Juicio a Cristina Kirchner, EN VIVO: arrancó la primera audiencia por Hotesur y Los Sauces

El día 13 de abril de 2009, la firma Los Sauces decidió adquirir el Hotel La Aldea del Chaltén, “edificado en un terreno de 1961,80 m2 sito en la calle Martín Miguel de Güemes n° 95 de la ciudad homónima que se encuentra identificado con la nomenclatura catastral Parcela 1, Manzana 1, Circunscripción III (Matrícula 3645)”.

Para ello, Máximo Kirchner, presidente de la empresa, “formalizó la compra del cuarto complejo hotelero de la ex familia presidencial' ante el notario Ricardo ALBORNOZ a cambio de la suma de $200.000, la cual fue abonada con el cheque n° 06974772 de la cuenta n° 222/1 del Banco Santa Cruz a nombre de LOS SAUCES (escritura n° 130)”.

Para ese entonces, se escuchó en el juicio, “ya contaba con los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y Los Sauces. • La administración y explotación de este hotel valuado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación al momento de la compra en la suma de $2.890.000 —es decir más de trece veces el valor declarado en la escritura—, fue entregado por la familia KIRCHNER — al igual que los hoteles Las Dunas y Alto Calafate— a dos empresas pantallas controladas por sus socios comerciales, primero a la firma VALLE MITRE, de Lázaro BÁEZ, y luego a la empresa IDEA, de Osvaldo José SANFELICE”.

El mismo día de la operación ya detallada, el 25 de noviembre de 2008, “Néstor KIRCHNER también le cedió a la firma LOS SAUCES en concepto de aportes irrevocables un terreno que valuó en $13.500 identificado como Lote 2, Manzana 73 (matrícula n° 5026) situado en la calle Moreno n° 882 de la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz (escritura n° 697)”.

La operación fue instrumentada “nuevamente ante el notario Ricardo Albornoz por el hijo de los ex presidentes, Máximo Kirchner, quien transfirió la propiedad a la firma LOS SAUCES en representación de su padre, aceptó el traspaso de dominio como representante de la firma y de su madre Cristina Fernández, de conformidad ido en el art. 1277 del Código Civil, vigente a ese momento.

Al igual que en la anterior propiedad, “paralelamente a la cesión del bien y mientras Cristina FERNANDEZ ejercía la primera magistratura, la firma LOSCALZO Y DEL CURTO, de Lázaro BÁEZ, también se encontraba construyendo un edificio con cuatro (4) departamentos en dicho terreno —con un grado de avance del 60% según el Tribunal de Tasación de la Nación—, el cual a finales del mes siguiente —30 diciembre de 2008— fue entregado íntegramente en locación a la propia firma LOSCALZO Y DEL CURTO, y luego a la empresa AUSTRAL CONSTRUCCIONES, también perteneciente al GRUPO BÁEZ y principal beneficiaria de la maniobra fraudulenta cometida contra la administración pública”.

Al consignar las maniobras, se leyó en la audiencia que el día 25 de noviembre de 2008, Cristina FERNÁNDEZ le cedió a la firma LOS SAUCES en concepto de aportes irrevocables un terreno que valuó en $13.500 identificado como Lote 6, Manzana 197 (matrícula n° 1574) situado en la calle Alvear n° 391 de la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz (escritura n° 696).

La operación -dijo el secretario del TOF 5-, “fue instrumentada ante el notario Ricardo ALBORNOZ por Máximo KIRCHNER, quien transfirió la propiedad a la firma LOS SAUCES en representación de su madre Cristina FERNANDEZ, aceptó el traspaso de dominio como representante de la firma y dio el asentimiento conyugal de su padre Néstor KIRCHNER, de conformidad con lo establecido en el art. 1277 del Código Civil, por ese entonces vigente”.

