El fiscal federal Franco Picardi ordenó nuevas medidas de prueba en la causa en la que se investiga la compra irregular de dólar oficial durante las restricciones cambiarias del gobierno de Alberto Fernández por parte de las casas de cambio de Elías Piccirillo, Francisco Hauque y Martín Migueles que se habrían realizado en connivencia con funcionarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que debían controlarlos.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que este martes la Fiscalía le requirió al presidente del BCRA, Santiago Bausili, que de manera urgente en 72 horas envíe a la justicia los legajos personales de Fabián Violante, Romina García, Diego Volcic, María Valeria Fernández y Analía Fernanda Jaime.

Son los cinco inspectores jefes y supervisores de entidades del BCRA que en diciembre pasado fueron allanados en el inicio de la investigación judicial. Sus nombres surgieron en una conversación telefónica que Piccirillo grabó con García. Allí la funcionaria reconoce que asesoraba a Hauque cuando eso “está prohibido”.

En esa conversación, García también hace referencia a las amenazas que recibía de Hauque para que deje operar a sus casas de cambio y que eso fue informado en el banco: “Había gente arriba toda entongada, ¿entendés?. Porque si nosotros recibíamos eso, se lo mostrábamos y no hacían nada”. El BCRA les inició la semana pasada una investigación interna a los cinco funcionarios.

La Fiscalía también le solicitó al juez federal Sebastián Casanello que levante el secreto sobre la Unidad de Información Financiera (UFI). Con eso, el fiscal Picardi quiere saber si la UIF tiene Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) o informes de inteligencia vinculadas a Piccirillo, Hauque, Migueles y los cinco funcionarios del BCRA.

La misma medida solicitó sobre cinco entidades vinculadas a los financistas. Una de ellas es “ARG. EXCHANGE”. Clarín reveló el fin de semana que en el allanamiento a la casa de la funcionaria Jaime se encontró un sumario interno del BCRA sobre esa casa de cambio que fue cerrada en 2024. De ese sumario surge que esa financiera entre enero y agosto de 2023 operó más de 188 millones de dólares.

La cantidad de dólares que los tres socios compraron es uno de los puntos que la investigación busca determinar. Para eso se está analizando toda la documentación que la justicia se llevó del BCRA en el operativo que hizo en diciembre pasado junto con la información que la entidad está remitiendo. También se espera el resultado final de los peritajes a los celulares y computadoras que se secuestraron en las casas de los funcionarios.

La causa se inició por la declaración como arrepentido de Carlos "Lobo" Smith, un oficial retirado de la Policía Federal. Smith relató como armó en enero de 2025 un operativo policial ilegal a pedido de Piccirillo para plantearle un kilo de cocaína y un arma a Hauque, quien le reclamaba una deuda de seis millones de dólares.

En esa declaración, el arrepentido contó que comenzó a trabajar con Piccirillo en la campaña presidencial de 2023 que ganó Javier Milei con el traslado de bolsos con pesos. Allí relató que Piccirillo le contó que Hauque tenía amenazados a funcionarios del BCRA y que los "adornaban" para que dejen operar a sus casas de cambio.

El arrepentido también aportó un pen drive con conversaciones de Piccirillo. Una de ellas con la funcionaria del BCRA García. Con todo eso, el juez Casanello y el fiscal Picardi allanaron a los funcionarios e hicieron un operativo en la entidad.

Las defensas de tres funcionarios pidieron la nulidad de los allanamientos porque objetaron que se hayan realizado con la declaración de un arrepentido y un audio que, sostienen, se desconoce si es auténtico.