Alberto Fernández sumó una nueva complicación en la Justicia. El fiscal Carlos Stornelli lo imputó por presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en el manejo de la prolongada cuarentena que decretó por la pandemia de Covid durante 2020 y 2021.

La medida fue tomada en el marco de una presentación judicial encabezada por Yamil Santoro: el legislador porteño denunció penalmente al ex presidente a partir de los recientes dichos públicos de Martín Guzmán sobre las medidas de aislamiento.

Stornelli, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, plantea que se investigarán "las posibles conductas delictivas" de Fernández, quien está acusado de "extender por razones indebidas" las restricciones, con fuertes consecuencias tanto a nivel social como económico.

"En este sentido, conforme surge de los escritos de denuncia incorporados, quien fuera ministro de Economía de aquella gestión de gobierno nacional, Martín Guzmán, habría señalado en el marco de una entrevista periodística que '(…) dada la información técnica que tenía, fue más larga de lo que tendría que haber sido' y que ello obedeció a motivos de conveniencia política, o una suerte de 'bandera más política', ya que le estaba yendo 'bien con la sociedad' y que 'la administración de la pandemia es lo que hacía fuerte al Gobierno'. El nombrado incluso habría referido: 'Entonces, por mucho tiempo era no, no, no se puede (relajar la cuarentena)’", remarcó Stornelli en su requerimiento de instrucción a la jueza federal María Servini.

Las declaraciones a las que hace referencia el fiscal fueron realizadas por Guzmán en el canal de streaming Cenital.

Entre las disposiciones para avanzar con la investigación, Stornelli pidió que se recaben todas las normas dictadas por el Ejecutivo para imponer restricciones en la cuarentena. También, que se solicite a la Organización Mundial de la Salud (OMS) información estadística acerca de las medidas sanitarias que tomaron los demás países por la pandemia, especificando su extensión, implicancias sobre las libertades de los ciudadanos y resultados en la prevención de contagios.

Además, requirió que el gobierno de Javier Milei informe si existe documentación de posibles encuestas que la anterior gestión pudo haber solicitado (a organismos públicos o consultoras privadas) para conocer la opinión de la gente sobre la cuarentena.

Yamil Santoro basó su denuncia contra Alberto Fernández en la presunta comisión de delitos que incluyen incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y privación ilegítima de la libertad.

La presentación fue respaldada por José Magioncalda, director del equipo de legales de la Fundación Apolo, que llevó adelante diversas demandas en pandemia, y el abogado Ignacio Falcón.

“No podemos permitir que las libertades de los ciudadanos sean manipuladas para fines políticos. Las decisiones que se tomaron durante la pandemia no solo afectaron gravemente la economía y la salud de los argentinos, sino que, según estos nuevos testimonios, fueron utilizadas como herramientas de marketing político. Esto no es negligencia, es un abuso de poder que debe ser investigado y sancionado”, remarcó Santoro, legislador de Republicanos Unidos y director general de la Fundación Apolo.

La denuncia recuerda que “las normas restrictivas de las libertades públicas empleadas durante la pandemia del COVID 19 impactaron negativamente en la economía, en la educación y hasta en la salud de un sinnúmero de habitantes de nuestro país” y sostiene que “la libertad de transitar, de trabajar, de concurrir a establecimientos educativos, fue cercenada durante un período que muchos expertos consideraron excesivo”.

En paralelo, entiende que “de los dichos del ex ministro de Economía, Martín Guzmán, se advierte que lo dicho no estaría relacionado con un simple error de cálculo sino que, por el contrario, obedecería a una finalidad de carácter político y que la excesiva duración de las restricciones a los derechos de los argentinos, durante la pandemia, habría tenido lugar a sabiendas de que no había datos de carácter técnico que justificaran tal prolongación”.

Es por ello que consideran que el presidente, al suscribir al menos parte de los DNU que establecieron restricciones fundadas en la pandemia de COVID 19, podría haber incurrido en los delitos tipificados en los artículos 248, 249 y 142 del Código Penal.

El fiscal Guillermo Marijuan presentó una denuncia similar contra Alberto Fernández y los funcionarios de su gobierno que participaron en las decisiones cuestionadas. "Esto confirma, a través de un hecho nuevo, que hubo un desmanejo tremendo de la situación en ese momento tan doloroso para la gente", remarcó.