Juicio a Cristina Kirchner, EN VIVO: nueva audiencia por lavado de dinero en Hotesur y Los Sauces y últimas noticias

Se avanzó con la lectura del requerimiento y se hizo foco en el inquilino principal de los Sauces SA, se escuchó: “El grupo Indalo comprende más de 150 empresas dedicadas a diversas actividades, como el rubro petrolero,construcción, medios de comunicación, ganadería y producción alimenticia. Sus principales titulares y beneficiarios directos e indirectos son Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián De Sousa, quienes ejercen el control efectivo de los paquetes accionarios y participan personalmente en la administración y dirección de los negocios sociales del conglomerado.

Dentro de este entramado comercial, las “firmas Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia participaron de forma directa del esquema de reciclaje, canalizando fondos ilícitos hacia Los Sauces bajo la cobertura legal de contratos de locación sobre propiedades innecesarias para sus fines o pactadas a valores superiores a los de mercado”, sostiene la acusación.

En simultáneo, se detalló, la empresa Idea, perteneciente a Osvaldo José Sanfelice —socio comercial de los expresidentes—, “intervino como intermediaria indirecta al transferir a la inmobiliaria de los Kirchner fondos provenientes de diversas compañías del grupo”.

El requerimiento de elevación a juicio indica: “Lo expuesto hasta aquí permite afirmar fundadamente no solo que el canon fijado implicó la recuperación del valor total de compra del hotel en apenas 5 meses de concesión del establecimiento, sino que además el flujo canalizado a lo largo de 4 años en favor de los expresidentes superó en más de 13 veces el precio por el que la familia Kirchner adquirió el hotel, lo que evidencia la inverosimilitud del negocio y revela la ilicitud de la maniobra ensayada”.

A su vez, al igual que en los contratos suscriptos con las firmas Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto y Austral Construcciones, la “sociedad de los expresidentes tampoco exigió garantes o fiadores que garantizaran el pago de los cánones contractuales incluso pese a que lo que se estaba entregando era un hotel entero, lo que demuestra el vínculo de extrema confianza entre las familias Kirchner y Báez y la certeza absoluta en el cobro del dinero desde la firma Los Sauces”.

En definitiva, todo lo expuesto permite sostener fundadamente que la cesión de la administración del Hotel La Aldea del Chaltén por parte de Los Sauces a la firma Valle Mitre se trató en realidad de una ficción contractual que fue funcional a la maniobra de lavado de dinero investigada.

Tal es así -se leyó- que una vez que Valle Mitre fue “despojada de la administración de los hoteles de la familia Kirchner, la firma ingresó en un declive hasta que fue finalmente abandonada sin actividad, sin libros societarios y sin presentaciones ante el fisco respecto de su actividad, todo lo cual demuestra que la firma Valle Mitre, lejos de ser una empresa con independencia, fue colocada como explotadora de los hoteles de la familia Kirchner con el objetivo de que cumpliera un rol estratégico y que cuando fue necesaria su salida se la reemplazó por la firma Idea de Osvaldo Sanfelice”.

De esta forma, Valle Mitre como administradora de los hoteles de la familia Kirchner colocó en el mercado $70.949.170,95 proveniente de Austral Construcciones, $1.473.656 transferido desde Kank y Costilla, $497.700 enviado desde Loscalzo y Del Curto, $500.000 procedente de Badial, $662.242,57 proveniente de La Estación, $661.684,72 transferido desde la firma Don Francisco, $234.195,50 enviado desde Alucom Austral, $799.414,08 proveniente de La Aldea del Chaltén y $91.996,42 remitido desde Diagonal Sur.

Así entonces, tras recibir fondos de origen ilícito provenientes de las restantes empresas del grupo Báez, la firma Los Sauces le facturó a la sociedad Valle Mitre por la explotación del Hotel La Aldea del Chaltén un total de $2.836.724, de los cuales $2.344.400 correspondieron al canon neto libre de IVA (v. informe pericial de fs. fs. 2554/2607 y 4847/61 y base “retenciones y percepciones” de AFIP de Los Sauces, alcance SIGEA 13288-945-2016-1, cuya copias obran reservadas en C. 70).

