El fiscal Diego Luciani y su par, Sergio Mola, rechazaron este martes el pedido de prisión domiciliaria de Cristina Kirchner. Ahora será el Tribunal Oral 2 el que defina si podrá cumplir la condena en el departamento de San José 1111. Los fiscales rechazaron los argumentos de la defensa respecto a la edad de la ex vicepresidenta y además pidieron que el cumplimiento de la pena sea en una dependencia del Servicio Penitenciario Federal.

"Conceder la prisión domiciliaria es una potestad, no algo obligatorio. Es una excepción al cumplimiento de la pena privativa de libertad. Su concesión no debe ser admitida automáticamente por la mera circunstancia de que la persona condenada esté incluida en alguno de los supuestos que enumera la ley", señalaron los fiscales en el dictamen al que accedió Clarín.

Un día antes de que se cumpla el plazo de los cinco días impuestos por el juez Jorge Gorini, en calidad de presidente del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que realizó el juicio del caso Vialidad, se conoció el criterio del Ministerio Público Fiscal respecto a dónde debe cumplir la sentencia la ex vicepresidenta.

Después de conocerse el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme la sentencia condenatoria, el abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi, había solicitado el beneficio del arresto domiciliario.

El pedido se fundó en la edad de Cristina Kirchner, 72 años, junto a su rol de ex Jefa de Estado, sosteniendo que no corresponde que sea alojada en una cárcel común, teniendo -además- como antecedente el intento de homicidio que sufrió el 1 de septiembre de 2022.

En función de ese análisis la procedencia del reclamo de la ex vice, "deben decidirse sobre la base de un examen de razonabilidad en función de las circunstancias del caso concreto", algo que no se cumple para Luciani y Mola, no hay sustento jurídico suficiente.

Hay que establecer qué circunstancias –además de la edad– deben ponderarse para aplicar esta disposición excepcional al evaluar la modalidad de ejecución de la pena, entendieron los fiscales.

Sobre ese aspecto indicaron: "No se advierten razones humanitarias que justifiquen conceder una medida excepcional como lo es la prisión domiciliaria".

La privación de la libertad en un establecimiento carcelario, añadieron los fiscales, "no supone, por sí misma, un menoscabo de la vida o la integridad de Fernández".

Los requisitos expuestos por el abogado en el escrito que analizó el fiscal Luciani, incluyeron que se evite la aplicación de una tobillera electrónica, ya que los arrestos domiciliarios no pueden ser supervisados por ninguna fuerza federal. Para reforzar dicho pedido, se resaltó que como ex Presidenta Cristina cuenta con custodia permanente y por ello, se había planteado la posibilidad de que la misma se mantenga.

Ante el argumento de que Cristina Kirchner fue víctima de un intento de homicidio, los fiscales hicieron particular énfasis en el tema de la seguridad que aduce la defensa.

"Los presupuestos legales y de hecho no permiten inferir que la ejecución de la pena privativa de libertad deba realizarse en la modalidad de prisión domiciliaria", dijeron los fiscales y añadieron qu el Informe del Ministerio de Seguridad expone las alternativas adecuadas para garantizar la seguridad de Cristina Kirchner "durante el cumplimiento de la pena y para satisfacer sus necesidades".

Según el informe del Ministerio de Seguridad, la seguridad de la ex vicepresidenta "será preservada. Cabe destacar que tanto la División Custodia de la Policía Federal Argentina como el Servicio Penitenciario Federal dependen jerárquica y directamente del Ministerio de Seguridad".

Con ese argumento rechazado, se avanzó sobre el pedido de no utilizar en un eventual arresto domiciliario la tobillera electrónica.

La respuesta fue aún más contundente: "El argumento de la defensa acerca de que la colocación del dispositivo electrónico implica la “dilapidación de los escasos recursos con los que cuenta el Estado” es fútil e incoherente. Estos dispositivos se crearon para ahorrar recursos a las distintas Administraciones".

Otro punto central, es que para los representantes del Ministerio Público Fiscal indicaron que siempre "ha dictaminado que la pena privativa de libertad en la modalidad de prisión domiciliaria es una potestad de los jueces podrán a criterio del juez competente, cumplir la pena de reclusión o prisión en detención domiciliaria", sostiene el dictamen.

Luciani y Mola, indicaron que la defensa sólo adujo el tema de la edad de Cristina Kirchner para requerir el arresto domiciliario. De hecho, se cita un informe técnico en el que "la propia ex Presidenta señaló encontrarse en buen estado de salud".

Ante el planteo del fiscal Luciani, el presidente del TOF 2 -Jorge Gorini-, solicitará la opinión de la defensa sobre el criterio del Ministerio Público. Mientras tanto, Cristina Kirchner informó que se presentará en Comodoro Py el miércoles por la mañana, cuando se hará efectiva su detención.

El departamento donde Cristina Kirchner quiere quedar presa, es propiedad de Los Sauces SA, la inmobiliaria familiar investigada por lavado de dinero.

El 6 de mayo de 2015 se realizó un depósito en efectivo en la cuenta que Los Sauces tiene en el Banco Nación con sede en Río Gallegos, por 4 millones de pesos. El mismo día "egresó la suma de 3.959.000 pesos", señala la causa penal.

Según consta en la causa y en el informe pericial, este importe se utilizó para la compra de CEDINES (bonos soberanos emitidos para favorecer operaciones inmobiliarias en dólares) que finalmente, se usaron para la compra de la propiedad de la calle San José y Humberto Primo, donde vive ahora la ex vice.

La casa fue vendida por el director de cine y funcionario K Jorge Coscia, y según la escritura pública la operación se hizo por 370.000 dólares pagados con los CEDINES. La UIF indicó que se "desconoce cuál es el origen o actividad que generó dicho dinero". Y que la extracción se realizó "sin el comprobante que respalde la operación".

Cuando en 2019 se valuó el departamento de la calle Humberto Primo y San José, el precio fijado fue de 37.769.600 pesos. Ahora, la justicia federal pidió una nueva tasación sobre los bienes de la ex presidenta para avanzar en el decomiso de 85.000 millones de pesos ordenados en el caso Vialidad.

Producto de las investigación por lavado de dinero, la propiedad en la que pide cumplir el arresto domiciliario, se encuentra embargada y también el Tribunal que debe hacer el juicio de Hotesur - Los Sauces, pidió una tasación de todos los bienes.