Hubo más: “Paralelamente a la cesión del bien inmueble y mientras Cristina FERNANDEZ ejercía la primera magistratura, la firma LOSCALZO Y DEL CURTO, propiedad del amigo y socio comercial de los ex presidentes, Lázaro BÁEZ y una de las empresas contratistas de obra pública que recibió adjudicaciones con las que se defraudó al Estado, ya se encontraba construyendo un edificio con cuatro (4) departamentos en dicho terreno —con un grado de avance del 60% según el Tribunal de Tasación de la Nación—, el cual a finales del mes siguiente —30 diciembre de 2008— fue entregado íntegramente en locación a otra de las firmas pertenecientes al GRUPO BÁEZ, que recibió obras viales en Santa Cruz, ICANK Y COSTILLA”.

Se fueron detallando las operaciones de la familia Kirchner que posibilitaron las maniobras de blanqueo: “El mismo 8 de abril de 2008, Néstor KIRCHNER también adquirió "para y con dinero" de la empresa LOS SAUCES un departamento de 426,21 m2 ubicado en el piso 4° L (UF 126), dos cocheras y una baulera (unidades complementarias MCCCXVI/II y CCCXCIII) en el edificio "Dique" del complejo "Madero Center", a cambio de la suma de USD 943.000, para lo cual primero abonó la suma de USD 283.000 con el cheque n° 01373275 de su cuenta personal n° 59777/0 del Banco Santa Cruz, el que fue suscripto por su hijo Máximo KIRCHNER”.

También -leyó el secretario- “alrededor de tres años después, con fecha 9 de abril de 2011, paralelamente a que el inmueble generaba ingresos desde las empresas ÁLCALIS DE LA PATAGONIA e INVERSORA M&S, la firma LOS SAUCES escrituró la adquisición del inmueble ante la notaria Sara JARATZ de PERELMUTER (escritura n° 40), para lo cual en 2009 se había pagado el saldo restante, esto es la suma de USD 660.000, con el cheque n° 01373279 de su cuenta personal n° 59777/0 del Banco Santa Cruz, el que esta vez fue suscripto por el propio Néstor KIRCHNER”.

El secretario continuó con la lectura de las acusaciones: “En esos actuados, se pudo corroborar que a los fines de hacer fluir los fondos desde el Estado a favor de las empresas de BÁEZ, se instrumentó un esquema de corrupción mediante el cual los funcionarios con competencia en la materia —presidente, ministro, secretario, subsecretario— lograron que una importantísima cantidad de fondos públicos fueran puestos a favor de la Dirección Nacional de Vialidad, para que desde allí, fueran destinados a la provincia de Santa Cruz, y una vez asignados a dicha jurisdicción fueran adjudicadas al referido empresario que de esta forma recibiría prácticamente el 80% de las obras —51 obras— por un monto de $16.447.135.922,59 que actualizado a agosto de 2016 representaba un total de $45.947.946.238”.

Asimismo, “se logró establecer que una vez que las empresas del GRUPO BÁEZ habían sido adjudicatarias de las obras, mediante procedimientos licitatoriós plagados de irregularidades —tales como, la concurrencia múltiple de empresas del grupo a una misma licitación, la simulación de competencia, procedimientos en tiempo record, entre otras— se le garantizó al devenido empresario de confianza de los expresidentes un esquema de beneficios que implicaría mediante esta operatoria un importantísimo perjuicio para las arcas del Estado Nacional”.

Para lograr instaurar, ejecutar y sostener los distintos planes criminales tendientes a apropiarse de los fondos públicos, Néstor, Máximo y Cristina Kirchner junto con Báez, López y De Sousa se valdrían de la colaboración de distintos profesionales —escribanos, abogados y contadores— para e el diseño de un andamiaje societario, legal y contable que les permitiría canalizar fondos desde las empresas de los grupos Báez e Indalo y a su vez, junto con distintas personas de confianza que ocuparían cargos en las sociedades involucradas, suscribirían los contratos que permitirían justificar las relaciones comerciales y cobrarían los cheques o recibirían las transferencias a través de los que fluían los fondos, logrando así blanquear el origen espurio del dinero e integrarlo a su o con apariencia lícita, lo que les permitía disponer libremente de aquél.