Quien se encargó de girar el dinero en favor de la sociedad de los ex presidentes fue Adrián Berni, quien suscribió prácticamente la totalidad de los cheques por los que se canalizaban los fondos, lo cual realizaba en calidad de gerente general y presidente de Valle Mitre.

Por otra parte, quien se encargó de cobrar los fondos provenientes de la firma Valle Mitre fue Máximo Kirchner, quien depositó más de trece (13) cheques librados por la empresa por los montos de $68.209,50 y $45.497 en la cuenta n° 01-222/1 del Banco Santa Cruz. (v. copias de cheques y documentación bancaria reservada en las C. 48 y C. 50).

A través de esta ingeniería, Valle Mitre absorbió más de 70,9 millones de pesos de Austral Construcciones y cientos de miles de pesos provenientes de Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, Badial, La Estación, Don Francisco, Alucom Austral, La Aldea del Chaltén SA y Diagonal Sur.

Así lo expresa el requerimiento: “Con ese flujo de dinero espurio, Los Sauces le facturó a Valle Mitre un total de $2.836.724 ($2.344.400 netos de IVA) por la locación de La Aldea del Chaltén entre 2009 y 2013. Los pagos eran emitidos casi en su totalidad mediante cheques librados por Berni y depositados directamente por Máximo Kirchner en la cuenta corriente de la inmobiliaria en el Banco Santa Cruz”.

El alquiler se justificó a través de un contrato formal firmado el 30 de mayo de 2009 entre Osvaldo Sanfelice (por Los Sauces) y Berni (por Valle Mitre) por un plazo de 12 meses prorrogable a un canon inicial de 10.000 dólares mensuales y luego de 15.000 dólares más IVA, convenio que habría sido renovado en 2011 y 2012 mediante instrumentos sin certificar.

Los números revelaron la “absoluta inverosimilitud del negocio: en apenas cinco meses de alquiler Los Sauces recuperó el valor total invertido en la compra del hotel, y en cuatro años percibió transferencias que superaron en más de trece veces el precio original abonado por el inmueble. Además, jamás se le exigieron garantías ni fiadores a la gerenciadora pese a entregar la explotación de un hotel completo”.

Tras el estallido público del vínculo comercial en mayo de 2013, Valle Mitre fue despojada de los establecimientos, cayó en abandono sin libros ni balances y fue reemplazada por la firma Idea, de Sanfelice.

Entre las maniobras calificadas como “ficticias” por los fiscales, firmas como Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto “alquilaron habitaciones en el Alto Calafate para obreros viales asignados a obras ubicadas a más de 400 kilómetros de distancia, lo que hubiera demandado traslados diarios inviables de ocho horas”.

Paralelamente, empresas como Don Francisco y La Estación “pagaron salones para supuestas promociones de productos de YPF sin conocimiento de la petrolera estatal, mientras Austral Construcciones y Alucom Austral contrataron asesorías millonarias en hotelería y marketing a una firma sin personal idóneo, o le encomendaron a una gerenciadora gastronómica la construcción de un complejo turístico por más de 2,5 millones de pesos”.

El Ministerio Público Fiscal detalló que la estructura corporativa de Valle Mitre, se completó con un esquema en “espejo al órgano de administración de Hotesur: intervinieron Patricio Pereyra Arandia (yerno de Alicia Kirchner y director de Hotesur) en la fiscalización, Alejandro Fermín Ruiz (director suplente de Hotesur) como apoderado, y César Gerardo Andrés (contador de las firmas de Báez) en la contabilidad”.

La misión primordial de Valle Mitre -entendieron los investigadores- fue “operar como empresa pantalla y vaso comunicante entre las firmas contratistas del grupo Báez y los establecimientos hoteleros de los Kirchner, canalizando sumas millonarias bajo contratos de servicios simulados para solventar tanto los cánones locativos como los costos corrientes de explotación”.

