El año pasado, la Fuerza Aérea Argentina (FAA) compró un avión que ya se encontraba preparado y pintado antes de que el contrato se le adjudicara a la empresa, en tiempo récord y por encima de lo presupuestado y con muchas irregularidades. Y esa es una de varias compras de aviones que según detectó Clarín fueron adquiridas con la metodología.

La licitación pública en el Exterior 40/03-002-LPU25, para “la compra de una aeronave de transporte mediano”, se inició el martes 6 de mayo de 2025, por solicitud del comodoro Pedro Rolando Largel, ingeniero que se desempeñaba como jefe del departamento mantenimiento de material aéreo.

Primera rareza. Por su cargo y función Largel no está en posición de conocer la necesidad de incrementar la capacidad de transporte de la primera brigada aérea. Tampoco tiene el conocimiento suficiente para interpretar la necesidad de conectividad aérea del territorio nacional, porque no pertenece a Líneas Aéreas del Estado (LADE).

Sin embargo, esos fueron los argumentos utilizados por Largel ante el requerimiento formal de justificar la solicitud de adquisición de la aeronave.

De acuerdo con fuentes consultadas de la Fuerza Aérea, resulta extraño que no haya sido un jefe de flota o personal con experiencia operacional quien presentara la solicitud de compra de una aeronave, que vale millones de dólares: la interpretación de esta singularidad es que Largel recibió la orden de su jefe, el brigadier Francisco Edgardo Leguiza -quien ahora se desempeña como Comandante de Material de la FAA y Director de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA)-. En otras palabras, Leguiza convalidó los requerimientos técnicos que debía cumplir la aeronave, pero hizo firmar a Largel.

Las especificaciones técnicas de la licitación fueron previamente confeccionadas por Daniel Sergio Burlas; quien se desempeña como “Asesor Técnico Especializado” de la FAA. Burlas es un civil que fue incorporado por Leguiza a la FAA, bajo expresas instrucciones del entonces jefe del Estado Mayor, brigadier Xavier Julián Isaac.

Isaac y Burlas, a través del Marcelo Oscar Bagniole, un intermediario que maneja y arregla con un grupo de empresas aeronáuticas, negoció en 2022 la adquisición de seis aviones con sospechas de sobreprecios a la firma Regional One. En 2023 se compraron dos, y el del año pasado sería el tercero.

En tan solo una semana, el 13 de mayo de 2025, el brigadier Leguiza elevó todos los documentos y presupuesto al brigadier Álvaro José Daniele, Director General de Intendencia, quien gestiona la logística de material y contrataciones.

El presupuesto asignado fue de 3.9 millones de dólares, justo por debajo de los 4 millones que se pueden utilizar sin pedir autorización al ministerio de Defensa.

En el expediente no consta ningún documento, aclaración o texto que demuestre que se realizó un estudio de mercado o se hizo alguna gestión para saber cuál es el precio promedio en plaza de un avión de esas características.

En pocos días, el Comodoro Pedro Antonio Orgambide, Director General de Asuntos Jurídicos, le dio curso legal a la adquisición de la aeronave. En 2025, Orgambide sustituyó en el cargo a la Comodoro María Elena Rossi Lagos, quien a su vez había reemplazado a su esposo, el Comodoro Gustavo Horacio Krasñansky. Además de ocupar el mismo cargo sucesivamente, los tres responden a Isaac.

El Director General de Administración Financiera, brigadier Rubén Ángel Morado, controlaba el flujo de caja y la asignación real de partidas. Por ejemplo, podía triangularlas para, eventualmente, ocultar el déficit real de la inversión. De esta forma, evitaba solicitar ampliaciones presupuestarias que requieren mayor control parlamentario. Así, Morado garantizaba la disponibilidad de recursos y celeridad de los pagos en los contratos de material aéreo y transferencias al exterior.

En resumen, Leguiza generaba la “necesidad técnica”, Krasñansky (o sus sucesores) le otorgaban el marco de legalidad, Morado garantizaba disponibilidad de los recursos financieros y, por encima de ellos y en su carácter de director general de planes, programas y presupuesto, el brigadier Fabián Capellino lo validaba.

