No hubo magia negra, oscuros trascendidos ni acuerdos bajo cuerda: cada foja de esta causa inicialmente abierta en 2008 con una denuncia penal de Elisa Carrió y un grupo de diputados de la Coalición Cívica fue desnudando los engranajes y entresijos de una compleja estructura de corrupción montada en el otoño de 2003, días antes de la asunción de Néstor Kirchner como presidente de la Nación y mantenida hasta el último suspiro del gobierno de su esposa, el 10 de diciembre de 2015. La progresión del expediente fue descubriendo, confirmando y profundizando las pruebas que desde entonces tomaron una sola y única dirección: la que señalaba al matrimonio presidencial como máximo responsable de un multimillonario fraude al Estado.

En 2016, cuando aquella matriz corrupta dejó de operar, la justicia pudo acceder a cientos de expedientes administrativos, presupuestos, órdenes de pago y papeles clave para comprobar el circuito que hacían esos fondos públicos, desde el presupuesto nacional y la Dirección Nacional de Vialidad a la oficina de Vialidad de Santa Cruz, de ahí a las empresas que Lázaro Báez fue comprando hasta controlar todo el mercado de la obra pública, y luego de regreso a la billetera privada de los Kirchner, bajo la excusa -ficticia- de alquileres de hoteles e inmuebles de sus firmas familiares. Claro como el agua clara.

En ese momento las fichas se precipitaron: el interventor de Vialidad, Javier Iguacel, aportó una montaña de documentos que despabilaron al juez Julián Ercolini, quien ajustó la mira del caso hacia la obra pública vial en Santa Cruz: despejando una maraña de contratos y sospechas aisladas por todo el país, el circuito para robar dinero de los argentinos a través de Báez emergía límpido.

La causa cobró velocidad. Las medidas de Ercolini fueron ratificadas por la Cámara Federal porteña, en marzo de 2018 el caso fue elevado a juicio y al año siguiente comenzó el juicio oral bajo el comando del TOF 2, que el 6 de diciembre de 2022 emitió si sentencia. La misma que este miércoles, casi dos años después, ratificó la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.

Los siete jueces que emitieron su parecer en el procesamiento, la elevación a juicio, la condena y su revisión encontraron exactamente lo mismo. Si sumamos el control de garantías de la Cámara Federal y el accionar de los fiscales de todas las instancias, la cantidad de funcionarios judiciales que intervinieron en el caso Vialidad supera las dos docenas. Ni uno solo de ellos halló una mota de polvo que pusiera en duda el razonamiento plasmado en todos los fallos. ¿Y el lawfare? Sólo persiste en la autopercepción de Cristina.

Una mención especial merece el trabajo de los fiscales Gerardo Pollicita, Juan Ignacio Mahiques y sobre todo Diego Luciani, reconocido una vez más por los jueces de la Casación este miércoles. Al igual que su colega Mario Villar, fueron encontrando los hilos que unen las pruebas entre sí, y también distintos expedientes tramitados en juzgados diferentes, pero que refieren a una sola y enorme maniobra criminal.

Por ejemplo, el teléfono sonó fuerte ahora en los despachos del Tribunal Oral Federal 5, que debe organizar el juicio oral de las causas unificadas Hotesur-Los Sauces, y en el TOF 7, que mantiene somnoliento el radiactivo caso Cuadernos: con las certezas ratificadas en la causa Vialidad, todos esos otros casos ya tienen un piso de probanza inusualmente alto aún antes de que comiencen sus audiencias. Los doctores Borinsky, Barroetaveña y sobre Hornos así lo recordaron en varios tramos de sus votos.

Sin embargo, semejante avalancha de pruebas coincidentes como los astros en un cosmos no fue suficiente para que al menos dos de los tres camaristas avalasen el pedido de la fiscalía de considerar que la expresidenta fue jefa de una asociación ilícita para defraudar al Estado por casi 85.000 millones de pesos. A la luz de los propios argumentos de los magistrados, es necesario un enorme esfuerzo intelectual para arribar a las conclusiones que firmó la mayoría de la Sala IV de la Casación.

Pero no todos escribieron lo mismo: tal como había hecho el juez Andrés Basso en el TOF 2, ahora fue Gustavo Hornos quien consideró que el expediente Vialidad había reunido pruebas más que suficientes para acreditar el funcionamiento de una asociación ilícita desde la cúspide del poder y durante más de doce años.

La permanencia en el tiempo, la participación de más de dos personas y la ocurrencia de distintos delitos indeterminados -el fraude al Estado fue posible gracias a una compleja batería de intervenciones y manipulaciones administrativas y contables- son las condiciones más evidentes de la existencia de esa asociación.

Como había ocurrido con los jueces Giménez Uriburu y Gorini en el TOF 2, ahora fueron Borinsky y Barroetaveña quienes no lo vieron así. Por fuera del ambiente jurídico, hay un incontrastable dato político: Comodoro Py tiene una reticencia histórica y persistente a aplicar la figura de asociación ilícita cuando los acusados son políticos, estén en el poder o no.

Luego de las previsibles presentaciones de recursos extraordinarios y quejas, la pelota quedará bajo la suela de la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal cruzado por internas y tensiones mientras el gobierno quiere instalar allí a los doctores Ariel Lijo y Manuel Garcia-Mansilla. La configuración de ese mapa, a su vez, también depende de los cruciales votos de los senadores peronistas, cuya terminal política en muchos casos es Cristina Kirchner. La condenada de hoy.

Sin plazos ni ataduras, la Corte puede resolver rápido o no, agregar la asociación ilícita -que duplicaría el plazo de la pena de Cristina, de seis a doce años- o dejar las cosas como están, con una lacónica apelación al artículo 280 de Código Procesal. Lo que sin ninguna duda ocurrirá es que desande el larguísimo y asfaltado camino del expediente y encuentre inocente a Cristina Kirchner.