Esa reactivación comenzó en 2007, cuando la firma —integrada entonces por Albornoz y su esposa Edith Gelves— empezó a recibir transferencias de Austral Construcciones por la explotación del restaurante La Usina en Santa Cruz, “con el fin deliberado de otorgarle movimiento comercial”.

Pese a carecer por completo de experiencia y capacidad económico-financiera en el rubro, Valle Mitre fue “colocada de inmediato como gerenciadora de tres hoteles de la familia presidencial: la hostería Las Dunas (de Néstor Kirchner), el hotel Alto Calafate (de Hotesur) y el hotel La Aldea del Chaltén (de Los Sauces)”.

En septiembre de 2009 la empresa pasó a ser sociedad anónima y, en diciembre de ese año, Albornoz y Gelves vendieron la mayoría de las acciones, formalizando el ingreso directo de Lázaro Báez con el 46% del capital social y de su hijo Martín con otro 46%, reteniendo Albornoz el 5% y Adrián Berni el 3%, quien asumió además la presidencia.

Con el avance de la lectura del requerimiento de elevación a juicio, se brindó detalles sobre otra compañía de Lázaro Báez que se consideró un eslabón central a la hora de concretar las operaciones de blanqueo.

La firma Valle Mitre fue constituida el 30 de abril de 2004 por el escribano Ricardo Leandro Albornoz y su socio Máximo Carlos Maratta, con un capital social mínimo de 12.000 pesos suscripto en partes iguales.

Aunque su objeto social abarcaba el alquiler de vehículos, gastronomía, transporte y turismo, y con los años su “principal actividad real fue gerenciar los hoteles de los expresidentes, en sus balances declaró llamativamente como rubro principal los servicios de restaurante”.

Pese a estar formalmente inscripta, la sociedad permaneció inactiva hasta 2007 sin libros contables obligatorios, sin balances y sin empleados registrados: operó como una típica sociedad de estantería (shelf company), “creada para quedar a disposición hasta ser activada repentinamente en un negocio posterior”.

En las más de 260 páginas del requerimiento de elevación se señaló: “La comparación de los números resulta elocuente. Al confrontar el período que va desde octubre de 2015 hasta diciembre de 2016, Los Sauces percibió $378.200 de los nuevos inquilinos frente a los $533.610 que hubiera obtenido de mantener el contrato vigente con Austral Construcciones”.

Esa brecha salarial ratifica que las empresas viales abonaban sobreprecios superiores al 41% para inyectar recursos espurios. A su vez, mientras a los particulares se les impuso la presentación de dos fiadores solidarios por contrato, a la constructora de Báez jamás se le requirió garantía alguna, amparados en la confianza del vínculo societario.

Finalmente, la gestión, cobranza y eventual reclamo de los alquileres de los nuevos ocupantes fueron delegados formalmente en la firma Negocios Inmobiliarios, un paso administrativo que jamás se utilizó durante la relación con las compañías del grupo Báez. Para la fiscalía, estas anomalías prueban que los acuerdos comerciales previos constituyeron una puesta en escena para justificar retornos, permitiendo trazar de punta a punta la ruta del dinero desde el fraude a la obra pública vial hasta su acreditación final en las cuentas de la familia Kirchner.

Para los investigadores, el cotejo entre los acuerdos pactados con el grupo Báez y las locaciones suscriptas con inquilinos comunes “expone con nitidez la maniobra de blanqueo y refuerza la acusación penal”.

Tres indicadores centrales dan cuenta de esta diferencia: el reemplazo de los locatarios por particulares que dejaron una rentabilidad 41% menor, la repentina exigencia de garantías y fiadores que antes no se pedían a las constructoras, y la decisión de delegar en terceros la administración y el cobro de las mensualidades.