El 30 de mayo de 2025 se publicó la licitación en la página web de la Agregaduría Aeronáutica en los Estados Unidos y en la página web del sistema Compr.Ex. La fecha de cierre y apertura de ofertas se estipuló para el 13 de junio de 2025. Los potenciales oferentes sólo tuvieron dos semanas para presentar una propuesta.

El 4 de junio, Fenix Aviation Corp. solicitó una prórroga de al menos 15 días corridos, “en virtud de la complejidad técnica y logística que conlleva una licitación de esta magnitud”.

Un día después, la FAA emitió la circular aclaratoria n°2, en la que establecieron que según la definición de “aeronave” contenida en el Anexo IA, los únicos modelos que cumplían con los requisitos establecidos eran: ERJ-140LR, ERJ-145LR y ERJ-145XR.

Esta intervención fue utilizada para garantizar que los requisitos de las especificaciones técnicas solo los pudiera cumplir el proveedor que ofrecía la aeronave seleccionada previamente. “El correo electrónico del día anterior (de Fenix Aviation Corp.) los alertó de que otros podrían presentarse a la licitación”, reveló una fuente de Fuerza Aérea.

Aunque con la circular aclaratoria n°3 negaron cualquier tipo de prórroga, por otras desprolijidades en la confección, traducción y publicación de la licitación, cargaron mal la fecha de cierre y en lugar de fijarse para el 13, quedó publicada para el 16 de junio de 2025. Una prórroga involuntaria de 3 días.

Solo dos oferentes lograron presentar sus ofertas en tiempo y forma: Regional One Inc., que presentó su oferta seis días después de publicada la licitación, y Alpha y Aviation Group LLC que, si no fuese por la prórroga involuntaria, no se hubiese presentado, ya que su oferta la efectuó el 15 de junio.

“En una licitación de este tipo no se dan menos de 30 días hábiles. Este período es el mínimo necesario elaborar una oferta. No es viable realizar correctamente en ese tiempo todos los procesos de verificación técnica, recopilación documental y validación reglamentaria; excepto que hayan tenido información previa”, coincidieron varias compañías que licitan en el mundo aeronáutico y que pidieron expresamente no ser nombradas, por temor a que las dejaran de contratar.

El mismo día de la apertura de ofertas, el 16 de junio, se realizó la evaluación técnica y se desestimó a Alpha Aviation Corp. porque presentó un Embraer ERJ-145MP (MP significa “propósito militar”, en inglés), una versión especializada para misiones militares que, pese a tener un valor de 3.820.000 dólares no estaba listada entro los tres modelos taxativamente requeridos en el pliego.

Regional One Inc. ofreció un Embraer ERJ-140LR (LR significa “largo alcance”, en inglés); uno de los tres modelos solicitados en el pliego y que se ajustaba perfectamente a todos los requerimientos técnicos. Como si lo hubieran armado a medida.

Aunque su valor de 4.085.000 dólares, la Fuerza Aérea argumentó que la propuesta se adecuaba a las especificaciones técnicas y que por eso se justificaba la adecuación presupuestaria. Capellino aprobó el pago del excedente.

El 24 de junio de 2025, una comisión de la Fuerza Aérea Argentina se trasladó a la ciudad de Springfield, Missouri, Estados Unidos, con el objetivo de realizar la inspección técnica del Embraer ERJ-140LR propuesto por Regional One Inc.

Pero esa revisación reveló que a la aeronave propuesta por Regional One le faltaba equipamiento esencial, como la escalera de acceso, componentes y partes canibalizadas de otras unidades, con una gran acumulación de horas de vuelo (33.516 desde que salió de fábrica), un historial de uso severo y una capacidad de plazas inferior (4 asientos menos que el avión ofertado por Alpha Aviation Corp.).

Entre los hallazgos se detectó: óxido y corrosión en los frenos del lado izquierdo y en los pernos de las ruedas del tren de aterrizaje principal izquierdo; indicios de fuga de aceite en el motor de arranque del motor y en el actuador del alerón derecho; signos de manchas de combustible en el ala izquierda (posible fuga); ambos yugos de control (el equivalente al volante en un automóvil) presentan un desgaste excesivo; faltan los audífonos del copiloto y del observador en la cabina y el revestimiento del piso de la cabina presenta un desgaste excesivo; entre otras carencias.

