En un segundo fallo, en el que resolvió otro amparo, la Corte Suprema repuso la Ley de Tierras. Si bien la oposición mantiene la sesión pedida para este jueves con el fin de voltear el mega DNU 70 -el cual contiene un artículo que deroga la norma que limita la venta de tierras a extranjeros- esta decisión los aleja aún más de la posibilidad de tener quórum.

La sesión fue pedida de urgencia a fines de septiembre, luego del primer fallo del Máximo Tribunal que resolvió en contra del amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (CECIM) de La Plata.

Si bien los magistrados no determinaron sobre la cuestión de fondo ( si era constitucional o no) definieron que el CECIM no tenía legitimación suficiente para hacerlo. Y al levantarse la cautelar, quedó vigente el artículo 154 del decreto que deroga la Ley de Tierras.

Ahora ocurrió lo contrario: la Corte aceptó la cautelar interina de una ONG ambientalista y en la práctica la Ley recobró vigencia.

La oposición decidió sostener igual la sesión del jueves 15 en Diputados para rechazar de raíz el decreto 70 de Milei, firmado en 2023, que dio origen a estos conflictos.

Desde Unión por la Patria sentenciaron que "las tierras de los argentinos no pueden depender del humor de la Corte" y confirmaron la convocatoria: "por eso el próximo jueves estaremos en la Sesión Especial para defender nuestras tierras, los derechos de las personas con discapacidad y aliviar el endeudamiento de las familias".

En la misma sintonía se manifestó Pablo Juliano de Provincias Unidas: "Diez días después del fallo contra el CECIM, la Corte vuelve a frenar de manera provisoria la derogación de la Ley de Tierras. La protección de nuestra tierra no puede depender de cuánto dure una medida judicial. El 15 tenemos que sesionar y rechazar el DNU 70/23. Que el Gobierno no use este fallo como excusa para volver a esquivar al Congreso".

Lo cierto es que la oposición aún no tenía garantizado el número para conseguir abrir la sesión y la decisión del Tribunal le quita presión a los aliados del oficialismo que ahora tienen un argumento más fuerte para justificar que no dan quórum.

Hasta el momento lo que señalaban las bancadas más cercanas al Gobierno era que había que buscar otra alternativa, porque como los DNU se rechazan o avalan en su conjunto, y no por capítulos, si el megadecreto (que tiene más de 300 artículos) se cae va a generar un caos procesal. Volverían normas como la Ley de Góndolas o la de Alquileres y otras quedarían repentinamente sin efecto.

A pedido de ellos, cómo contó Clarín, el oficialismo activó un Plan B: incluir la Ley de Tierras en un capítulo de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada; cuestión que la norma quede refrendada.

De hecho, La Libertad Avanza ya convocó para el miércoles -un día antes de la sesión pedida- a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para empezar a debatir el proyecto impulsado por Federico Sturzenegger.

El proyecto original incluía un capítulo de Tierras que fue eliminado en la previa a la votación del Senado porque no tenían los números suficientes para aprobarlo.

El texto original enviado por el Ejecutivo incluía un capítulo que elimina el tope de 15 % de venta de tierras a extranjeros a nivel nacional, provincial y municipal que era rechazado por las demás bancadas. En la negociación habían evaluado elevar el tope a un 25 % pero sólo a nivel nacional, sin poner límites por distritos. Pero así, tampoco logró avanzar.

La discusión ahora es si incluirían los artículos tal como estaban en la Ley que quedó sin efecto o si van a intentar incorporarla con los cambios que habían estado conversando en el Senado.

La Ley 26.737, conocida como el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, fue impulsada durante los gobiernos kirchneristas y sancionada en 2011.

Entre sus principales disposiciones, fijó un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales en todo el país. Ese mismo porcentaje se aplica de manera individual a cada provincia y municipio. Además, dentro de ese tope, las personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad no pueden concentrar más del 30% de las tierras en manos extranjeras.

La ley también establece que un único titular extranjero no puede poseer más de 1.000 hectáreas, o su equivalente según la zona de ubicación del inmueble. A su vez, prohíbe la adquisición de tierras rurales que contengan o limiten con cuerpos de agua de envergadura, así como de aquellas situadas en áreas de seguridad de frontera.