En ese marco, el 9 de marzo de 2016 Romina de los Ángeles Mercado, presidenta de Los Sauces, firmó contratos de alquiler por los cuatro departamentos con vigencia retroactiva desde octubre de 2015 hasta septiembre de 2017: el departamento 1 fue alquilado a Sebastián Martín Varela y Rocío Ximena López; el 2, a Melisa Soledad Soria; el 3, a Cristian Rodrigo Vargas y Vanesa Soledad González; y el 4, a Rubén Fabián Barcia. Las condiciones económicas fijaron un canon de $6.000 mensuales para el primer año y $7.500 para el segundo, valores sustancialmente menores a los que desembolsaba la empresa de Báez.

Los acusadores explicaron en el requerimiento que en octubre de 2015, en plena coyuntura de las elecciones presidenciales que pusieron fin a los doce años de mandato de Néstor y Cristina Kirchner, Los Sauces resolvió rescindir de manera intempestiva su vínculo comercial con Austral Construcciones, tal como lo había hecho antes con Kank y Costilla.

“A través de esa operatoria previa con la principal contratista vial del Estado, la inmobiliaria familiar había legitimado un total de $323.915,79”, se consigna en el requerimiento.

A partir de esa ruptura, la sociedad decidió alquilar los departamentos a particulares ajenos a la estructura de los empresarios afines, con la meta de ingresar fondos genuinos que se mezclaran con aquellos de origen ilícito.

Con el propósito de justificar este flujo de fondos, se escuchó durante la audiencia, “Máximo Kirchner, en representación de Los Sauces, y Martín Báez, por Austral Construcciones, celebraron en enero de 2015 un contrato de locación por el edificio de la calle Moreno 882 en Río Gallegos”.

En ese acuerdo convinieron el alquiler de los cuatro departamentos por dos años —desde el 1° de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2016— por un canon de $27.000 más IVA para el primer año y $30.000 más IVA para el segundo, lo que representaba pagos mensuales de $32.670 y $36.300, respectivamente.

Los pagos se materializaron mediante cheques librados por Martín y Luciana Báez en su carácter de apoderados, los cuales terminaron depositados en la cuenta corriente que la sociedad de los exmandatarios operaba en el Banco Santa Cruz.

A la par de estos giros y de la cesión gratuita de terrenos en Río Gallegos, Austral Construcciones intervino en el circuito hotelero a través de contrataciones simuladas en el hotel Alto Calafate. Por esa vía, la constructora canalizó fondos públicos hacia la gerenciadora Valle Mitre para que luego fueran volcados a Hotesur, firma perteneciente a la familia Kirchner. Entre 2007 y 2015, Valle Mitre le facturó a Austral Construcciones un total de $70.949.170,95, consolidando un mecanismo indirecto de inyección de dinero ilícito al patrimonio familiar.

Dice la acusación fiscal que una vez que Loscalzo y Del Curto culminó su contrato con Los Sauces en diciembre de 2014, Báez “modificó el canal de transferencias hacia Cristina, Máximo y Florencia Kirchner. A partir de enero y hasta octubre de 2015 recurrió directamente a Austral Construcciones para remitir los fondos derivados del fraude al Estado”.

Según la pesquisa conexa del caso Vialidad, ACSA había percibido entre 2003 y 2015 más de 6.698 millones de pesos ($6.698.062.565,08) por 31 contratos viales asignados de forma irregular en Santa Cruz —a los que se sumaron otros 693 millones en UTE con firmas del mismo grupo—, tras haberse constituido en mayo de 2003 con un capital mínimo de apenas 12.000 pesos.

Bajo este esquema que los fiscales calificaron de “reciclaje”, Austral Construcciones “aplicó parte de esos fondos para engrosar el patrimonio de la familia presidencial: durante los diez meses en que sostuvo el vínculo directo, transfirió un total de $323.915,79 a favor de la inmobiliaria Los Sauces”.