Con posterioridad al fallecimiento de Néstor Kirchner, se sumó a la asociación criminal a Florencia Kirchner, “quien a partir de allí brindaría su aval y aprobación a la operatoria ilegal que venían desarrollando sus padres y su hermano a través de las sociedades Hotesur, Los Sauces y del patrimonio personal de su padre, y a su vez desde el papel de vicepresidente de la última entidad y empleada de la misma, se ocupó de la adquisición de propiedades y retiró dinero que previamente habían sido aplicados a las actividades hotelera e inmobiliaria bajo los cuales la organización reciclaba los fondos ilícitos”.

La justicia federal dejó afuera de los dos casos a Florencia Kirchner, decisión que contó con la confirmación de la Corte Suprema.

En este contexto, se señaló que fue el momento en el que los ex presidentes “incorporaron a la organización criminal a su hijo, Máximo KIRCHNER quien formaría junto a su padre la firma HOTESUR y junto a sus dos progenitores la empresa LOS SAUCES”.

De la inmobiliaria, Máximo Kirchner su vez, “sería presidente, ocupándose de realizar en nombre de aquellos y en representación de las sociedades la adquisición de propiedades, la firma y cobro de cheques con los que se canalizaban los fondos, la firma de contratos de locación, y todos los demás actos a los fines de configurar, ejecutar y sostener la asociación delictiva, beneficiándose a su vez con su producido”.

Para la Justicia, siendo Néstor y Cristina Kirchner “las máximas autoridades de la República, dada su posición institucional y la publicidad de sus declaraciones patrimoniales, su fortuna no podía incrementarse en la medida que lo había hecho”.

En esta punto se hizo la siguiente distinción: “La de quienes habían sido favorecidos con contratos de obra pública, concesiones estatales en distintas actividades y habían recibido beneficios impositivos ilegítimos, y por ello, recurrieron a distintos esquemas de lavado de activos para canalizar a través de aquellos decenas de millones de pesos que aumentaron significativamente su patrimonio”.

La finalidad de la maniobra era “justificar a través de actividades lícitas —hotelera e inmobiliaria— que las empresas que habían recibido los fondos públicos y otras firmas intermedias pertenecientes a los conglomerados societarios de los empresarios beneficiados, canalizaran fondos hacia los ex mandatarios y sus hijos”.

"Los planes criminales llevados a cabo por esta organización delictiva no se agotaban en la sustracción de fondos al Estado Nacional y en la concesión de beneficios exclusivos, sino que esta misma organización, con alguno de sus integrantes y la incorporación de nuevos, iniciaría una etapa posterior, en la cual una porción del dinero de los empresarios atravesaría el camino inverso en favor de Néstor y Cristina Kirchner”, puntualizaron.

En esta ocasión, “ocupando otro rol, en una faceta privada, a través de la instrumentación de distintas maniobras, tales como el lavado de activos a partir de la actividad hotelera y el alquiler de propiedades”.

Esta fase, configura el “eje central de las iones que se siguen en las causas n° 11.352/14 —denominada nte "Hotesur"— y n° 3732/16 —conocida como "Los Sauces"— y definitiva en que los jefes de la asociación ilícita recibieran una e los fondos que habían sido sustraídos por la organización criminal que ellos dirigían y que pudieran disponer libremente de ellos".

Según la Justicia, Néstor y Cristina Fernández “aportaron a esta organización criminal el poder que la jerarquía y las facultades legales que su cargo le otorgaban y junto con otros funcionarios públicos que dependían de ellos: ministros, secretarios, subsecretarios y titulares de organismos descentralizados/autárquicos”.

Todos ellos se “valieron de la legitimidad de la que gozan los actos de un funcionario público, de las competencias y atribuciones de sus puestos, pusieron en marcha y sostuvieron una maquinaria eficaz —en base al diseño de un esquema de beneficios exclusivos y permanentes— para sustraer fondos del Estado a favor de Lázaro Báez, de Cristóbal López y de Carlos De Sousa quienes se encontraban —como privados— del otro lado de la maniobra criminal”.

