Este jueves a partir de las 9:30 se realiza la séptima audiencia del juicio por los Cuadernos de las Coimas, en el cual la expresidenta Cristina Kirchner es la principal acusada.

Tras el fallido intento de recusación presentado por la defensa de Julio De Vido, hoy la fiscalía expondrá la columna vertebral de su tesis acusatoria: la existencia de un sistema organizado, estable y jerarquizado de recaudación ilegal operado desde el Ministerio de Planificación entre 2003 y 2015.Seguí todas las novedades sobre el juicio por los Cuadernos de las Coimas en la cobertura minuto a minuto de Clarín.

Durante la séptima audiencia del juicio Cuadernos, en el segundo tramo vinculado a la causa principal, se leyó la acusación por cohecho contra Roberto Baratta.

Para el Ministerio Público Fiscal, al momento de formular el requerimiento de elevación a juicio, se acusó al ex funcionario de haber recibido “sobornos de parte de empresarios de distintos rubros quienes/ en gran parte, poseían en vigencia distintos procedimientos/ acuerdos y contratos con el Estado Nacional/ con el fin de que los funcionarios que integraran la asociación ilícita hicieran o dejaran de hacer algo atinente a sus funciones en beneficio de la empresa”.

El requerimiento señala que Roberto Baratta, “se comunicaba con los particulares negociaba los términos de los acuerdos venales y finalmente, se comunicaba con Héctor Daniel Muñóz para llevarle e! producto obtenido a través de los ilícitos. Tenía relación directa con ¡los empresarios con quienes coordinaba la forma y el lugar de los pagos y era quien se dirigía a recaudar personalmente el dinero y también por interpósita persona/ en los casos analizados en el presente dictamen a través de su colaborador y secretario privado/ Nelson Javier Lazarte”.

El dictamen acusador que envió a juicio oral a Cristina Kirchner y a 85 imputados determinó que las entregas de dinero, “enmarcadas en un sistema de recaudación ilícito, procuraba que el funcionario público hiciera algo relativo a sus funciones: que liberara un pago, adjudicara una obra, extendiera una concesión o un plazo, renegociara una concesión u otorgara un subsidio”.

En definitiva, “el compromiso de colocar en alguna situación de privilegio y/o favorecer a la empresa cohechante, sea frente a un pago/ a una concesión/ una adjudicación y/o contratación a cambio del pago de un retorno de parte de ese ilícito beneficio”.

Si bien no se determinó un número final de las cifras que los empresarios pagaron, se señaló que el rol de los representantes de diversas compañías “fue indispensable” para que el circuito funcione.

Al proseguir con la lectura, se escuchó durante la audiencia el tramo de la acusación que detalla los cohechos, las coimas pagadas y recibidas.

En ese contexto, se leyó: “Se ha probado que ciertos integrantes de la organización criminal acordaron con los responsables de empresas el pago de sumas de dinero con el fin de que los funcionarios que integraban la asociación ilícita hicieran o dejaran de hacer algo afín a sus funciones en beneficio de dichas empresas”.

El circuito fue denominado como “pactos venales, libres y voluntarios, las dos partes obtuvieron beneficios. Los empresarios lograban favores de parte del Estado y los integrantes del grupo paraestatal a través de los pagos se enriquecen y garantizaban la continuidad de la asociación ilícita durante el transcurso del tiempo”.

Así -sostiene la acusación- las erogaciones “no se trataron de una mera dación desconectadas de todo beneficio pretendido por el dador sino por el contrario, de un acuerdo corrupto entre privados y funcionarios públicos, en pos de obtener de un lado como de otro, beneficios de carácter patrimonial”.

En la lectura por secretaría del requerimiento se repasó cómo era el funcionamiento de la asociación ilícita: “Con tales fines llevaron adelante un plan integral en el cual implementaron una logística ceñida a la recaudación de dinero que empresarios de la construcción, de energía y del transporte, entre otros/ entregaban a modo de contraprestación, a cambio de beneficios que le eran otorgados a las compañías que representaban”.

Para cumplir con el objetivo, funcionarios públicos de alta jerarquía de la administración pública nacional/ personalmente o por intermedio de sus subalternos “se encargaron de recorrer asiduamente el circuito diagramado para la recolección del dinero/ concretando encuentros con los responsables de las distintas empresas, en su mayoría, contratistas estatales/ en las sedes de esas compañías o bien en otros lugares previamente acordados/ para poder efectivizar cada una de las recaudaciones”.

El sistema de recaudación ilegal contó con “cuanto menos, dos canales independientes, aunque complementarios y funcionales entre sí”.

En el primero eran los propios funcionarios públicos los que recaudaban el dinero en efectivo garantizado por los empresarios. Este subgrupo tenía contacto personal con quienes hacían los aportes y estaba conformado por Baratta y sus secretarios”.

El segundo grupo, por su parte, estaba integrado Carlos Wagner, Ernesto Clarens y Josél López. “Ambos grupos formaron parte de la misma estructura jerarquizada e instaurada por los entonces representantes del Poder Ejecutivo de la Nación; recolectando el dinero con el fin de entregarlo en calle Uruguay 1306 de esta ciudad, o bien en la Quinta Presidencia de Olivos a Daniel Muñóz, nexo inescindible entre los años 2008 y 2010 con quienes habían organizado y/o comandado la asociación delictiva: Néstor y Cristina Kirchner”.

El requerimiento de elevación a juicio sostiene que “en particular/ se probó que/ entre los años 2003 y 2015, funcionó una asociación ilícita que fue forma esquematizada y liderada por quienes ejercieron como máximos referentes del Poder Ejecutivo de la Nación/ como así también organizada, en mayor medida/ por representantes del Ministerio de Planificación Federal/ Inversión Pública y Servicios”.

El Ministerio Público Fiscal consideró que se encontraba acreditado que Cristina Elisabet Fernández, Julio Miguel De Vido, Roberto Baratta, José Francisco López, Ricardo Raúl Jaime y Juan Pablo Schiavi, Carlos Guillermo Enrique WAGNER, Ernesto Clarens, Nelson Javier Lazarte, Rafael Enrique Llorens/ José María Olazagasti, Claudio Uberti, Osear Bernardo Centeno, Gerardo Luis Ferreyra, Germán Ariel! Nivello, y Osear Alfredo Thomas formaron parte de esta asociación ilícita fundada y sostenida durante el período señalado”.

La finalidad de la asociación ilícita fue que “sus integrantes pudieran enriquecerse personalmente de manera ilegal/ mediante negociaciones y acuerdos espurios entablados con empresarios de distintos rubros”.

Después de la audiencia del martes, que contó con un cuarto intermedio de casi cuatro horas, este jueves se reanudó el juicio por los Cuadernos.

Un total de 86 impulsos comparecen desde el 6 de noviembre ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli con la intervención de la fiscal general, Fabiana León.

Este jueves se concluirá con la lectura del segundo tramo conexo a la causa central, para dar lugar al requerimiento de elevación a juicio de la querella, en este caso representada por la Unidad de Información Financiera (UIF).

Avanzando con la lectura por Secretaría se escuchará la valoración de la prueba que permite sostener las acusaciones en este tramo del expediente.

Hola, buen día, soy Gerardo Puig y a partir de este momento te voy a estar informando todas las novedades sobre el juicio por los Cuadernos de las Coimas.