Quienes estuvieron a cargo del órgano de gobierno en el período investigado fueron Lázaro Báez (95%) y Martín Báez (5%), mientras que el órgano de administración se mantuvo en cabeza de Julio Enrique Mendoza, quien asumió como presidente en 2004 y permaneció como máxima autoridad durante toda la operatoria.

Al tratarse de una firma con gran volumen de operaciones, contaba con diversos apoderados para celebrar contratos de obra pública y concretar maniobras inmobiliarias y bancarias.

Esta tarea recayó principalmente en los hijos de Báez —Leandro Antonio (designado director suplente en 2012), Luciana Sabrina y Martín Antonio—, en personas de su extrema confianza como Martín Samuel Jacobs y Fernando Javier Butti, y en apoderados como Guido Santiago Blondeau y Sergio Leonardo Gotti.

En tanto, la contabilidad integral estuvo siempre a cargo de César Gerardo Andrés, profesional de confianza que llevaba los balances de todo el grupo económico, incluidas Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto y Valle Mitre.

Austral Construcciones S.A fue creada por Lázaro Báez el día 8 de mayo de 2003, quien constituyó la empresa —dos semanas antes que Néstor Kirchner asumiera como Presidente de la Nación— conjuntamente con otros dos socios 10 y mediante el aporte de tres mil pesos 12.000).

A partir de allí, gracias a haberse convertido en la mayor contratista de obra pública vial en Santa Cruz durante los doce años en que Néstor y Cristina Kirchner estuvieron a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, Austral Construcciones (ACSA) se transformó en la principal empresa de Lázaro Báez.

Por secretaría se continuó dando lectura al requerimiento de elevación, que sostiene que la firma fue utilizada para “inyectarle dinero ilícito a Los Sauces mediante el alquiler de propiedades”.

Pese a los años de continuidad de la relación comercial, el requerimiento detalla el punto de inflexión.

A partir de enero de 2015 la locación del edificio de la calle Moreno n° 882 de la ciudad de Río Gallegos como “justificación para el lavado de activos fue transferida a la principal empresa del Grupo Báez, Austral Construcciones, la que alquilaría el inmueble hasta el mes de octubre de 2015 —en consonancia con la situación de Kank y Costilla—, pues a partir de allí las empresas de Lázaro Baéz dejarían de girarle dinero a los ex presidentes, al menos en este mecanismo de lavado de dinero”.

Con todo esto, dice la acusación, es “posible afirmar que el contrato no fue más que una mise en scene a los fines de dar justificativo a los fondos que eran canalizados desde Loscalzo y Del Curto hacia la firma Los Sauces, y que además es posible trazar sin mayores inconvenientes la ruta del dinero desde el delito precedente —esto es la defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial— hasta que el mismo era colocado en la empresa Los Sauces por el alquiler de departamentos de la familia Kirchner, lo que permite sostener la hipótesis planteada por este Ministerio Público Fiscal”.

Se leyó durante la audiencia que la relación contractual entre la familia Kirchner y Lázaro Báez “continuó incluso después de la muerte del ex mandatario en octubre de 2010, ya que Los Sauces —cuyos accionistas eran Cristina Fernández y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner— renovó el vínculo desde el 1 de enero 2011 hasta finales de 2014, supuestamente mediante otros dos contratos de locación”.

Así, la primera prórroga por el edificio de la calle Moreno n° 882 habría comprendido el período del 1° de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2012, por $18.000 más IVA para el primer año y $20.000 más IVA para el segundo, esto es $21.780 y $24.200, respectivamente.

Luego, Máximo Kirchner, en nombre de Los Sauces, y Martín Báez, en representación de Loscalzo y Del Curto, “habrían suscripto una nueva prórroga por el término de dos años, desde el 1° de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014, por $22.000 más IVA para el primer año y $24.500 más IVA para el segundo, esto es $26.620 y $29.645, respectivamente”.

Finalmente, en diciembre de 2014, Loscalzo y del Curto concluyó su vínculo con Los Sauces, tras 6 años de relación comercial durante los cuales transfirió un total de 1.691.580 versus $1.466.012,31”.

