Luego de que la Cámara Federal de Comodoro Py resolviera apartar al juez Daniel Rafecas de la causa por presunto lavado de dinero vinculada a la compra de una mansión en Villa Rosa, Pilar, los dirigentes de la Coalición Cívica que revelaron la existencia de la lujosa quinta de 105 mil metros cuadrados reaccionaron con una nueva presentación judicial. Pidieron a la Procuración General de la Nación que impulse la apelación del fallo para que el expediente vuelva al fuero federal.

La presentación fue realizada por Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe ante el procurador Eduardo Casal y cuestiona la decisión de la Cámara que, en medio de los allanamientos ordenados por Rafecas, derivó la causa al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10, actualmente subrogado por Marcelo Aguinsky.

Según documentación a la que tuvo acceso Clarín, el pase de la causa al fuero penal económico es "jurídicamente erróneo y contrario al orden normativo vigente". Plantean que el eje central de la investigación es el delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 303 del Código Penal, cuya competencia corresponde a la Justicia Federal común.

En el escrito remarcan que, a partir de la reforma introducida por la ley 26.683, el lavado dejó de ser considerado una forma agravada de encubrimiento para convertirse en un delito autónomo que afecta el orden económico y financiero nacional y compromete obligaciones internacionales asumidas por la Argentina.

En ese marco, citaron fallos de la Corte Suprema para sostener que los casos de lavado de dinero deben ser investigados por la Justicia Federal y no por tribunales especializados en delitos económicos, ya que se trata de hechos que afectan intereses del Estado en su conjunto. También remarcaron que ese fuero especial solo puede intervenir en delitos puntuales previstos por la ley —como los impositivos o aduaneros— y que el lavado de activos no está incluido entre ellos.

También cuestionaron que la Cámara haya tomado la decisión basándose en que se trata de un delito de carácter económico o financiero, o en la posible existencia de otras maniobras vinculadas al dinero. Según explicaron, ese argumento carece de sustento legal y no alcanza por sí solo para cambiar de juez ni para sacar la causa del ámbito de la Justicia Federal.

Otro punto central del planteo es que no importa de dónde provenga el dinero para definir qué juez debe intervenir. Según señalaron, la Justicia ya estableció que, más allá del delito original, los casos de lavado deben analizarse por el impacto que tienen y no por el origen puntual de los fondos.

En paralelo, Del Gaiso y Yofe ampliaron la denuncia original y aportaron nuevos hechos y elementos de prueba documentados. En ese marco, solicitaron que se incluya a Pablo Toviggino, Juan Pablo Beacon y Mauro Javier Paz, entre otros, por su presunta participación en maniobras realizadas a través de las empresas Soma SRL, Malte SRL y Wicca.

La causa se inició por una denuncia de la Coalición Cívica contra Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, titulares de la firma Real Central SRL, propietaria de la casa de más de 105 mil metros cuadrados en Villa Rosa. En la presentación original, la CC pidió que se investigue si los verdaderos dueños del inmueble serían el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, o el propio Toviggino.

El expediente quedó inicialmente en manos de Rafecas, quien ordenó allanamientos en la propiedad y en otra vivienda del partido de Pilar, dispuso la prohibición de salida del país de Pantano y Conte y embargó y congeló sus cuentas y las de la sociedad.

Sin embargo, tras un conflicto de competencia entre juzgados, la Cámara resolvió que el caso debía tramitar en el fuero penal económico al considerar que se encontraría comprometido el orden económico y financiero y que, por el momento, no hay funcionarios públicos involucrados.