Según la lectura, también se encuentra bajo investigación en esta causa “otros planes delictivos que habrían sido llevados a cabo por esta organización, tales como la contratación ilegítima por parte de la empresa estatal AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. del Hotel Alto Calafate de la ex familia presidencial y la adjudicación de obras públicas viales a favor de la firma SUCESIÓN DE ADELMO BIANCALANI S.A. también perteneciente a Lázaro Báez”.

El detalle continúa: “La maniobra de lavado de activos a través de la empresa AGOSTO S.A., entre tantas otras”.

Para lograr sustraer los fondos del Estado, señaló el requerimiento, “alguno de los miembros de esta asociación, entre otros planes delictivos, escogieron a la obra pública vial como uno de los medios propicios para obtener el dinero del Tesoro Nacional; convirtieron en empresario a Lázaro Báez, a quien habrían de enriquecer a lo a expensas del interés de la sociedad gracias a la asignación de más de 46 mil millones de pesos”.

En ese momento del juicio, se volvió a escuchar la maniobra corroborada en el caso Vialidad. Se leyó: “seleccionaron a la provincia de Santa Cruz el lugar en donde con la colaboración de funcionarios locales se a matriz de corrupción; y acordaron generar un éxito continuo y ente del plan delictivo concertando sucesivos proyectos perjudiciales para hacerse ilícitamente de los fondos públicos”.

De acuerdo a la lectura, “los empresarios junto con los ex mandatarios y otros miembros de la organización, elaboraron un sistema destinado a transferir y disimular parte de las ganancias que se encontraban en poder de los empresarios, a los propios ex presidentes y a su núcleo familiar”.

Esto se concretó a través de “préstamos, compra de propiedades, alquiler de los distintos complejos hoteleros de su propiedad, construcción de mejoras en dichos establecimientos y alquiler de propiedades, tal como se investiga en estas actuaciones y en la causa n° 11.352/14 públicamente conocida como "Hotesur".

En cuanto al rol de miembros de la asociación, también se mencionó a la sobrina del ex matrimonio presidencial Romina de los Ángeles Mercado. Además de los integrantes del Grupo Baéz, Martín Báez y Emilio Carlos Martin, y a los escribanos Jorge Ludueña y Ricardo Albornoz.

El TOF 5 sostuvo que el requerimiento de elevación a juicio del caso Los Sauces SA obliga a reordenar el cronograma del debate.

El juez Michilini explicó que la próxima audiencia será el lunes y el próximo viernes, es decir: se usarán diez días hábiles para leer el requerimiento de más de 300 páginas.

En el comienzo del debate, el presidente del TOF 5 -José Michilini-, explicó que la virtualidad era sólo una “excepción” y una de las defensas solicitó que se garantice “los diez días que contempla el Código Procesal Penal para el caso Hotesur, es necesario para ejercer la defensa contar con el plazo procesal “.

El juez Michilini explicó que se garantizará el plazo, por lo que la lectura del requerimiento del caso Los Sauces durará diez días hábiles, y recién se dará inició a la lectura de las acusaciones de la causa Hotesur.

Comenzó este viernes el juicio de los casos Hotesur-Los Sauces. Con los imputados conectados de forma online, se inauguró la lectura de los requerimientos de elevación a juicio: un detalle de los hechos investigados y corroborados, el rol de cada uno de los acusados y los delitos atribuidos.

Las acusaciones sostienen que Cristina Kirchner, fue la jefa de la asociación ilícita, “en el papel de organizadores a su hijo, Máximo Kirchner”. Se mencionaron a otras personas: el exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Julio Miguel De Vido, al exsecretario de Obras Públicas José López, al exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Kirchner, al exadministrador de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y el exgobernador de Santa Cruz Carlos Sancho.

El detalle incluyó a “los amigos personales y socios comerciales de los ex presidentes”, entre ellos: Lázaro Báez y Osvaldo Sanfelice, al contador de la familia presidencial y sus empresas Víctor Manzanares y a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Tras la decisión de la Cámara de Casación, el TOF 5 integrado por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni resolvieron que el juicio en esta primera etapa de lectura de acusaciones se realizará de forma virtual.