Para el Ministerio Público Fiscal, no solo la fecha en la que se celebró la contratación, el monto del convenio y los firmantes del acto jurídico “resultan idénticos a las del acuerdo firmado con Kank y Costilla (otra empresa de Báez) por el alquiler del edificio sito en la calle Alvear n° 391 de Río Gallegos, sino que ambos documentos contienen la misma redacción”.

En ese sentido, se explicó que solamente se modificó la representación del locatario —que fue Loscalzo y Del Curto en lugar de Kank y Costilla—y la ubicación del inmueble a alquilar.

Conforme surge del contrato, Los Sauces “entregó en locación a la constructora de obra pública vial cuatro departamentos por un plazo “definitivo e improrrogable” de 2 años, desde el 1° de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2010, por 16.000 mensuales más IVA—19.360 finales—.

Los peritos contadores expresaron en su informe que el flujo de fondos directo desde la firma Loscalzo y Del Curto a la empresa Los Sauces se llevó a cabo de la siguiente forma: Quienes se encargaron de girar el dinero en favor de la sociedad de los ex presidentes fueron Lisandro Donarie —sobre quien pesa una falta de mérito—, Martín Samuel Jacbos, Emilio Martín, Claudio Bustos, Leandro Báez, Luciana y Martín Baez, quienes suscribieron alternadamente al menos cuarenta (40) cheques por los que se canalizaban los fondos hacia la firma Los Sauces”.

Esto lo realizaban, dice la acusación, en calidad de apoderados. Por otra parte, “quien se encargó de cobrar los fondos provenientes de la firma Loscalzo y Del Curto fue Máximo Kirchner, quien depositó más de 35 cheques librados por la empresa en la cuenta n° 01-222/1 del Banco Santa Cruz”.

La acusación de los fiscales ilustra la situación con algunos ejemplos: “A los efectos de justificar este flujo de fondos, Máximo Kirchner, en representación de la firma Los Sauces y Martín Jacobs en representación de la empresa Loscalzo y Del Curto, celebraron un primer contrato de locación el penúltimo día del año 2008 —el 30 de diciembre— a través del cual se instrumentó el alquiler del edificio de la calle Moreno n° 882 de la ciudad de Río Gallegos”.

A su vez, sostiene el requerimiento de elevación a juicio, “no debe soslayarse que la firma Loscalzo y Del Curto también participó en el reciclaje de fondos ilícitos de la obra pública vial a través de la actividad hotelera, para lo cual a través de la suscripción de contratos por servicios simulados en el Hotel Alto Calafate, se encargó de canalizar dinero ilícito proveniente de la defraudación al Estado Nacional a la firma Valle Mitre”.

El paso siguiente de ese circuito, se leyó, “era aplicar el dinero a la actividad hotelera en beneficio de la firma Hotesur, propiedad de la familia Kirchner, tal como se pudo demostrar en el marco de la causa conexa n° 11.352/14”.

De esta manera, la firma Valle Mitre le facturó a Loscalzo y Del Curto, en concepto de alquiler de habitaciones en el Hotel Alto Calafate, un total de $497.000 más IV A —$602.217 final— entre julio y diciembre del 2010, lo que permitió a su vez un segundo mecanismo de inyección de fondos ilícitos provenientes de la obra pública vial —esta vez indirecto—”.

Así, la constructora del Grupo Báez que resultó adjudicataria de una de las obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz que forma parte del esquema de corrupción analizado en el marco de la causa n° 5048/16 y que resultó subcontratista de Austral Construcciones en otras obras públicas.

Esta empresa, “fue otra de las empresas que inyectó fondos ilícitos a la firma Los Sauces desde el mes de enero del año 2009 y hasta el mes de diciembre de 2014 con el fin de aplicarlos a la actividad inmobiliaria”.

