 15 cucharas para consumo.

El operativo había sido pedido por el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez para obtener prueba en la causa de corrupción y no había una orden de detención. Pero Leal quedó preso por el hallazgo de la droga. El ex funcionario declaró que era para consumo personal y juez Mirabelli debe resolver si lo procesa y ordena que siga detenido.

Por otra parte, esta semana se comenzó el peritaje sobre el equipo de espionaje que se encontró en la casa de Leal. "Se pudo acceder a parte del material y se está analizando si tenía contenido", informó una fuente de la investigación.

En la causa se investiga el pago de sobornos de parte de la empresa Argentina Logistic Services (ALS) a funcionarios de Arsat para quedarse con un contrato para alojar en un depósito material para el proyecto "Proyecto Shelter-2 de ARSAT".

El expediente se inició en 2024 por un robo. Personal de ARSAT detectó en enero de 2024 que en el depósito habían sido intrusados 17 contenedores de los que se llevaron cables de fibra óptica. La investigación judicial derivó en que detrás había una trama de corrupción.

La empresa no cumplía con las condiciones de seguridad -por ejemplo, el predio no contaba con cámaras de seguridad- y había accedido al contrato a través de una simulación de competencia: una contratación directa que fue fragmentada para evitar una licitación y pasar por la aprobación del directo de ARSAT en la que solo hubo una compulsa de precios en la que se presentaron tres empresas que estaban vinculadas entre sí a través de sus directivos.

El fiscal Domínguez ya pidió la indagatoria de una docena de acusados, entre ellos Leal, ex funcionarios de ARSAT y de la empresa privada.

En paralelo, Leal fue imputado esta semana en otra investigación por posible corrupción. Fundador de ARSAT, Leal fue designado como titular de la empresa durante el gobierno de Alberto Fernández. Con la llegada de Javier Milei a la presidencia continúo en el cargo y en 2025 pasó a estar a cargo del ORSNA, organismo que dejó en febrero de este año. Y volvió a ARSAT donde es empleado de planta permanente.

Por su paso por ORSNA, el fiscal federal Ramiro González lo imputó junto a otros funcionarios por posibles hechos de corrupción. La diputada nacional Marcela Pagano, ex aliada de la Libertad Avanza, denunció que en el ORSNA existiría un entramado en el que se pide un 10 por ciento de coimas para acceder a negocios.

Sostuvo que ese esquema se habría dado con las empresas viales “Agro”, “Lemiro Pietroboni”, “Cemisa” y "Centro Construcciones" mediante un entramado de designaciones con las que Leal seguirá controlando el organismo.

Cuando Leal dejó la titularidad del ORSNA como presidenta del organismo fue designada Noelia Ruiz, quien era la vice. A su vez en la vicepresidenta quedó Lucila Pagani y Facundo Gaitán fue nombrado como “controller” con funciones de supervisión sobre las gerencias del organismo.

Todos ellos fueron imputados por el fiscal González para iniciar una investigación penal en la le pidió al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi las primeras medidas de prueba.

La Fiscalía solicitó que se incorpore un informe de la empresa Nosis sobre la situación patrimonial de los cuatro funcionarios y de las empresas señaladas en la denuncia. También que ORSNA envíe a la justicia los legajos de los funcionarios y la información sobre todas las obras adjudicadas a las compañías.

Por último, solicitó que la Oficina Anticorrupción, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, la SIGEN y la Auditoría General de la Nación informen si tienen denuncias sobre adjudicaciones a esas compañías.