Esta comitiva, como todas las que viajan a inspeccionar aeronaves, tienen un actor común: Burlas, quien viaja junto a un oficial técnico especializado. Según los testimonios que recogió Clarín, su trabajo y función principal es coaccionar al oficial técnico para direccionar el resultado a favor de la compañía con la que se arregló previamente.

Sin embargo, esta vez no fue necesario que Burlas coaccionara a nadie, porque la aeronave ya estaba pintada con el esquema de pintura de la Fuerza Aérea Argentina. Solo restaba colocarle el número en la matrícula. Según corroboró este diario, el avión estaba pintado desde 2023.

El 9 de julio de 2025, Alpha Aviation Corp. envió un correo electrónico en el que impugnaba el dictamen de evaluación. Fuerza Aérea le exigió que la empresa abone 180.000 dólares en concepto de “garantía de impugnación”. La compañía se negó a pagar aduciendo que, en ese contexto, implicaba coartar el acceso a un mecanismo legal de revisión y contralor, contrario a la Constitución Nacional y a los principios generales del derecho administrativo argentino.

Una fuente de la Fuerza Aérea, quien solicitó completa reserva por miedo a represalias, confirmó a Clarín que deliberadamente dejaron afuera documentos referentes a la impugnación de Alpha Aviation Corp. en el expediente electrónico del proceso. Y la orden vino de lo más alto de la jerarquía militar.

El precio de una aeronave usada está determinado por una combinación de factores técnicos, históricos y de mercado, donde el estado de mantenimiento y el historial de registros son los elementos más críticos. El valor base depende del modelo, año de fabricación y las horas totales de vuelo (tanto de la estructura como de los motores).

“Una misma aeronave no tiene valores muy disímiles. En el mercado aeronáutico se suelen manejar rangos de precios, que contemplan estas características”, explicó el dueño de una compañía. No obstante, esto lo conocen personas especializadas del sector y, si no es revisado por uno de ellos, es muy fácil no darse cuenta de sobreprecios o el estado real de un avión.

En agosto de 2025, un proveedor internacional le solicitó un presupuesto a Regional One por un avión de las mismas características que el adquirido por la Fuerza Aérea.

Si comparamos las dos aeronaves Embraer ERJ-140LR -la adquirida por la Fuerza Aérea y la presupuestada- tienen casi la mismas características -cantidad de horas de vuelo, más o menos el mismo tiempo para realizarle inspección mayor (un mantenimiento muy costoso), etc.

La única gran diferencia es que la ofertada a un particular, llave en mano, fue de 2.300.000 dólares y la adquirida por la Fuerza Aérea, con todos los problemas hallados en la inspección, 4.085.000 dólares. En otras palabras, pagaron 1.785.000 dólares más por un avión en peores condiciones.

Una cuenta bancaria escrow es una cuenta administrada por un tercero neutral (agente escrow) que retiene fondos y documentos hasta que se cumplan ciertas condiciones acordadas en un contrato. Se utiliza para proteger tanto al comprador, como al vendedor, en transacciones significativas como la compraventa de aeronaves.

Pero esta modalidad, diseñada para mitigar riesgos en compraventas internacionales, también puede ser instrumentada para facilitar la opacidad y el desvío de fondos, ya que solo las partes tienen acceso a los términos acordados en el contrato. Por este motivo resultó extraño que la Fuerza Aérea decidiera no pagarle directamente al proveedor, sino realizarlo a través de esta modalidad, que no permite ningún tipo de transparencia y dificulta la trazabilidad.

Clarín descubrió que una o varias de estas irregularidades estuvieron presentes en, por lo menos, la adquisición del Boeing 737-700, matrícula T-99, por unos 8 millones de dólares; Saab SF-340, matrícula T-34, por 2,1 millones, ambos en 2021; y de dos Embraer ERJ-140LR, matrículas T-95 y T-96, comprados en 2023 también a Regional One Inc., por 6,85 millones de dólares.