De esta forma, consta en la acusación, “una porción de lo que era defraudado al Estado Nacional a través de la obra pública sería canalizado a la firma Los Sauces, que como informaron los peritos contadores intervinientes en estos actuados, permitió que la sociedad de la familia Kirchner le facturara a LOSCALZO Y DEL CURTO un total de $1.398.000 sin IV A —$1.691.580 final— en el período que va desde el mes de enero de 2009 hasta el mes de diciembre de 2014”.

Sin embargo, se leyó durante la audiencia, según se pudo demostrar, la “presencia de personas de confianza de Lázaro Báez en los órganos de gobierno y administración de la empresa se encontró garantizada mucho tiempo antes, en tanto Fernando Javier Butti —autoridad y apoderado de numerosas empresas del Grupo Báez— ostentó desde el año 2006 y hasta el 2009 el 50% del capital accionario de la empresa, y fue gerente y administrador durante ese mismo período temporal”.

A su vez, desde el 2 de noviembre de 2005, “existía un poder general amplio de administración a favor de Fernando Javier BUTTI y Martín Samuel JACOBS para que representaran y operasen en nombre de la empresa Loscalzo y del Curto lo que evidencia que ya en el año 2005 esta firma formaba parte del conglomerado societario del Grupo Báez”.

Finalmente, en el año 2011, la composición social de la empresa fue modificada, cuando Martín BÁEZ mantuvo su participación social del 90% e ingresó su hermano, Leandro BÁEZ, quien adquirió el restante 10% de la empresa, colocándose ambos como gerentes de la S.R.L”.

Por secretaría se continuó leyendo los lazos comerciales entre la empresa de la familia Kirchner y el Grupo Báez.

Sobre Loscalzo y Del Curto Construcciones, otra de las empresas contratistas del Estado Nacional que es propiedad de Lázaro Báez, se determinó que “formó parte de este esquema de blanqueo de activos”.

Su actividad principal consistió en la construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales.

El órgano de gobierno de la firma Loscalzo y Del Curto, quedó integrado formalmente por el Grupo Báez desde el año 2009 cuando el paquete accionario fue adquirido en un 90% por Martín Báez y 10% por Emilio Martín—quien también era socio de los nombrados en la firma Invernes S.A. y apoderado de Austral Construcciones—, mientras que el órgano de administración quedó en cabeza de Martín Báez, quien ostentó el cargo de socio gerente de la empresa.

El andamiaje delictivo requirió una ingeniería societaria y notarial cerrada ejecutada por personas del círculo íntimo, con Máximo Kirchner ejerciendo la presidencia unipersonal de la firma y concentrando la firma de contratos y balances familiares. La estructura contó además con el contador Víctor Manzanares para encuadrar las cifras en las declaraciones juradas oficiales, los escribanos Leandro Albornoz y Jorge Ludueña en la cobertura notarial, y la actuación cruzada de Romina Mercado y Osvaldo Sanfelice, quienes figuraban como directivos y apoderados de la empresa familiar mientras cobraban sueldos de las compañías inquilinas del Grupo Indalo.

La acusación profundizó la simbiosis comercial directa entre los expresidentes y Lázaro Báez mediante maniobras de triangulación de tierras y fondos públicos. La pesquisa detalló cómo el matrimonio Kirchner adquirió bienes con dinero transferido por el contratista, aportó a la sociedad terrenos valuados oficialmente en más de 800 mil pesos a un valor ficticio de 13.500 pesos, y encomendó al propio Báez la construcción de edificios que luego el empresario alquiló en su totalidad a través de sus firmas viales, cerrando un circuito continuo donde actuó en simultáneo como beneficiario estatal, constructor privado y locatario cautivo.

La lectura del requerimiento de elevación a juicio expuso severas inconsistencias que desmoronan la apariencia de una inmobiliaria legalmente constituida. La compañía careció de una sede comercial real, nunca evaluó la solvencia ni el perfil de sus inquilinos y funcionó sin empleados durante sus primeros cuatro años de existencia; cuando finalmente registró personal dependiente en su nómina salarial, incluyó de forma insólita al jardinero personal de Cristina Kirchner y a su hija Florencia Kirchner para aparentar actividad.

