La Justicia rechazó el reclamo de Edgardo Kueider, el senador peronista que permanece detenido en Paraguay por querer ingresar con su secretaria con más de US$ 200 mil dólares sin declarar, para invalidar su expulsión de la Cámara alta.

El juez Lavié Pico no hizo lugar a la acción de amparo del dirigente entrerriano al considerar que el Congreso actuó en uso de sus facultades constitucionales al aprobar su remoción y no le dio entidad a la polémica por Victoria Villarruel.

Los cortocircuitos surgidos en el Gobierno a partir del procedimiento en que se llevó a cabo la votación del Senado le dieron al ahora ex senador nacional el argumento para ir a reclamar a la Justicia por su banca que, entiende, le quitaron de manera irregular.

El viernes pasado, Kueider había presentado ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal un recurso de amparo para que se invalide la sesión especial convocada por el Senado un día antes, encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, que en ese entonces no podía cumplir funciones como titular de la Cámara alta por estar a cargo del Poder Ejecutivo debido al viaje a Italia que estaba realizando Javier Milei.

En la presentación, el ex senador también cuestionó que no se conformó la comisión para tratar su destitución, ni se le permitió su derecho a la legítima defensa.

Además, esta semana, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado envió un exhorto internacional para pedir la extradición del ex senador y su secretaria, Iara Guinsel Costa. Ambos están hoy con prisión domiciliaria en un departamento de lujo en Paraguay, acusados de contrabando de divisas.

La magistrada solicitó la medida para indagarlos en la Argentina en el marco de la investigación de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. El pedido es para poder indagar al senador luego de que la semana pasada fuera expulsado del Senado por amplia mayoría. Además, la jueza ordenó que sean detenidos una vez que ingresen al país.

También pidió que ambos sean trasladados a su juzgado federal de San Isidro, que se secuestren sus celulares, equipos electrónicos, y otros objetos que tenían en su poder cuando fueron interceptados por las autoridades paraguayas. Y solicitó el allanamiento del departamento de donde cumplen prisión domiciliaria en Paraguay.

La causa que tiene Arroyo Salgado se abrió en 2020 la causa Securitas donde se investiga el pago de sobornos a cambios de contratos de seguridad en el gobierno nacional y provincias.

El 4 de diciembre, la Cámara Federal de San Martín confirmó los procesamientos de ex gerentes de Securitas y después empezó a investigar a Kueider porque fue ex director de la empresa eléctrica entrerriana Enerse que tenía contratos con Securitas.

El ex senador tenía tres departamentos con cocheras en un edificio de lujo en la ciudad entrerriana de Paraná. Estaban registrados a nombre de una sociedad inactiva que se llama Betail SA. Sospechan que habría sido una pantalla para ocultar a Kueider que sería el verdadero dueño.

Las expensas de esos departamentos pasaron de estar a nombre de Betail al de Guinsel Costa quien ya figuraba como empleada de Kueider en el Senado.

Hay otra causa que se vincula con esta investigación y que también la tiene Arroyo Salgado. Ese expediente investiga el pago de coimas por parte de la empresa de seguridad Securitas Argentina a la empresa de energía de Entre Ríos, ENERSA, entre 2016 y 2018, para mantener los contratos. En ese período, Kuieder era secretario general de Gobierno de la gestión del peronista Gustavo Bordet. Para la jueza son causas conexas.

Además, el ex gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, hoy diputado nacional y ex jefe político de Kueider, es otro -entre varios dirigentes más-, que está bajo pesquisa judicial en la misma causa del fuero federal en la que Kueider tiene un pedido de detención en la Argentina por ser considerado autor del delito de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Clarín pudo saber, en base a fuentes judiciales y por la lectura de documentos oficiales, que Bordet está mencionado, igual que Kueider, como uno de los funcionarios que entre el 2016 y el 2018 podrían haber recibido sobornos pagados por la empresa de seguridad Securitas.