La alfombra sirve para tapar la mugre hasta que se infla como lomo de burro y la suciedad que se pretende ocultar, se deschava. El negociado de la política bonarense con el trámite obligatorio de la VTV y, sobre todo, con las fotomultas de la corrupción en la Provincia de Buenos Aires sigue siendo una caja de sorpresas con consecuencias aún desconocidas.

Lo que se sabe es que el Gobierno de Axel Kicillof sabía todo. O por lo menos, lo sospechaba. Por las dudas, ante Clarín, el propio Sergio Massa recordó: "Le avisé al Gobernador que no tenía nada que ver con nosotros (por el Ministro de Transporte, Jorge D´Onofrio, sospechado del cobro de coimas). La continuidad o no del funcionario en su puesto es un tema que lo tiene que resolver la Provincia".

¿Qué se investiga? Un aceitado pero ordinario esquema de coimas e información privilegiada que habría montado D´Onofrío con asistencia de un grupo de jueces de Faltas y abogados a cargo de gestorías.

En realidad, en el peronismo de La Plata cuentan que el ministro (homónimo pero que nada tiene que ver con el ex Presidente de River) habría visto una oportunidad para hacerse de recursos a partir de una estructura ya armada de recaudación ilegal por el cobro de las infracciones en las rutas provinciales.

"Se quedó con la máquina de hacer chorizos", lo incrimina a D'Onofrio un funcionario bonarense que parece un experto en la materia. Y se explaya: "Este negocio es más viejo que la escarapela. El "Gordo" (por el ministro D´Onofrío) se quedó con el esquema que antes operaba bajo el mando de otros muchachos muy conocidos en el peronismo bonaerense. Le advirtieron que no se meta ahí porque ya tenía dueño, pero creyó que era su momento y terminó quedándose con todo".

El administrador de la vieja estructura sería un político de varias canas, aunque las disimula bastante bien. Se trataría de un integrante vitalicio de la mesa chica de la rosca bonaerense, muy ligado al massismo, con profundos contactos con la Justicia provincial, de cabeza prominente y con apellido corto. "Por como viene todo, me huele que se denunciaron entre ellos y después se le fue de las manos", conjetura ante este diario una fuente de la investigación.

La Justicia ya imputo a D´Onofrio, su novia y concejal de Pilar Claudia Pombo y al jefe de la VTV, Facundo Asencio, que se moviliza en una 4x4 Audi Q8 valuada en U$S 200.000. Los acusa de supuestas maniobras de lavado de dinero, pero no se descarta que la causa pueda terminar en asociación ilícita por los protagonistas de la otra pata de la mesa.

Sería la de varios jueces de faltas provinciales que faltarían a la integridad y honestidad. Como Mario Quattrocchi, jefe del juzgado de faltas de La Plata, que además fue bendecido por su amigo (¿y socio?) D'Onofrio para subrogar el juzgado provincial de San Isidro.

Quatrocchi es uno de los seis jueces de falta provinciales que deciden si se cobran o no las infracciones de tránsito, o en todo caso, los montos de cada una de ellas. Les encanta que los llamen jueces pero distan de serlo. Son empleados administrativos nombrados por el poder político del Ejecutivo bonarense. A los jueces de faltas municipales, en cambio, los votan los Concejos Deliberantes.

"Los Juzgados de Faltas de La Plata y San Isidro explican casi el 30% de todas las multas provinciales. Pero están casi todos entongados", indican desde la Justicia.

A Quatrocchi se le sumarían los jueces Marcelo Peralta, de Mar del Plata, Azul y Dolores; la camporista Alicia Parente de Junín con asiento en Chivilcoy; Gonzalo Hernán Vazquez Pol de Lomas de Zamora; y Miriam Viviana Roldán de Merlo. En cambio, para los investigadores, el único que no presentaría irregularidades, "al parecer está limpio", sería Jorge Vicente, de Bahía Blanca.

Detrás, o arriba de estos jueces, revolotearían los abogados de diversas gestorías. Son abogados "amigos" que hasta tendrían acceso al sistema de multas para identificar a los infractores y ofrecerles sus servicios de gestoría a cambio de un porcentaje de las multas que después repartirían con los jueces y poder político.

"Obvio que al sistema no entra un mango de las multas. Es muy fácil detectar el curro. El gran desafío, esta vez, es que se avance con la causa", le dice a Clarín un dirigente que conoce al dedillo el submundo de las multas, sobre todo en el Conurbano. "Creeme que todo esto que contás es un poroto con el entramado de las empresas de fotomultas que contratan en los jefes comunales para controlar sus calles y avenidas. Hay distritos bonaerenses en que la recaudación de infracciones explica el 30% de su presupuesto".

La causa la lleva adelante la Justicia Federal de Campana. Al parecer, tanto D'Onofrio, como su novia Claudia Pombo -presidenta del Concejo Deliberante de Pilar- y Mario Quattrocchi, son los "cráneos" del sistema.

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, se declaró incompetente en la causa. Así la investigación iba a pasar a la Justicia bonaerense, con muchos favores que pagar a ciertos ángulos del poder político. Pero la Cámara Federal les quemó los papeles y obligó al magistrado Charvay (que en medio del escándalo se tomó licencia hasta el 9 de diciembre) a quedarse con la causa e investigar la denuncia. El fiscal federal que amaga a seguir destapando ollas es Alvaro Garganta.

La última cadena del esquema de las multas de la corrupción sería la más obscena. Los sospechados de ser testaferros, es decir, a los que le entra y se gastan la plata.

Los investigadores tendrían documentado que Claudia Pombo, novia del ministro D´Onofrio, habría decidido invertir en la exclusiva Costa del Sol del mediterráneo español. Más precisamente, se habría comprado un bar y un complejo hotelero en Málaga, cerquita de donde otro caído en desgracias, Martín Insaurralde, también se gastó plata no bien habida con su amiga tarifada, Sofía Clerici.

A Pombo, presidenta kirchnerista/massissta del Concejo Deliberante de Pilar, y hermana de otra concejal acusada y condenada por otro hecho de corrupción, apareció mostrando su nuevo emprendimiento junto al Mediterráneo con una brillante botella dorada de champagne Lamborghini, de US$ 500.