Entre los múltiples expedientes que se iniciaron en la Justicia contra la gestión de la AFA que lidera Claudio "Chiqui" Tapia surge uno que es llevado adelante por la Inspección General de Justicia (IGJ), que exige respuestas en el corto plazo acerca de las presuntas inconsistencias en la presentación de balances de la entidad, por más de US$ 450 millones.

Ya en diciembre último, la postura de la IGJ como denunciante fue bien clara. “Los balances de la AFA y la Superliga sobre los que se han pedido explicaciones superan los US$ 111.000.000 y (US$) 340.000.000, respectivamente”, habían planteado desde el organismo gubernamental.

Ya en ese momento, habían sostenido: “La IGJ intimará a la AFA a presentar documentos relacionados con gastos e inversiones vinculadas con actividades no incluidas en sus estatutos sociales”. “La AFA es una asociación sin fines de lucro”, cerraron.

Según consta en las actuaciones oficiales, la AFA no habría cumplido de manera adecuada con la obligación legal de informar y detallar sus estados contables, una exigencia básica para cualquier asociación civil. El foco de la IGJ no está solo en la ausencia formal de balances en tiempo y forma, sino en la falta de explicaciones claras sobre el contenido de partidas millonarias incluidas en esos estados.

De acuerdo con la información reunida por el organismo de control, los balances observados incluyen cifras globales que, sumadas, superan los 450 millones de dólares, sin que se haya precisado adecuadamente el origen de los fondos, su destino ni la composición real de varios rubros sensibles.

En muchos casos, las cuentas aparecen con descripciones genéricas -como “otros gastos” o “varios”- que, para la IGJ, no cumplen con los estándares mínimos de transparencia exigidos por la normativa vigente.

La investigación entra esta semana en una etapa clave. La IGJ resolvió citar a declarar a los contadores que tuvieron a su cargo la confección y certificación de los balances cuestionados, con el objetivo de que expliquen qué procedimientos aplicaron y cómo validaron cifras de enorme magnitud que están bajo observación.

La primera fecha clave será el miércoles 14, cuando se presente el auditor de los balances de la Superliga de Fútbol Profesional. Se trata del contador Fernando Dubois, citado por IGJ para la audiencia que tendrá lugar desde las 11, cuando deberá explicar los balances que avaló entre los años 2020 y 2024.

La segunda jornada será el jueves 15 de enero, también en la sede de la IGJ, que convocó a los profesionales contables de la AFA para pedirles explicaciones sobre los balances que aprobaron y que ahora están bajo observación.

Ese día irán al organismo los contadores Claudia Carraro, Umberto Mucelli y Claudio Bisurgi. Carraro deberá explicar el balance de 2017, Mucelli tendrá que hacerlo con los de 2018, 2019, 2020 y 2021; y Bisurgi los de 2022, 2023 y 2024

El plazo máximo que tienen para brindar explicaciones es el 20 de enero. Desde el ente que dirige Daniel Vítolo no descartan presentar veedores en caso de que no haya avances a partir de las explicaciones reclamadas.

Las audiencias fueron fijadas para los próximos días y alcanzan tanto a profesionales vinculados a la AFA como a la Superliga. El organismo busca establecer qué controles internos se realizaron, si existió respaldo documental suficiente para cada ejercicio y de qué manera se evaluaron los riesgos vinculados a la prevención del lavado de activos y al manejo de fondos.

El requerimiento de la IGJ no se dirige solo a la AFA y la Superliga. También abarca a los auditores externos que, año tras año, certificaron que los estados contables reflejaban razonablemente la situación patrimonial de ambas entidades. Para Vítolo, en diálogo con el portal Infobae, su intervención es clave para comprender cómo se validaron cifras de semejante volumen, que ahora deberán ser explicadas antes del 20 de enero.

Para la IGJ, la responsabilidad no se agota en la dirigencia a cargo de la AFA: los auditores y contadores que firmaron los balances también deben responder por la razonabilidad y consistencia de la información presentada. Esa es una de las razones por las que las citaciones a los profesionales se consideran un paso central en el expediente.

Entre las alternativas que se analizan figura la designación de uno o más veedores, una herramienta excepcional que permitiría al Estado supervisar de manera directa la administración y los libros contables de la AFA.