La jugada de Cristina Kirchner de utilizar un dictamen de Rodolfo Barra -actual Procurador del Tesoro- para intentar que se anule la causa Vialidad, donde fue condenada a seis años de prisión por hechos de corrupción, tuvo su primera reacción dentro del gobierno de Javier Milei. El titular de la Oficina Anticorrupción (OA) Alejandro Melik, firmó instrucciones cautelares ante un posible conflicto de intereses, como denunció el ARI-CC, para que el funcionario “se abstenga de intervenir en temas vinculados” con la ex vicepresidenta. Sin embargo, no se le solicitó que se aparte del cargo, como habían pedido en la denuncia.

Después de que el abogado de Cristina Kirchner pidiera su absolución en la causa donde se investigaron las 51licitataciones viales que ganó Lázaro Báez -ex socio comercial de la entonces Presidenta de la Nación-, y que le significó una condena por administración fraudulenta, con inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos y una pena a seis años de prisión, el ARI-Coalición Cívica se presentó ante la Oficina Anticorrupción.

Sucede que, en la defensa de la ex vicepresidenta ante la Casación Federal que revisará la sentencia del caso Vialidad, tomó como elemento nuevo para justificar esa reversión, un dictamen escrito por Rodolfo Barra que avala la tesis argumental de la ex jefa de Estado: pese al cargo que ocupaba, Cristina no tuvo ninguna responsabilidad institucional en los procesos irregulares a través de los cuales Báez se convirtió en el principal adjudicatario de obra pública vial en Santa Cruz.

Los dirigentes del ARI-CC Mariana Zuvic y Maximiliano Ferraro presentaron ante el organismo anticorrupción una denuncia por posible conflicto de intereses y pidieron la remoción del jefe de los abogados del Estado.

Desde ese momento en la OA se abrió un expediente administrativo para analizar el caso. Es en ese contexto que Melik firmó una serie de instrucciones cautelares preventivas respecto al Procurador del Tesoro.

Para evitar que esto ocurra, se le pidió a Barra “que se abstenga de intervenir en temas vinculados con Cristina Kirchner”. Independientemente de esta decisión, las actuaciones continuarán su curso en el ámbito de la OA, para determinar la posible existencia de un conflicto de intereses, sobre lo cual se pronunciará más adelante Alejandro Melik.

“Para resolver definitivamente la cuestión, falta agregar información al expediente”, explicaron fuentes oficiales a Clarín.

Rodolfo Barra, actual Procurador del Tesoro es el jefe de los abogados del Estado. Dentro de sus principales tareas está, justamente, la defensa de los intereses públicos.

Para los denunciantes, la posible existencia de un conflicto de intereses no es menor ante la responsabilidad institucional y actividades privadas del Procurador del Tesoro de la Nación, cuya continuidad en el cargo \'atentaría contra la transparencia institucional del gobierno posibilitando la eventual comisión de delitos que atentan contra la Administración Pública\'.

Hay un dato que no es menor: desde su sillón como Procurador, Barra debe decidir si impulsará la acción civil contra Cristina Kirchner por daños y perjuicios estimados en 22.300 millones de pesos, donde se consideró al Estado como el damnificado por el 50% de obras viales que Lázaro Báez cobró pero dejó inconclusas.

Ese juicio fue iniciado desde el Estado por la gestión de Mauricio Macri. Aún no se conoce cuál es el criterio que adoptará la administración de Javier Milei al respecto.

Al momento de argumentar el principal conflicto que expone la opinión de Rodolfo Barra en el caso Vialidad, Zuvic y Ferraro señalaron que \'se habría configurado porque se representaría una confrontación entre el interés público y los intereses privados del doctor Barra, es decir, cuando este tiene intereses personales que podrían influir indebidamente sobre el desempeño de sus deberes y responsabilidades. Es imposible ocultar dichos intereses con el dictamen al que accedió la ciudadanía\'.

En base a estos argumentos, se señaló que el principal responsable de defender los intereses del Estado “es juez y parte” lo que hace “imposible aceptar la continuidad de un nombramiento como el del doctor Barra al frente de la Procuraduría del Tesoro de la Nación\'.

En el cuestionado dictamen, Barra atribuyó al jefe de Gabinete \'la competencia constitucional para ejercer la administración general del país y ejecutar el presupuesto nacional,\' y opinó que la Dirección Nacional de Vialidad \'es autónoma y sujeta a controles del Ministerio de Economía, pero no recibe instrucciones directas del Presidente\'.

Sobre este punto, Barra concluyó que \'no hay responsabilidad penal objetiva del Presidente por el decreto ni por posibles delitos relacionados con contratos u obras\', ya que \'el Congreso y la Auditoría General de la Nación aprobaron cuentas relacionadas con la gestión, respaldando la legalidad\'.