Se explicó que ante la decisión de unificación de las causas, para no postergar el comienzo del debate, se decidió que las primeras semanas donde se escucharán las maniobras investigadas, el rol que cada imputado desempeñó y por ende, los delitos atribuidos, será de manera virtual. Cuando comiencen las indagatorias, se volverá a la modalidad presencial.

El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) dispuso el inicio del juicio oral y público unificado por los casos Hotesur y Los Sauces contra Cristina y Máximo Kirchner por maniobras de presunto lavado de dinero y asociación ilícita. La apertura del debate se fijó para este 23 de octubre a las 10 de la mañana en los tribunales de Comodoro Py, tras resolver la disputa procesal en la que el fiscal Mario Villar y la Cámara de Casación impulsaron la reunificación de ambas causas para evitar desdoblamientos probatorios y juzgar en conjunto la estructura de las empresas familiares.

El objeto central de la acusación se enfoca en el retorno de fondos a través de contratos de alquiler de complejos hoteleros y propiedades de las firmas familiares, triangulados principalmente mediante empresarios contratistas de obra pública como Lázaro Báez. En vísperas del comienzo de las audiencias, las defensas de los imputados solicitaron la dispensa para no asistir de manera presencial a los tribunales, mientras que la Cámara Federal de Casación Penal ratificó las medidas cautelares y dejó firmes los embargos patrimoniales sobre los bienes e inmuebles de las sociedades involucradas.

La unificación de los juicios de Hotesur y Los Sauces complica la situación judicial de Cristina y Máximo Kirchner. La decisión fortalece la hipótesis de un único circuito de lavado de dinero y reduce las posibilidades de utilizar fallos contradictorios en su defensa.

A horas del inicio del juicio oral y público por los casos Los Sauces y Hotesur, donde los principales acusados son Cristina y Máximo Kirchner, la Cámara de Casación dejó firme los embargos preventivos ordenados por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que ejecuta la condena del caso Vialidad. La medida cautelar se dictó en el marco del segundo pedido de decomisos para cubrir los 685.000 millones de pesos, fijados como el fraude cometido.

Máximo y Florencia Kirchner apelaron ante la Cámara Federal de Casación la resolución del TOF 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, a través de la cual ordenaron un embargo preventivo sobre las empresas familiares.

La hiperactividad política que mostró Cristina Kirchner en las últimas semanas acaso se explique por la proximidad de un frente de tormenta judicial a punto de explotar. Como viene contando Clarín, el arranque del juicio oral por los casos Hotesur y Los Sauces, y la inconveniencia para la expresidenta de su unificación procesal, es una pésima noticia para ella. Pero no la única.

En paralelo a esta acusación por lavado de dinero que involucra a su hijo Máximo, en el caso Vialidad también se pronostican lluvias. Se trata de la causa por corrupción que terminó con una condena de seis años de prisión (en su caso domiciliaria) y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

Cristina Kirchner se sentará, por tercera vez, en el banquillo de los acusados. Esta vez lo hará junto a su hijo Máximo, que también va a juicio por lavado de dinero en las causas de Hotesur y Los Sauces. El juicio arrancará este viernes de manera unificada luego de la decisión que tomó la Cámara de Casación.

A la ex presidenta la acusan de ser la jefa de una asociación ilícita que se dedicó a lavar dinero a través de sus hoteles y compañías y también de haber recibido dádivas. Entre las pruebas figuran los contratos con Lázaro Báez, la creación de empresas para lavar el dinero, movimientos de fondos y todo tipo de maniobras irregulares, según determinó la Justicia.

El juicio unificado de los casos Hotesur y Los Sauces contra Cristina y Máximo Kirchner, entre otros imputados, arranca este viernes a partir de las 10, después del fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que ordenó la realización de un solo debate oral y público de las dos causas unificadas.

Los Sauces es la inmobiliaria familiar y Hotesur, la sociedad propietaria de los hoteles. La hipótesis de la acusación sostiene que ambas sociedades fueron utilizadas para recibir fondos de empresarios beneficiados con contratos estatales durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.