El Gobierno sigue con preocupación la protesta policial en Santa Fe. En público, desde el ministerio de Seguridad aseguran que están trabajando de manera coordinada con la provincia. En la Casa Rosada temen un efecto contagio en otros distritos y en las fuerzas federales acusan de mala praxis al gobernador Maximiliano Pullaro por la protesta de uniformados que se acuartelaron entre el lunes y el martes en diferentes localidades de la provincia.

Para la ministra Alejandra Monteoliva no es un conflicto más. La sucesora de Patricia Bullrich en el gabinete estaba a cargo de la Cartera de Seguridad en Córdoba el 3 de diciembre de 2013 cuando un levantamiento policial dejó zona liberada en la provincia y hubo saqueos. La falta de colaboración del Gobierno de Cristina Kirchner terminó de quebrar para siempre el vínculo entre el kirchnerismo y Córdoba. Monteoliva renunció a su cargo seis días después del acuartelamiento de la fuerza cordobesa.

Los libertarios no quieren repetir ese error. Por eso reforzaron el patrullaje de las fuerzas federales que ya están apostadas en la provincia y en Rosario, en particular. A los 70 móviles que participan del Plan Bandera se sumaron otros 30 que pertenecen a brigadas de investigaciones y otros destacamentos. “Todas las unidades están en la calle”, precisaron en el Gobierno.

En Seguridad consignaban que de los 200 patrulleros de la policía provincial desplegados en Rosario, solo circularon 30, el lunes, y 50, este martes. El ministro provincial Pablo Cococcioni, en cambio, declaró en conferencia de prensa que el patrullaje policial en la ciudad no se resintió durante la noche del lunes y la madrugada del martes y calificó la protesta como muy reducida. Pasó a disponibilidad a más de 20 policías.

En el Gobierno destacan que no quedan puntos ciegos y que hay seguridad en toda la provincia, pero aclaran que la crisis en Santa Fe empezó la semana pasada y apuntan que Pullaro y su ministro de seguridad no negociaron bien. “Les otorgaron un aumento por el plus, pero no acordaron que se levantara la medida de fuerza”, señala un funcionario del equipo de Bullrich que sigue en el organigrama de Monteoliva y está involucrado en el despliegue de las fuerzas nacionales.

En la Rosada no vislumbraban una resolución inmediata, pero consignan que no puede demorarse demasiado. Hay mucha cautela, porque temen que las quejas se multipliquen en otras provincias y en las fuerzas federales de Seguridad y Defensa, donde ya arrastran malhumor por los magros salarios y por la situación de la obra social IOFSA, que el Gobierno dividió en dos la semana pasada.

En las Fuerzas Armadas la situación es más grave: más de 18 mil uniformados pidieron su baja desde diciembre de 2023, un verdadero éxodo, que tiene su clímax en el ejército, el arma del ministro Carlos Presti.

En 2024, el Gobierno tuvo que involucrarse en el levantamiento policial y de docentes en Misiones, aunque Bullrich había asegurado que no se involucraría. La Nación terminó cubriendo con un Aporte del Tesoro de $9 mil millones a la provincia, cuando la protesta ya se había encauzado. “Ahí donde la Policía de Misiones no está, vamos a estar nosotros... No vamos a dejar al pueblo misionero sin seguridad”, prometió Bullrich.

Javier Milei y Pullaro coincidieron el sábado en el acto en San Lorenzo en el que el Presidente entregó el sable corvo de San Martín a los granaderos. Se saludaron respetuosamente y el Presidente apuntó contra el kirchnerismo.

En la prensa, los libertarios fueron más duros con el gobernador radical, que exigía que en la reforma laboral se incorporaran exenciones para las medianas empresas. Luis Caputo había cuestionado públicamente a Pullaro el viernes porque pretende que el ministro liquide los US$ 800 millones del crédito que el ministro de Economía le autorizó a fines del año pasado. “Perdió $ 120 mil millones en dos meses. Una lástima, y una especulación sin sentido, ya que sus gastos son en pesos y le hubiera ahorrado toda esa fortuna de plata a los santafesinos", escribió Caputo en X.

El gobernador evitó escalar la pelea en los medios. La diputada Romina Diez, la presidenta de LLA en la provincia y principal delegada de Karina Milei apuntó contra el mandatario santafesino. “Pullaro gasta millones en estructuras políticas y secretarías inútiles pero no puede pagarle a quienes ponen el cuerpo para cuidarnos", afirmó la legisladora violeta. En el ministerio de Seguridad señalan que el problema no es económico sino de conducción política.

La afirmación es temeraria si se tienen en cuenta los diferentes reclamos que hicieron sentir los uniformados de PFA, PSA, Prefectura, Gendarmería y FFAA, que exigen mejoras salariales. Bullrich escuchó personalmente el pedido de gendarmes en Salta y otorgó aumentos ante la presión creciente en 2025. En la gobernación de Buenos Aires también hubo el año pasado amenazas de movilizaciones policiales que no se concretaron. Aunque Axel Kicillof es el blanco preferido de la Rosada, con el recuerdo fresco de la movilización de la bonaerense en Puente 12 y en 2021 en la quinta de Olivos, también hubo preocupación en el gabinete.

La semana pasada el policía federal Miguel Montiel se esposó en las rejas de la Casa Rosada, con su arma reglamentaria -que finalmente terminó entregando- para denunciar por corrupción a los jefes de estación.

No todas son rispideces entre Pullaro y la Casa Rosada. La jefa de bloque de diputados y ex vicegobernadora de Santa Fe Gisela Scaglia fue terminante sobre la motivación de los policías que protestan. "La protesta es una defensa corporativa de los policías corruptos que este gobierno separó", dijo en diálogo con Radio Con Vos. Pese a las críticas al mandatario radical, en la Cartera de Seguridad concedieron que los sectores que fueron exonerados también presionan.