A estas irregularidades operativas se sumó un manejo contable en abierta infracción a las normativas legales, documentado por los peritos oficiales del cuerpo técnico judicial. Los libros sociales y registros contables incautados evidenciaron folios anulados con la inscripción "erróse", tachaduras, asientos no correlativos, registraciones previas a la rúbrica de los libros y una absoluta ausencia de comprobantes sobre movimientos de fondos, contratos originales de locación y balances posteriores al ejercicio 2014.

Durante la audiencia de la semana pasada, se describió un plan delictivo sistemático extendido entre 2003 y 2016, donde la exfamilia presidencial operó a ambos lados del mostrador: garantizó millonarios contratos de obra pública y beneficios impositivos desde el Estado para luego percibir retornos privados. La hipótesis acusatoria conecta de manera directa este juicio con el expediente de Vialidad y las ventajas otorgadas al Grupo Indalo, señalando que los fondos ilícitos obtenidos por Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa constituyeron el delito precedente indispensable para el posterior blanqueo de activos.

Bajo esa estructura de retornos encubiertos, más de 110 millones de pesos a valores históricos fueron canalizados hacia las sociedades familiares a través de alquileres de propiedades y contratación de plazas hoteleras. En el caso puntual de Los Sauces SA, más del 88% de su facturación dependió exclusivamente de las empresas de Báez y de López, quienes arrendaron inmuebles desvinculados de su giro comercial —como departamentos y amenities en el complejo Madero Center— a precios por encima del mercado para justificar el ingreso de divisas a las cuentas presidenciales.

El pasado lunes se leyó el tramo de la acusación que enumera cronológicamente las irregularidades que prueban la maniobra de los Kirchner para lavar dinero con la inmobiliaria.

La hipótesis central de la acusación judicial sostiene que ambas firmas -Los Sauces y Hotesur- funcionaron como vehículos de reciclaje de fondos ilegales provenientes de las licitaciones de obra pública vial en Santa Cruz y de beneficios otorgados a empresarios afines.

El requerimiento de elevación a juicio en la causa Los Sauces, cuya lectura comenzó el viernes en la primera audiencia del juicio oral y continuó este lunes, reforzó el concepto del que siempre buscó desligarse Cristina Kirchner. Las acusaciones ubicaron a Lázaro Báez no solo como el mayor contratista vial de Santa Cruz, sino como el “amigo personal y socio comercial de los ex presidentes”. La acusación judicial expuso todas las operaciones que unieron el patrimonio del Grupo Austral con el de la familia Kirchner.

Las causas Hotesur y Los Sauces abordaron una matriz común de presunto lavado de dinero y retornos a través de la actividad hotelera e inmobiliaria de la familia Kirchner.

La hipótesis central de la acusación judicial sostiene que ambas firmas funcionaron como vehículos de reciclaje de fondos ilegales provenientes, en su origen, de las licitaciones de obra pública vial en Santa Cruz y de beneficios otorgados a empresarios afines.

El esquema consistía en la simulación de alquileres de propiedades y contratación de plazas hoteleras por parte de compañías de los grupos empresariales de Lázaro Báez (como Austral Construcciones y Kank y Costilla) y de Cristóbal López y Fabián De Sousa (Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia), permitiendo que el dinero ingresara formalmente y de forma periódica al patrimonio de los exmandatarios.

A partir de las 10 de la mañana continúa el juicio por los casos Hotesur-Los Sauces. Se trata de las dos empresas de la familia Kirchner investigadas por lavado de dinero.

A la cabeza de las acusaciones se encuentran Cristina Kirchner y Máximo Kirchner, señalados como responsables del delito de asociación ilícita en carácter de jefa y organizador, respectivamente, junto a la imputación por lavado de dinero y recepción de dádivas en el caso de la ex Presidenta.